22 Apr 2021 - 11:51 p. m.

Inpec no podrá reducir seguridad de Juan Monsalve, testigo contra Alvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia ordenó que Juan Guillermo Monsalve siga recluido en la casa fiscal de La Picota. Hace unos días el director del Inpec pidió su traslado por “motivos de seguridad”.

Juan Guillermo Monsalve seguirá pagando su condena de 40 años de prisión en la casa fiscal de la cárcel La Picota, en Bogotá. Así lo confirmó el magistrado Cesar Augusto Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, respondiendo a una solicitud del director del Inpec, general Mariano Botero. Monsalve es uno de los testigos estrella en el expediente penal del expresidente Álvaro Uribe, quien es investigado por posible fraude procesal y soborno en actuación penal.

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“No se autoriza al Inpec el traslado solicitado del interno Juan Guillermo Monsalve y en cambio se reiteran las medidas especiales de seguridad, siendo de carga del establecimiento carcelario mantenerlas y extremarlas, para garantizar una efectiva e idónea seguridad y protección del interno Monsalve Pineda”, fue la disposición del magistrado Reyes.

El mayor general Mariano Botero Coy, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), allegó esa solicitud el pasado 13 de abril al despacho del magistrado Reyes. En medio de la preclusión solicitada por el fiscal Gabriel Jaimes, a favor del expresidente Álvaro Uribe, la máxima autoridad penitenciaria de Colombia pidió cambiar de reclusión a Monsalve, quien vive en la casa fiscal de la cárcel La Picota, un lugar designado para el director del penal, no para internos.

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De acuerdo con el general Botero, en esa casa fiscal no se cumplirían las garantías de custodia y vigilancia. “De manera respetuosa me permito solicitar se estudie la posibilidad de reconsiderar la orden de permanencia en la casa fiscal, teniendo en cuenta que este no es un lugar destinado para la reclusión de personas privadas de la libertad, no es un pabellón de seguridad ni hace parte del mismo”, le explicó Botero Coy a la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, esos argumentos no fueron suficientes para que el magistrado Reyes Medina cambiara de parecer. Y no solo eso, el togado ordenó se le reiteraran las medidas especiales de seguridad, a quien está condenado como integrante del grupo armado Los Rastrojos, por el delito de secuestro extorsivo. A pesar del historial criminal con el que cuenta Monsalve, ha sido crucial en el expediente penal de Uribe, pues desde 2012 ha sostenido que el exmandatario habría gestado el Bloque Metro de las Autodefensas.

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Mientras el fiscal delegado Gabriel Jaimes, quien ha tenido a su cargo la investigación de Uribe Vélez, tras su renuncia al Congreso el 18 de agosto pasado, considera que no hay pruebas para investigarlo por supuesta manipulación de testigos, Monsalve ha reiterado que el procesado le envió emisarios para que cambiara su versión. Entre ellos, supuestamente, el abogado Diego Cadena. El testigo tendría información de primera mano sobre la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, pues su padre fue un antiguo mayordomo del lugar. Allí, dice Monsalve, el Bloque Metro se reunía.

Sin embargo, el expresidente Álvaro Uribe sigue firme en decir que Monsalve miente y que, ha sido Iván Cepeda, quien ofreció prebendas a testigos, para que declararan en contra suya. Desde que Uribe renunció al Congreso, el expediente ha pasado por diferentes jueces de la justicia ordinaria. Hoy está libre, imputado por dos delitos y esperando a que Gabriel Jaimes explique ante la justicia por qué, en su concepto, la investigación contra el líder del Centro Democrático debe archivarse.

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Lo último que se sabe es que Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve, y el periodista Gonzalo Guillén esperan a que el Tribunal Superior de Bogotá los reconozca como víctimas dentro del expediente, pues tanto la Fiscalía como la defensa de Uribe y la Procuraduría se negaron a acreditarlos ante la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz. De hecho, será esa funcionaria judicial quien decida si el caso debe precluir o si, por el contrario, la Fiscalía está obligada a seguir investigando a Uribe Vélez.

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