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La Fiscalía General de la Nación archivó una investigación contra la exalcaldesa de Bogotá y ahora candidata presidencial, Claudia López. La política era señalada por presunta corrupción y pago de coimas en la construcción del Metro de Bogotá, así como por la supuesta financiación ilegal de la campaña política de su esposa y senadora del Partido Verde, Angélica Lozano.
La investigación tuvo su origen en las escuchas telefónicas que la Fiscalía ordenó en 2022 a las comunicaciones de José Joaquín Silva Ardila, exfuncionario del Ministerio de Transporte. En ellas, se le escucha hablar sobre sus conversaciones con un ciudadano chino, en las que supuestamente habría hechos de corrupción en la construcción del Metro de Bogotá.
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En las conversaciones se mencionó el pago de coimas por más de COP 12.000 millones, así como el supuesto financiamiento de la campaña de Angélica Lozano: “La plata se está moviendo de una manera impresionante (...) Pues yo no sé, pero eso (es) para ese Partido Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado”.
Luego de que se diera apertura a la investigación en contra de la política, su defensa solicitó el archivo del expediente al señalar que nunca existieron coimas ni actos irregulares. Además, sostuvo que las acusaciones afectaron el buen nombre y la honra de Claudia López y que se trató de un plan premeditado contra ella y su esposa, Angélica Lozano.
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Dentro de las pesquisas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que revisó pruebas en contra de las políticas, concluyó que, luego de revisar las interceptaciones a las comunicaciones de José Joaquín Silva Ardila, no existían elementos que confirmaran pagos indebidos ni la participación de Claudia López en hechos de corrupción. El ente investigador señaló que la orden de archivo se mantendrá hasta que, “eventualmente, surjan nuevos elementos probatorios”.
Tras conocerse la decisión, la candidata presidencial se pronunció: “La verdad tarda, pero llega y es innegociable; lo que es inaceptable es que se sigan reproduciendo mentiras incluso después de haber sido desmentidas en sede judicial, con un evidente propósito político de difamación”.
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Asimismo, concluyó: “Este cierre jurídico es una victoria contra la desinformación y un recordatorio de que la justicia debe prevalecer sobre la generación de titulares y supuestas noticias basadas en mentiras para destruir reputaciones con propósitos políticos. Vicky Dávila fracasó como periodista y fracasó como candidata”.
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