Tres militares fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber recibido dinero del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de revelar información reservada sobre operativos y ubicación de tropas del Ejército Nacional. Se trata del teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y de los sargentos segundos Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna.
Los tres uniformados, adscritos en su momento al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva Número 48 Prócer Manuel Rodríguez Torices, con sede en Bolívar, habrían hecho parte de una red señalada de obtener y suministrar datos sobre despliegues y acciones contra el grupo armado.
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Según la Fiscalía, la estructura delinquió entre enero de 2022 y febrero de 2025, con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias “La Tía”, condenada por estos hechos. La investigación señala que el 2 de enero de 2022, el entonces subteniente Bravo Olaya presuntamente recibió un millón de pesos, transferido por un militar retirado, para alertar sobre los desplazamientos de los uniformados a su cargo en Ayapel (Córdoba).
Sicacha López es señalado de haber aceptado una promesa remuneratoria a cambio de compartir detalles sobre las operaciones en las que participaba. Henao Luna, por su parte, estaría involucrado en la recepción de dinero a cambio de entregar datos privilegiados sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba. Esto habría ocurrido luego de que recibiera una llamada de un suboficial retirado, el 14 de abril de 2022.
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Los uniformados fueron capturados por personal del CTI de la Fiscalía y de la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento de Buenavista, en Distracción (La Guajira), y Yopal (Casanare). Por estos hechos, un fiscal de la delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.
Los cargos solo fueron aceptados por Sicacha López, quien deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Por otro lado, los otros dos procesados recibieron una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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Caso similar:
El pasado 22 de agosto, el coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, del Ejército Nacional, fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en reuniones con integrantes del Eln y disidencias de las Farc. El oficial habría entregado información reservada sobre operaciones militares y recibido dinero a cambio de favorecer a estructuras criminales.
Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Pérez Amorocho no aceptó los cargos. La investigación se remonta a 2020, cuando era comandante de un batallón en Arauquita (Arauca).
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Según la Fiscalía, en ese entonces habría recibido COP 15 millones para reducir la ofensiva contra el Frente de Guerra Oriental del Eln. Además, entre enero y mayo de 2026, cuando estaba al frente de una unidad élite con presencia en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, habría pactado pagos de COP 30 millones semanales para alertar a una estructura criminal sobre los movimientos de la Fuerza Pública.
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