La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del año 2025. El capítulo sobre Colombia es crítico y advierte denuncias de asesinatos, atentados y amenazas contra periodistas, especialmente contra quienes ejercen en zonas de conflicto armado y sitios con violencia de género.
Según explica el informe, un estudio reciente aplicado en 34 municipios del país muestra que “el 24 % de los medios recibió amenazas para suspender coberturas y el 35 % evitó publicar información por seguridad”. Asimismo, los testimonios reflejan un clima de silencio impuesto por grupos armados sobre asuntos de economías ilegales y orden público, lo que “ha consolidado la autocensura como mecanismo de autoprotección entre periodistas locales”.
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Amenazas y asesinatos a periodistas
Uno de los casos más graves que expone el informe de la CIDH sobre crímenes contra periodistas es el del asesinato de Óscar Gómez Agudelo, en Armenia (Quindío). El 24 de enero de 2024, el comunicador fue atacado por un sujeto armado mientras se dirigía a la emisora Rumba del Café 92.1 FM, donde conducía el programa “La Comunidad por la Comunidad”. Al respecto, la Relatoría Especial indicó que recibió información sobre “un aumento del temor entre periodistas locales, con posibles efectos de autocensura”.
En el transcurso del año 2025, también se registraron los asesinatos de Diomedes Farid Manrique, locutor de Olímpica Stereo y Frontera Estéreo en Maicao (La Guajira), y de la periodista María Victoria Correa Ramírez en Envigado (Antioquia). En este último caso, una persona ya fue condenada tras haber aceptado su responsabilidad como autor intelectual. Sin embargo, el informe detalla que, hasta la fecha, no se ha establecido si sus muertes están vinculadas con el ejercicio de sus labores periodísticas.
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La Comisión también relató que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha advertido que la violencia contra la prensa se extiende a varias regiones del país, con efectos particularmente graves sobre periodistas y emisoras que operan en zonas afectadas por el conflicto armado. Según la organización, algunos grupos presionan a reporteros por medio de WhatsApp, Telegram y otras redes sociales, obligándolos a difundir contenidos.
El informe señala que también han advertido la existencia de perfiles en Facebook usados para amenazar a periodistas, “sin que la Fiscalía General de la Nación ni la Policía Nacional hayan adoptado medidas efectivas para investigar o prevenir estos hechos”. La CIDH mencionó su preocupación por el caso del periodista Edward Fabián Álvarez Rivera, de La Chiva de Urabá, quien desde febrero de 2025 habría recibido amenazas de muerte en redes sociales.
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“Un presunto comandante del Ejército de Liberación Nacional (Eln), alias ‘El Tigre’, le exigió eliminar dos publicaciones. Por estas amenazas, el periodista habría tenido que abandonar la subregión del Urabá antioqueño”, explicó la Comisión en su informe.
La CIDH y su Relatoría Especial sostienen que la violencia contra periodistas busca restringir o impedir investigaciones sobre abusos o irregularidades cometidos por funcionarios, grupos armados o particulares y que “sirve como un mecanismo de intimidación para silenciar a la prensa e impedir que la sociedad sea informada sobre acontecimientos de interés público”.
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Los comentarios del Ejecutivo
La Relatoría Especial señaló que la violencia no solo ocurre en el marco del conflicto armado: “Se han registrado reportes de que personas funcionarias públicas, principalmente el Presidente de la República, han calificado a ciertos medios y periodistas como ‘desinformadores’, ‘mentirosos’, ‘criminales’, ‘vagabundos’, ‘cooptados’, ‘de oposición’ u ‘oligárquicos’, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias, incluidas medidas que podrían derivar en censura”.
El informe también observa que las periodistas mujeres siguen siendo blanco de agresiones en entornos digitales, lo que, según explicó, pone en riesgo su seguridad e integridad, lo que deriva en un “evidente componente de violencia de género”. La CIDH usó como ejemplo hechos ocurridos el 29 de julio de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro calificó a la periodista Diana Saray Giraldo como “criminal” o las referencias a las mujeres periodistas como “muñecas de la mafia”.
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La Comisión también mencionó la investigación sobre los archivos de alias “Calarcá”, presentada por Noticias Caracol el 23 de noviembre de 2025, en la que denunció presuntos vínculos entre jefes de las disidencias de las Farc y altos funcionarios del Estado. La CIDH recordó que el jefe de Estado cuestionó la labor del medio, calificándola de “falsa” y de contener varios “errores”. El presidente también afirmó que el medio “miente” y “construye fetiches para la venta de mercancías políticas”.
La Relatoría Especial señala que el presidente Petro cuestionó el origen de la información y afirmó que “torturar” o “manipular” a una persona para obtener resultados periodísticos no puede considerarse una fuente de información. Además, señaló al periodista Ricardo Calderón, líder de la investigación, de no contrastar sus fuentes y de “construir falsedades con el fin de debilitar el proyecto político del gobierno y fortalecer” el de la oposición. Para la CIDH, se trata de señalamientos graves y reprochables.
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Procesos judiciales en contra de periodistas
La CIDH registró también la apertura de procesos judiciales contra periodistas que investigan asuntos de interés público, “como presuntos casos de corrupción, con el aparente propósito de intimidar y obstaculizar su labor informativa”. Por ejemplo, la Comisión mencionó el caso de los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, fundadores del medio digital Amigos de Paipa, quienes denunciaron una campaña de acoso promovida por funcionarios de la alcaldía de Paipa (Boyacá).
“Según reportes públicos, el alcalde presentó una acción de tutela en su contra y promovió otras presiones, incluidas audiencias judiciales, multas y órdenes de arresto. Durante el proceso, los comunicadores fueron públicamente estigmatizados y acusados de generar ‘zozobra y terror’ en la comunidad”, explicó la CIDH. Asimismo, señaló que el uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores constituye un “medio indirecto de censura”.
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La lucha contra la discriminación y la exclusión
En cuanto a la libertad de expresión y la lucha contra la discriminación, la Relatoría Especial recibió reportes de agresiones contra mujeres periodistas y contra quienes participan en la vida política y pública del país. Entre los casos, se destacó la denuncia interpuesta por el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra seis congresistas por presuntos delitos de injuria y calumnia, tras los señalamientos en su contra por posible violencia de género.
Por su parte, la FLIP continuó alertando sobre un patrón de ataques dirigidos a mujeres periodistas, especialmente en entornos digitales, con el objetivo de silenciarlas. En este contexto, la CIDH destacó que la Corte Constitucional reconoció que los discursos constitutivos de violencia de género no están amparados por la libertad de expresión, “aunque las y los servidores públicos deben tolerar mayor crítica sobre su gestión”.
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“Esta Oficina ha señalado que las prácticas discriminatorias afectan de manera especialmente grave a las mujeres que ejercen activamente la libertad de expresión y tienen un alto perfil público, como periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Estos grupos de mujeres son doblemente atacados por ejercer la libertad de expresión y por su género”, concluyó la CIDH en su informe.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
