Inhabilitan por 12 años a excongresista Eduardo Pulgar por intento de soborno
Eduardo Pulgar, quien está condenado a cuatro años de prisión, fue inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos durante 12 años. En 2017, le ofreció “200 barras” a un juez de Usiacurí (Atlántico).
El exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar Daza, no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos 12 años. Así lo decidió en primera instancia la Procuraduría, luego de finalizar el juicio disciplinario en contra del político que permanece privado de su libertad desde 2020. El Ministerio Público lo encontró responsable por el cargo de cohecho (soborno), pues como él mismo lo confesó en la justicia penal, fue responsable por intentar torcer a un juez para darle la mano a un aliado político.
En contexto: Corte Suprema condena a exsenador Eduardo Pulgar a cuatro años de prisión
La Procuraduría relató los antecedentes del caso. Todo inició con la designación del órgano directivo para el periodo 2016-2017 de la Unimetro, centro educativo de la fundación Acosta Bendeck. Los nombramientos lograron un conflicto entre dos grupos de una familia heredera, las cuales se estaban disputando el control del centro educativo. En uno de los bandos estaba Luis Fernando Acosta Osío, quien había apoyado la campaña de Pulgar al Congreso y quien en junio de 2016 fue retirado de la junta directiva de la Unimetro, por orden de Ivon Acosta Acero.
Tal era la problemática entre ambos bandos que cada uno por su cuenta intentó registrar un rector diferente, de acuerdo con su conveniencia. Carlos Jaller, un antiguo rector que fue retirado en medio de la marea alta, denunció los hechos y solicitó una audiencia de restablecimiento de derechos, buscando suspender las actas con las cuales fue removido de su cargo. El caso cayó en las manos del juez Andrés Rodríguez Cáez. Entonces, Pulgar buscó la forma de torcerlo.
Antecedentes: Exsenador Eduardo Pulgar, condenado por intento de soborno, va a reclusión militar
“El entonces senador Pulgar Daza, por medio del alcalde de Usuacurí, Ronald Padilla, logró que el juez Rodríguez Cáez aceptara reunirse con él en su lugar de residencia en Barranquilla. En la mencionada reunión, Pulgar Daza inició la conversación informando al juez el contexto del conflicto entre los herederos de la fundación Acosta Bendeck que antecedía a las audiencias. Mencionó el asunto de la Unimetro y le solicito ayuda con dicho tema, lo que denominó sería ‘un negocio’”, explicó la Procuraduría.
El ofrecimiento consistió en que el juez Rodríguez Cáez debería actuar en sus diligencias a favor de los patrocinadores políticos del entonces congresista y a cambio tendría una prebenda económica. “200 barras”, como quedó registrado en una grabadora que el juez llevó a la reunión, audios que reveló a medios de comunicación tres años después. El togado rechazó la oferta económica, pero Pulgar Daza le insistió. Su interés radicaba, según consideró la Procuraduría, en que Acosta Osío representaba una alianza en términos de dinero, puestos y votos.
Lea también: Con tutela, Eduardo Pulgar frena su traslado de reclusión militar a La Picota
Los audios que recolectó Rodríguez Cáez fueron parte de las pruebas recolectadas por la Procuraduría. Pulgar Daza, en sus descargos, señaló que no había forma de probar que era su voz y cuestionó al juez por no denunciar los hechos de inmediato, sino tres años después. Asimismo, el excongresista llegó a decir que el material fue manipulado e implantado. Sin embargo, en la justicia penal negoció un preacuerdo en el cual aceptó su responsabilidad por intentar torcer a Rodríguez Cáez. La Corte Suprema de Justicia lo condenó el 25 de junio del año pasado a cuatro años de prisión.
“Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias (...) que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”, señaló el alto tribunal en la sentencia conocida por este diario.
Lea también: Pulgar “alardeaba” de ser senador para traficar influencias: Consejo de Estado
Pulgar Daza, quien estaba recluido en La Picota, logró meses después de su sentencia ser trasladado al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad EJEMA de Malambo (Atlántico). Se trata de un centro de reclusión para miembros de la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Ingenieros Número 2 del Ejército. Recientemente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó su regreso a La Picota, pero su esposa, a través de una acción de tutela, logró frenar esa decisión el pasado 8 de marzo.
“Además de la Resolución N. 001497 (la orden de traslado a La Picota), cualquier otro acto o actuación que, por parte del Inpec, busque sacarlo del entorno familiar y de su arraigo con la ciudad de Barranquilla, trasgrede el orden Constitucional, por lo que esta acción va dirigida a evitar precisamente que con ningún otro acto o actuación se vulneren los derechos fundamentales de la familia y en especial de la hija menor del recluso”, se lee en la tutela de la esposa de Pulgar conocida por El Espectador.
Lea también: Los nuevos detalles de la investigación por supuesto fraude en la Unimetro
Así las cosas, Eduardo Pulgar quedó derrotado en ante todos los jueces que conocieron de sus artimañas para favorecer a Acosta Osío. A mediados del año pasado fue condenado a prisión por los delitos de cohecho (soborno) y tráfico de influencias. En septiembre de 2021, el Consejo de Estado lo despojó de su investidura de congresista, en un trámite que fue decidido en primera instancia. Ahora, en el ámbito disciplinario, la Procuraduría lo inhabilita por 12 años para ejercer cualquier cargo público.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar Daza, no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos 12 años. Así lo decidió en primera instancia la Procuraduría, luego de finalizar el juicio disciplinario en contra del político que permanece privado de su libertad desde 2020. El Ministerio Público lo encontró responsable por el cargo de cohecho (soborno), pues como él mismo lo confesó en la justicia penal, fue responsable por intentar torcer a un juez para darle la mano a un aliado político.
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La Procuraduría relató los antecedentes del caso. Todo inició con la designación del órgano directivo para el periodo 2016-2017 de la Unimetro, centro educativo de la fundación Acosta Bendeck. Los nombramientos lograron un conflicto entre dos grupos de una familia heredera, las cuales se estaban disputando el control del centro educativo. En uno de los bandos estaba Luis Fernando Acosta Osío, quien había apoyado la campaña de Pulgar al Congreso y quien en junio de 2016 fue retirado de la junta directiva de la Unimetro, por orden de Ivon Acosta Acero.
Tal era la problemática entre ambos bandos que cada uno por su cuenta intentó registrar un rector diferente, de acuerdo con su conveniencia. Carlos Jaller, un antiguo rector que fue retirado en medio de la marea alta, denunció los hechos y solicitó una audiencia de restablecimiento de derechos, buscando suspender las actas con las cuales fue removido de su cargo. El caso cayó en las manos del juez Andrés Rodríguez Cáez. Entonces, Pulgar buscó la forma de torcerlo.
Antecedentes: Exsenador Eduardo Pulgar, condenado por intento de soborno, va a reclusión militar
“El entonces senador Pulgar Daza, por medio del alcalde de Usuacurí, Ronald Padilla, logró que el juez Rodríguez Cáez aceptara reunirse con él en su lugar de residencia en Barranquilla. En la mencionada reunión, Pulgar Daza inició la conversación informando al juez el contexto del conflicto entre los herederos de la fundación Acosta Bendeck que antecedía a las audiencias. Mencionó el asunto de la Unimetro y le solicito ayuda con dicho tema, lo que denominó sería ‘un negocio’”, explicó la Procuraduría.
El ofrecimiento consistió en que el juez Rodríguez Cáez debería actuar en sus diligencias a favor de los patrocinadores políticos del entonces congresista y a cambio tendría una prebenda económica. “200 barras”, como quedó registrado en una grabadora que el juez llevó a la reunión, audios que reveló a medios de comunicación tres años después. El togado rechazó la oferta económica, pero Pulgar Daza le insistió. Su interés radicaba, según consideró la Procuraduría, en que Acosta Osío representaba una alianza en términos de dinero, puestos y votos.
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Los audios que recolectó Rodríguez Cáez fueron parte de las pruebas recolectadas por la Procuraduría. Pulgar Daza, en sus descargos, señaló que no había forma de probar que era su voz y cuestionó al juez por no denunciar los hechos de inmediato, sino tres años después. Asimismo, el excongresista llegó a decir que el material fue manipulado e implantado. Sin embargo, en la justicia penal negoció un preacuerdo en el cual aceptó su responsabilidad por intentar torcer a Rodríguez Cáez. La Corte Suprema de Justicia lo condenó el 25 de junio del año pasado a cuatro años de prisión.
“Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias (...) que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”, señaló el alto tribunal en la sentencia conocida por este diario.
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Pulgar Daza, quien estaba recluido en La Picota, logró meses después de su sentencia ser trasladado al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad EJEMA de Malambo (Atlántico). Se trata de un centro de reclusión para miembros de la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Ingenieros Número 2 del Ejército. Recientemente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó su regreso a La Picota, pero su esposa, a través de una acción de tutela, logró frenar esa decisión el pasado 8 de marzo.
“Además de la Resolución N. 001497 (la orden de traslado a La Picota), cualquier otro acto o actuación que, por parte del Inpec, busque sacarlo del entorno familiar y de su arraigo con la ciudad de Barranquilla, trasgrede el orden Constitucional, por lo que esta acción va dirigida a evitar precisamente que con ningún otro acto o actuación se vulneren los derechos fundamentales de la familia y en especial de la hija menor del recluso”, se lee en la tutela de la esposa de Pulgar conocida por El Espectador.
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