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Esta semana iniciaron las audiencias de imputación de cargos contra tres policías, investigados por el presunto homicidio de cuatro personas en la noche de protestas del 9-S, originadas tras la muerte bajo custodia policial del abogado Javier Ordóñez. La diligencia contra el patrullero Jorge Andrés Lasso, investigado por la muerte de Angie Baquero en el CAI Aures, fue diferente a las llevadas a cabo ayer 18 de enero, pues fue la única que no se suspendió mientras el juez determina si el expediente va a la Justicia Penal Militar.
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El abogado Jaime Augusto Castillo, representante del patrullero, no eligió el mismo camino que sus colegas solicitaron en el caso de los policías Andrés Díaz Mercado y Jhon Antonio Gutiérrez, vinculados con dos muertes en el “9S”. Así las cosas, Jorge Andrés Lasso, de 31 años, fue imputado formalmente por la Fiscalía por el delito de homicidio. La hipótesis investigativa de la institución se basa un elemento material probatorio clave: el registro del proyectil que quedó incrustado en el cuerpo de Angie Paola Baquero, que le causó la muerte un día después de las protestas, en el noroccidente de Bogotá.
“En la necropsia se coteja el proyectil y se obtiene que las estrías del elemento tenían las mismas características individuales con los patrones de la pistola asignada al funcionario Jorge Lasso Valencia”, explicó la Fiscalía. Además, el ente investigador explicó que reunió testimonios del 9 de septiembre de 2020, entre los cuales se encuentra la pareja sentimental de Angie Paola Baquero, quien explicó que ambas entraron a la protesta e, incluso, habrían participado de arengas contra los uniformados.
Sin embargo, para la representante de víctimas Alejandra Garzón, quien también lleva el caso de Jáider Alexander Fonseca y de Andrés Felipe Rodríguez, quienes murieron cerca del CAI Verbenal, el norte de Bogotá, es una mentira creer que Angie Paola Baquero participó de las manifestaciones y que incluso intentó atacar a los policías del sector. “Por las entrevistas efectuadas a Cindy Tatiana -pareja de la víctima-, sí se manifiesta que había una turba, pero ellas salieron corriendo de allí porque la Policía estaba disparando. Ellas no fueron en contra de la Policía, eso carece de sustento”, explicó.
Además, la abogada de víctimas afirmó que en este caso debe ordenarse medida de aseguramiento contra Jorge Andrés Lasso. En contraposición, la Fiscalía no hizo tal solicitud al juez y se limitó a describir los hechos jurídicamente relevantes en el expediente por presunto abuso policial. Por otro lado, en la audiencia de imputación estuvo presente Nury Rujas, madre de Angie Paola Baquero, quien intervino con la voz entrecortada para exigir que “por favor haya justicia”.
La noche en que murió Angie Baquero
Angie Paola Baquero era guardia de seguridad de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. La mujer de 29 años murió en inmediaciones del CAI Aures, noroccidente de Bogotá, cuando fue impactada por una bala que le atravesó el abdomen, en medio de las manifestaciones que se presentaron contra los uniformados y la estructura policial del sector. Ella no hacía parte de la protesta del 9-S. De acuerdo con su pareja, salió a comprar algo de comer y allí un disparo, al parecer proveniente del arma de Lasso Valencia, le habría causado la muerte.
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“La bala le perforó los intestinos, ella se desangró internamente. Se desgonzó en el suelo y aunque el lugar estaba lleno de policías, ninguno la auxilió. Fue un señor en una moto que se la llevó hasta el Hospital de Suba, pero más tarde, fue trasladada al de Engativá, donde le hicieron una cirugía. Cuando yo llegué allá, ya le habían puesto más de 10 bolsas de sangre porque perdió mucha sangre, pero no se pudo hacer más”, le explicó a este diario Nury Rojas, madre de Angie Paola Baquero.
Angie Baquero hizo sus pasantías en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca) para graduarse en junio de 2020 de gestión documental en el SENA. De acuerdo con su madre, dada la emergencia por COVID-19 no pudo obtener el título y, por tanto, estaba adelantando tramites ante la institución. Su hermano, Brayan Baquero, aseguró que la respuesta de la Policía, en su momento, fue negativa. “Cuando fuimos a la clínica a despedir a mi hermana, fueron prepotentes y querían que respondiera preguntas e información personal en medio de ese momento de dolor que estábamos pasando”, le dijo a este diario.
Las audiencias paralelas
Ayer, 18 de enero, también inició la audiencia de imputación contra el policía Andrés Díaz Mercado, quien fue llevado ante la justicia penal por el presunto homicidio de Germán Smyth Puentes, ocurrida la misma noche en el CAI Rincón, en la localidad de Suba. De acuerdo con la defensa del uniformado, la muerte se habría dado en medio de un acto del servicio y no hubo -en su criterio- extralimitación por parte del miembro de la Policía. Incluso, la defensa expuso que el fallecimiento se dio en un contexto de disparos cruzados, que se dio para “repeler el ataque contra el CAI”. Su diligencia fue aplazada para el 28 de enero a las 9 a.m.
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Así mismo, en la audiencia paralela del policía Jhon Antonio Gutiérrez, la defensa del procesado expuso un conflicto de competencias, pues en su concepto el caso debería quedar en manos de la Justicia Penal Militar. De acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez sería responsable por la muerte de Jaider Alexander Fonseca, de 17 años, y de Andrés Felipe Rodríguez, de 23 años, quienes perdieron la vida en inmediaciones del CAI Verbenal, al norte de Bogotá. Fonseca era padre de un bebé de 1 año de edad.
Ante el recurso presentado por el abogado de Gutiérrez, la abogada Alejandra Garzón, representante de víctimas, respondió que se trata de un intento de entorpecimiento. “Diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dejado claro que las violaciones de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales deben ser competencia de la justicia ordinaria y no la militar. La Justicia Penal [Militar] es una vía excepcional. La justicia colombiana no puede pasar por alto la acción del uniformado Gutiérrez en vía pública”, dijo en la audiencia.
Una vez escuchadas las partes intervinientes, el juez decidió dar curso a la solicitud hecha por la defensa de Jhon Antonio Gutiérrez y suspendió la audiencia hasta el próximo jueves 21 de enero, a las 9:00 a.m. “El despacho carece de elementos materiales probatorios que permitan determinar si se está ante una situación en la que se desborda con la función o servicio de policía. De manera objetiva no es posible entrar a mirar por parte del despacho esa situación”, concluyó.