Cuatro años después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) empezara a investigar las alianzas entre fuerza pública y paramilitares en Medellín y Antioquia, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la justicia transicional llamó a 12 exintegrantes de la fuerza pública a reconocer responsabilidad por los crímenes cometidos en el marco de operaciones militares como la Operación Orión, desarrollada en octubre de 2002, y las desapariciones forzadas de civiles en el sitio conocido como La Escombrera.
Ocho de los exuniformados llamados a reconocer responsabilidad hicieron parte del Ejército y los otros cuatro estuvieron adscritos a la Policía Nacional. Entre los imputados está el general (r) Mario Montoya Uribe, quien fue el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia y estuvo al frente del desarrollo de la Operación Orión que, según datos de la Corporación Jurídica Libertad, dejó 576 detenciones arbitrarias, seis desaparecidos y 10 personas asesinadas que fueron señaladas como terroristas.
La imputación está relacionada con el subcaso Antioquia del caso 08 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. La investigación, que es liderada por el magistrado Gustavo Adolfo Salazar, da cuenta de las alianzas entre militares y policías para "expulsar de la Comuna 13 y zonas aledañas de Medellín al ‘enemigo común’, identificado como la guerrilla y sus milicias urbanas" en la capital antioqueña.
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"La Sala encontró que el patrón macrocriminal consistió en la inobservancia de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un ataque contra la población civil por parte de la fuerza pública en la Comuna 13 y en sectores aledaños de Medellín que, bajo una justificación contrainsurgente y mediante la actuación directa, conjunta, coordinada o articulada de miembros de unidades de la fuerza pública y de estos con estructuras paramilitares, implicó una reorganización de la hegemonía armada ilegal", dice el auto.
Asimismo, la investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala que allí se cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad bajo dos modalidades. Primero, la estigmatización de la población civil como supuestos colaboradores de las guerrillas de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). "Esta construcción del enemigo permitió que líderes y lideresas sociales, mujeres, jóvenes, comerciantes, estudiantes y habitantes en general fueran convertidos en objetivos de persecución, captura, desaparición forzada, homicidio, desplazamiento forzado", señala el documento.
La segunda política criminal está relacionada con las alianzas entre la Cuarta Brigada del Ejército y sus unidades tácticas (Gaula Militar Antioquia, el Batallón de Ingenieros Número 4 "General Pedro Nel Ospina" —BIOSP—, el Batallón de Infantería Número 32 "General Pedro Justo Berrío" —BIPEB—, la Regional de Inteligencia Militar Número 6 —RIME6—, así la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) y el Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT), con estructuras paramilitares, especialmente el Bloque Cacique Nutibara.
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"La Sala determinó que el objetivo de esta alianza, construida en el contexto de la lucha contrainsurgente que se libraba principalmente contra las milicias urbanas de las Farc, el Eln y los CAP que operaban en esta zona de Medellín, fue permitir que las estructuras armadas ilegales pertenecientes al Bloque Cacique Nutibara y otros grupos paramilitares pudieran consolidarse en la Comuna 13 e inmediaciones", se lee en el documento de 1.337 páginas.
La JEP imputó por su rol de mando al general (r) Mario Montoya Uribe, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército; al coronel (r) Jairo Bocanegra de la Torre, excomandante del BIOSP; al brigadier general (r) José Leonardo Gallego Castrillón, excomandante del MEVAL; y al coronel (r) Álvaro Botero Mejía, exsubcomandante operativo del MEVAL. "Su responsabilidad se fundamenta en haber permitido, tolerado o no impedido la comisión de los crímenes pese a ostentar posición de garante como superiores y comandantes de las respectivas unidades", dice la imputación.
Además, imputó al coronel (r) Juan Armando René Cadena Montenegro, al capitán (r) Carlos Mauricio Rojas Martínez, a los coroneles (r) Julián Ernesto Cadena Castillo y Darío Enrique Cortés Castillo, al mayor (r) Sergio Enrique Pérez García y al sargento (r) Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa como coautores en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes. Y al mayor (r) Jhon Jairo López Valencia, como coautor de los homicidios cometidos en la operación Contrafuego y como autor por omisión impropia por los homicidios, lesiones, privaciones de la libertad y desaparición forzada ocurridos en las operaciones Mariscal y Orión.
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La imputación también incluye una compulsa de copias contra el exalcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, para que se investigue penal y disciplinariamente si tuvo algún tipo de responsabilidad respecto a las lesiones personales y los homicidios de civiles durante la operación Mariscal; las lesiones, los homicidios y las desapariciones forzadas en la operación Orión; así como el manejo irregular de cuatro cuerpos de personas víctimas de desaparición forzada que fueron exhumados en agosto de 2003 en fosas halladas en el corregimiento de San Cristóbal e inhumados en el Jardín Cementerio Universal, sin que aún se sepa su ubicación exacta.
Los imputados tendrán que responder por su presunta responsabilidad en los crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura en persona protegida, violencia sexual y lesiones en persona protegida. Y los delitos de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población, actos inhumanos, privación grave de la libertad y persecución. Son, en total, 951 hechos criminales, que dejaron 891 víctimas: 87 desaparecidas, 80 personas asesinadas, 289 desplazadas forzosamente, 74 civiles heridos, 34 torturados, siete víctimas de violencia sexual y 380 de privaciones graves de la libertad.
Además, la decisión documenta a detalle los hallazgos en fosas comunes en la Comuna 13, puntualmente en los sitios conocidos como La Escombrera y la Arenera, donde fueron sepultados de forma clandestina los cuerpos de al menos 87 víctimas, entre 2001 y 2003. Según la JEP, se trató de un "mecanismo de control social, ocultamiento de las víctimas y generación de terror en la comunidad". Eso coincide con los hallazgos en estos lugares, que tienen medidas cautelares. En La Escombrera, las autoridades judiciales encontraron en diciembre de 2004 los restos de una persona desaparecida durante la Operación Orión, en octubre de 2002.
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