¿Invasión o recuperación de tierras? la bola de nieve que crece para el Gobierno

Desde incertidumbre en las comunidades, pronunciamientos y versiones encontradas de las autoridades, movimientos en masa de vehículos de alta gama, hasta jalones de orejas de algunas entidades del Estado, es el panorama que se cierne durante estos días por cuenta de la invasión de tierras. EFE/ Ernesto Guzmán

Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

¿Invasión o recuperación? Esas son las dos caras de la moneda que debe enfrentar el Gobierno de Gustavo Petro. El panorama está dividido, mientras la Defensoría del Pueblo alerta que en más de 10 departamentos existen 108 casos de ocupación indebida de predios, algunos sectores reclaman que no existe ocupación irregular, sino una recuperación de espacios. Las autoridades, aunque manejan una serie de hipótesis que terminan en contradicciones, apuntan a que detrás de esa situación están grupos al margen de la ley.

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Recientemente, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que la entidad que preside ha hecho un monitoreo en el que se evidencia la ocupación indebida de tierras en varias regiones del país. Explicó que hay un aumento de casos que requieren medidas urgentes por parte del Gobierno para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad y la vida de las comunidades.

“Especial atención se ha puesto en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada, donde nuestras regionales han podido identificar 108 casos distribuidos en 26 municipios. La mayor incidencia en el número de invasiones de tierras se registra en el departamento del Cauca, donde se presenta el 36% de los casos”, explicó Camargo. Añadió que alrededor de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios en todo el país.

“En el panorama general que hemos encontrado frente a los principales conflictos latentes, llamamos la atención por el escalamiento de los conflictos por la tierra en el Norte del Cauca y en el Valle del Cauca”, resaltó el funcionario y explicó que las principales causas de las ocupaciones de tierra están relacionadas con dos puntos específicos: la primera con comunidades rurales que carecen de tierra y reclaman el derecho al acceso progresivo a la propiedad, y la segunda, que vincula las ocupaciones ejercidas por población étnica.

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La primera causa, de alguna forma, será regulada por orden de la Corte Constitucional que, hace poco menos de un mes, con una sentencia histórica, dijo que las entidades estatales debían verificar en manos de quién están los baldíos y demás predios que tenían títulos ya adjudicados. Esa tarea, entre otras cosas, la designó especialmente a la Agencia Nacional de Tierras.

Sobre la segunda causa, el defensor del pueblo aclaró que se registra en el marco de lo que los pueblos étnicos denominan “liberación de la madre tierra”, en donde ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural. Esa situación se registra en mayores proporciones en los departamentos de Cauca y Vichada.

¿Recuperación?

Para Edwin Mauricio Capaz, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) la apropiación de predios no es una “invasión”. En diálogo con este diario explicó que “la lucha por el derecho al acceso a tierras no es novedosa, no se da tras los anuncios de este gobierno, al menos en el Cauca. Aquí hay una lucha de los pueblos indígenas que viene desde hace muchos años, desde el nacimiento del CRIC, bajo la consigna de recuperar la tierra que las comunidades en su convicción saben que les pertenece a ellas”.

A su juicio, las reclamaciones de tierras se impusieron con fuerza en 2005 tras el incumplimiento de gobiernos anteriores. “En el Cauca sí existe una necesidad de tierras, así como en el país (…) hay resguardos que no pueden acceder a estas tierras, ni siquiera por reclamación de derechos. De estas hectáreas del Cauca, no más de 500.000 son de las comunidades, 60% en zonas protegidas, lo que deja el 40% para el trabajo agrícola. Lo que no da ni para una hectárea por familia”, explicó el líder comunero.

Entre otras cosas, el indígena afirmó que existe una dificultad en el territorio a la hora de buscar tierra productiva para sus comunidades. “Son más de 3 millones de hectáreas las que componen el departamento del Cauca y nuestros resguardos están acentuados en zonas de conservación natural. Son zonas no viables al ser zonas sagradas, y por eso, se decide acceder a las zonas productivas que se encuentran en el valle del río Cauca” agregó el consejero mayor.

El Cauca, según el defensor del pueblo, hace parte de los 10 departamentos en donde varias comunidades se han tomado por su cuenta algunos predios sin autorización. Esa situación generó una serie de incomodidades en el sector ganadero, especialmente en norte del país, que se movilizaron para evitar que sus tierras fueran usadas sin permiso. Durante el transcurso de la semana se movió en redes sociales videos de un movimiento masivo de vehículos de alta gama y motocicletas recorriendo el Magdalena para evitar la supuesta “usurpación” de terrenos.

De acuerdo con Jefry Molina, un ganadero, “hay una serie de indicios que nos permite concluir que están a punto de invadir. Hemos encontrado marcas en diferentes partes, a 200 metros una de la otra, lo que nos quiere decir que hay gente que se quiere meter a la zona”, le dijo el ganadero a El Tiempo. Añadió que la movilización de la que hicieron parte más de 50 ganaderos tenía la intención de dejar en evidencia que los predios que pretendían ocupar ya tenían dueños.

¿Qué dicen las autoridades?

El Gobierno de Gustavo Petro no ha sido ajeno a este tipo de situaciones. Sin embargo, se ha encontrado en el camino contradicciones entre sí. El ministro de defensa, Iván Velásquez, en su momento aseguró que se han registrado ocupaciones en varias regiones del país y lo que se ha hecho con medidas preventivas de la Policía es evitar que algunas ocupaciones lleguen a hacerse efectivas.

El jefe de la cartera no desconoció que, por años, comunidades del Cauca llevan pidiendo la protección del derecho a la propiedad. No obstante, en diálogo con La W aclaró que “se han detectado organizaciones criminales que están usando a comunidades para ocupar terrenos, están haciendo negocio con estas invasiones, se tiene información que desde organizaciones armadas también se ha instigado a comunidades a que tomen posesión de algunos terrenos”.

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Esa hipótesis no es ajena a la Defensoría del Pueblo que también alertó sobre esa situación. Aunque el alto gobierno no ha revelado nombres de grupos armados que estén detrás de esa situación, el general Henry Sanabria, director de la Policía, en una entrevista concedida a Noticias RCN, dijo que “hay mafias de personas que tienen en algún momento que entregarle dinero a ciertas personas para que invadan terrenos, otras para que perturben, realizando incendios”.

El oficial resaltó que las veces que han tenido que llegar a algunos lugares para evitar apropiación de predios se han enfrentado con miembros de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y Eln. El ministro Velásquez, en el Congreso, por su parte, dijo que “no se podría afirmar tajantemente que detrás de los invasiones de predios estuvieran grupos ilegales como el Eln o las disidencias”.

Desde el ala investigativa, la Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, anunció que se conformó un grupo especializado de fiscales e investigadores que serán los encargados de investigar las invasiones de tierras, usurpación de bienes y avasallamiento que se han denunciado en varias regiones del país. El anuncio lo entregó este jueves en medio de un congreso de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que tuvo lugar en Medellín (Antioquia).

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De otro lado, desde Barranquilla, la procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a las instituciones del Estado para que fortalezcan la implementación del punto 1 del Acuerdo de paz con el fin de entregarle tierras a quién realmente las necesita. “Sea la oportunidad de la Procuraduría para exhortar a la Agencia Nacional de Tierras a que haga un plan de choque frente a las más de 140 mil solicitudes de adjudicación de baldíos rezagadas, equivalente a más de nueve millones de hectáreas. Si lo hace, tendríamos satisfecha la preocupación de estas personas que están reclamando con debido derecho el acceso a la tierra”, explicó la jefe del ente de control.

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