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Víctimas de explosivos y minas, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y aumento del reclutamiento infantil. Esas son algunas de las alertas que documentaron las organizaciones de Derechos Humanos en Colombia en su informe anual que en esta versión recoge las deudas en control territorial, seguridad y protección de las comunidades durante el último año del gobierno del expresidente Gustavo Petro.
El informe, además, lanza una nueva alerta al gobierno actual, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, sobre la necesidad de defender los derechos humanos y evitar un retroceso en esa materia, así como en la paz y la democracia. El documento fue elaborado por tres organizaciones de derechos: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
En su capítulo sobre seguridad y paz, las organizaciones retomaron el balance crítico de la política de paz total del expresidente Gustavo Petro a raíz de la reconfiguración y expansión armada. «Si bien la política de Paz Total volvió a poner la salida negociada en el centro, no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad», señala el informe.
Las cifras recogidas por las organizaciones sociales soportan la premisa. Entre diciembre de 2022 y julio de 2026, los integrantes de grupos armados ilegales crecieron un 90 %, pasando de 15.120 a 28.802 miembros. Grupos criminales como el Clan del Golfo expandieron su control un 152 %, alcanzando 429 municipios, mientras que las disidencias de las Farc crecieron un 109 %, con presencia en 376 municipios.
Por su parte, el Eln creció un 22 % y los grupos como la Segunda Marquetalia crecieron un 108 %. El informe señala que esa expansión tuvo un costo humano en víctimas de explosivos y minas, asesinatos de líderes sociales, aumento de desplazamiento forzado y reclutamiento. Entre enero y agosto de 2025, los civiles afectados por explosivos aumentaron en 145 % con 544 víctimas.
Sobre el asesinato de líderes sociales, aunque las agresiones totales cayeron un 12% frente al gobierno anterior (3.115 casos), los casos de homicidios se mantuvieron con 618 casos y las desapariciones forzadas aumentaron un 34% (78 casos). El desplazamiento forzado se consolidó como una crisis humanitaria. Más de 120.000 personas fueron desplazadas en 2025. La expansión de los grupos criminales disparó el reclutamiento.
Frente a esta situación, las plataformas enfatizaron que el estancamiento de la paz total no debe ser excusa para retornar a recetas militaristas, sino una exigencia para consolidar la transformación territorial y el desmonte de las estructuras paramilitares.
«Las plataformas expresan su profunda preocupación ante el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, advirtiendo sobre el riesgo de retrocesos en las conquistas sociales e institucionales del cuatrienio saliente. El informe alerta que los anuncios de recortes al gasto social, la reactivación de un enfoque puramente militarista de la seguridad y el cuestionamiento a las agendas de equidad amenazan el principio de no regresividad de los derechos humanos», señalaron.
En ese escenario, el llamado de las organizaciones sociales es para que el nuevo gobierno evite que el viraje político afecte a las comunidades más vulnerables.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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