La misión que la Superintendencia Nacional de Salud le asignó a ocho interventores de Savia Salud y EPS SOS fue directa: mejorar las condiciones del servicio para los pacientes, así como la sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de salud. Sin embargo, la crisis empeoró, y fue evidente. Tras una inspección, la Procuraduría General de la Nación encontró que los objetivos no se cumplieron, sino que aumentaron las peticiones, quejas, reclamos y tutelas que los usuarios interpusieron por la pésima gestión principalmente en dos servicios clave: la asignación oportuna de consultas médicas y la entrega de medicamentos. El Ministerio Público abrió investigaciones disciplinarias por estos hechos.
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El 16 de junio de 2023 y el 10 de abril de 2024, la Superintendencia decidió intervenir forzosamente las EPS Savia Salud y SOS, respectivamente. Para ello, asignó a través de diferentes periodos de tiempo a cuatro interventores para cada entidad con la finalidad de disminuir la cantidad de PQRS que llegaban a diario a estas EPS, así como mejorar el flujo de recursos. Pero el trabajo no resultó como se esperaba. Para el caso de Savia Salud, justo después de su intervención, se evidenció que entre 2023 y 2024, el número de PQRS aumentó en un 7%. La tendencia más alta se registró en 2025. Para ese año, los usuarios interpusieron 93.454 peticiones y quejas, 24% más que en 2024 y 33% más que en 2023.
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La tendencia creciente fue evidente después de su intervención. Se pasó de un promedio mensual de 5.836 a 7.787 quejas, peticiones y reclamos. La Procuraduría notificó en su informe los principales motivos de las PQRS y el primer lugar fue para la falta de oportunidad de citas o consultas médicas con 23.954 quejas, lo que representó un crecimiento del 308% entre 2023 y 2024. Le sigue la negación de citas con 17.212 quejas; la negación para la entrega de tecnologías en salud con 17.174; falta de oportunidad en la atención con 9.535; y la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos con 5.458. Con esos altos registros, para el Ministerio Público fue suficiente y determinó una mala gestión.
A eso se le suman las tutelas. Entre 2023 y 2025, el incremento de recursos interpuestos por los usuarios aumentó en un 18%, más de 20.000 tutelas se radicaron al año. Los motivos se repiten: demora en asignación de citas con 12.358 tutelas; no programación de citas con 12.287; demora entrega de medicamentos con 5.366; falta de entrega con 4.957; y la demora realización procedimientos con 4.125. En ese contexto, la Procuraduría evidenció “la interposición de barreras que representan nuevos riesgos asociados a la detección tardía de eventos evitables o enfermedades prevenibles (...) Además, se encuentran las causales asociadas a la demora en la dispensación de medicamentos que se suma a esos efectos negativos que asume el afiliado al no recibirlos como parte de su tratamiento”.
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“Los afiliados a Savia salud se encuentran expuestos a un riesgo vital al no recibir de manera oportuna, continua y con integralidad los servicios de salud se exponen al deterioro de sus condiciones de salud y complicaciones en sus patologías, con transgresión sistemática de sus derechos fundamentales”, dijo la Procuraduría en su informe. Y agregó: “La situación financiera y de acceso a los servicios de salud de los afiliados a Savia salud se ha deteriorado seriamente desde la implementación de la medida de toma de posesión – intervención forzosa administrativa para administrar, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud”. En ese misma línea fueron los hallazgos en la EPS SOS.
Esa entidad prestadora de salud fue intervenida el 10 de abril de 2024, pero el número de peticiones, quejas y reclamos aumentó en un 20.2% y, para la vigencia 2025 en un 71.5%. Similar fue el panorama de tutelas. Se evidenció un incremento durante la intervención y aumentó el riesgo jurídico para la entidad promotora de salud, al pasar de 533,8 acciones por mes en 2023 a 624,6 por mes en 2025. ¿La razón principal? La falta de oportunidad en la atención con 3.484 tutelas, solo en 2025.
“El comportamiento de las PQRS evidencia un deterioro progresivo en el acceso a los servicios de salud, particularmente con posterioridad a la intervención forzosa administrativa. La EPS SOS, intervenida en abril de 2024, tuvo en esa vigencia, 95.025 PQR, un 42% más que en 2023, año en el cual registró 66.611 PQR. Para 2025, las PQR continuaron en aumento, con 114.273 PQR, un 71% más que antes de la intervención”, explicó la Procuraduría en su informe. Y agregó que las principales causas de las PQR se concentran en la falta de acceso a la atención integral en salud; la no expedición de autorizaciones para acceder a servicios médicos; la falta de suministro o no suministro oportuno de medicamentos y obstáculos en los procesos administrativos, lo que demuestra la pérdida de capacidad operativa de la EPS para garantizar servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Este crecimiento refleja un aumento de las barreras de acceso y una deficiente gestión posterior a la intervención.
“Resulta evidente la violación masiva y sistemática del derecho fundamental a la salud de los afiliados como consecuencia de la deficiente prestación de servicios”, señaló el Ministerio Público para determinar que los fines de la intervención forzosa a ambas EPS no se cumplieron y, por el contrario, se evidencia el deterioro de los indicadores de acceso a los servicios de salud y de sostenibilidad financiera de la EPS, con afectación de los derechos fundamentales de los afiliados.
“La medida de intervención forzosa administrativa para administrar ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud, no solamente no resultó eficaz para mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud y la sostenibilidad financiera de la EPS, si no que, no se cumplieron las finalidades (...) se han deteriorado significativamente los indicadores que dieron origen a la misma y en consecuencia, existe un menoscabo de las condiciones técnico científicas, administrativas y financieras de la EPS”, concluyó.
Por estos hechos, el pasado lunes 2 de marzo, la Procuraduría suspendió, por tres meses, a dos interventores de las EPS Savia Salud y SOS, identificados como Luis Oscar Gálvez Mateus y Carlos Alberto Betancur Castañeda, respectivamente, por el incumplimiento de sus funciones y obligaciones como agentes interventores de estas entidades de salud. Asimismo, abrió una investigación disciplinaria contra otros tres exinterventores de la EPS SOS, Carlos Marino Escobar Vásquéz, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Sergio Andrés Gil Celis, y de los exinterventores de Savia Salud, Edwin Carlos Rodríguez Villamizar, Diana Constanza Rodríguez Posso y Luis Oscar Galvez Mateus.
El Ministerio Público espera determinar si los interventores incumplieron las funciones y obligaciones impuestas como agentes especiales y con ello, contribuyeron al deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados de la entidad y el incremento de las PQRS, acciones de tutela e incidentes de desacato, así como el deterioro de la sostenibilidad financiera y el decrecimiento de los activos y patrimonio de la EPS. En palabras sencillas, la Procuraduría tendrá que establecer si los interventores, puestos allí para resolver los problemas, por el contrario, profundizaron la crisis del sistema de salud que hoy golpea al país.
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