La Policía Nacional incautó un teléfono celular a Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, durante una requisa en las celdas de la Seccional de Carabineros en Bogotá, donde permanece recluida desde el pasado 20 de agosto. La noticia también fue confirmada por su abogado, Francisco Bernate.
De acuerdo con las autoridades, en medio de operativos de prevención y control se descubrieron tres dispositivos móviles que estaban ocultos en baños y habitaciones de las celdas, pese a que su uso está prohibido para personas privadas de la libertad. Uno de esos aparatos fue hallado en el espacio asignado a Barrera Rojas.
El hallazgo se produjo pocos días después de que la empresaria fuera trasladada desde la cárcel El Buen Pastor hasta las instalaciones de Carabineros, por decisión del Inpec. El traslado, que se realizó a las 11 de la mañana del 20 de agosto, fue confirmado por su abogado, Francisco Bernate, quien aseguró que la medida respondía a razones de seguridad y salud.
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Fuentes cercanas al proceso de Epa Colombia advirtieron a este diario que la reciente incautación del celular a Daneidy Barrera podría impactar de manera negativa su situación jurídica.
Según explicaron, el hallazgo de equipos prohibidos dentro de la guarnición de Carabineros constituye un reporte disciplinario que pesa en la valoración de beneficios como permisos de 72 horas o libertades anticipadas. “Ya existían antecedentes en el Buen Pastor, donde en al menos tres ocasiones se registraron episodios similares”, precisaron.
Agregaron que, más allá del registro en sí, el incidente podría abrir la discusión sobre la pertinencia de que la influenciadora permanezca en ese centro de reclusión especial. Las autoridades “podrían decir: ‘o sea, tenemos a esta chica acá en esta situación especial y miré lo que está haciendo, y podrían considerar trasladarla a otro establecimiento carcelario”, concluyeron.
¿Qué le pasó a Epa Colombia?
El pasado 27 de enero de este año, Daneidy Barrera Rojas fue condenada a cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación del transporte público. La sentencia está relacionada con los hechos de noviembre de 2019, cuando la influenciadora destruyó con un martillo parte de la estación Molinos de Transmilenio, en el sur de Bogotá, y posteriormente difundió el video en sus redes sociales.
Su abogado defensor, Francisco Bernate, señaló que la joven ha venido cumpliendo con varios de los compromisos fijados en el fallo. Entre ellos, destacó el pago de más de 57 millones de pesos como indemnización por los daños ocasionados, suma que fue distribuida entre Recaudo Bogotá S.A.S., representante del Distrito, y la aseguradora Chubb Seguros, encargada de cubrir los perjuicios materiales en la estación.
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En el marco del proceso de reparación, la primera audiencia se llevó a cabo el 13 de mayo, ocasión en la que las víctimas presentaron sus pretensiones económicas. Tras esa diligencia, la jueza del caso fijó para el 19 de septiembre la audiencia de conciliación, en la que se buscará un acuerdo definitivo con la empresa Transmilenio.
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