Por denuncias de supuestas irregularidades en contratos con la Unidad para las Víctimas, la Procuraduría avanza en una indagación previa para determinar qué ocurre en esa entidad. Según las primeras versiones, el caso tendría relación con vulneración de derechos laborales.
Concretamente, lo que busca el Ministerio Público es determinar si hay responsables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en las posibles irregularidades en la contratación pública. Todo, en el marco de un contrato suscrito por esa entidad con una empresa especializada en externalizar procesos de negocio.
Según el ente de control, aparentemente, “se estarían presentando hechos presuntamente irregulares en el manejo de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales”.
La queja que dio paso a estas primeras averiguaciones fue recibida el año pasado y allí se mencionó, dentro de otras cosas, la presunta toma de decisiones administrativas y contractuales como la “sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico, sin evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito documentados”.
Asimismo, se han mencionado presuntas “desmejoras deliberadas de las condiciones salariales en el marco del mencionado bilateral”. Por eso, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública ordenó la práctica de pruebas relacionadas con el mencionado contrato, con el fin de “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de indagación”.
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