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En la tarde de este 27 de febrero, una fiscal de la Seccional Tolima imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones a Mónica Fernanda Joven Urbano. La mujer fue capturada el pasado 26 de febrero durante un evento político en el que participaban la precandidata presidencial Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Los hechos se registraron en el parque José León Armero, en el municipio de Honda, donde se desarrollaba la actividad política. Tras la detención de Joven Urbano, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) señaló que ella es una de sus funcionarias, pero que para el momento del evento se encontraba de vacaciones.
Contexto: Capturan a mujer que estaba armada en evento de Paloma Valencia y Álvaro Uribe en Tolima
La Fiscalía General de la Nación indicó que, al momento de la captura, la Policía Nacional de Colombia le encontró en un bolso un arma de fuego y cinco cartuchos calibre 25 milímetros. La Fiscalía General de la Nación agregó que Joven Urbano manifestó ser funcionaria del Inpec con acceso a ese tipo de elementos. Sin embargo, no acreditó tener permiso de porte o tenencia.
Joven Urbano no aceptó los cargos, por lo que una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en lugar de domicilio, también llamado casa por cárcel, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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Luego de la captura de la mujer, el partido político Centro Democrático solicitó a las autoridades competentes “adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”. Asimismo, exigió al Gobierno garantías electorales y condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades políticas en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales.
Por su parte, el Inpec señaló que “la entidad no tiene relación, participación ni responsabilidad alguna frente a actividades de carácter político, ni avala comportamientos que contraríen la ley, los principios del servicio público o el régimen disciplinario vigente”. Estos hechos se registran en medio de la creciente preocupación por situaciones de violencia relacionadas con campañas políticas.
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