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7 Jun 2020 - 12:03 a. m.

Investigadores del caso “Ñeñe” Hernández no aceptaron cargos por interceptaciones ilegales

Durante la imputación de cargos en contra del mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, el ente investigador señaló que, para lograr las supuestas interceptaciones ilegales, los uniformados le dijeron a la fiscal que los números de teléfono, que en realidad eran de cinco de sus compañeros, eran de hombres de una organización criminal.
Según la Fiscalía, los policías interceptaron ilegalmente los números de sus compañeros para saber si estaban involucrados en el robo de un dinero durante un allanamiento en Cali.
Según la Fiscalía, los policías interceptaron ilegalmente los números de sus compañeros para saber si estaban involucrados en el robo de un dinero durante un allanamiento en Cali.
Foto: Archivo El Espectador

El mayor Yefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez fueron durante varios años dos agente de la Dijín de la Policía detrás de pistas para entender quién asesinó a Óscar Rodríguez Pumar el 18 de agosto de 2011 en el barrio El Prado de Barranquilla. Dentro de esa investigación, ellos y la Fiscalía lograron vinculara al presunto narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa García, más conocido como Marquitos Figueroa, y estaban tras la pista del empresario José Gregorio Hernández.

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En medio de esas investigaciones, en mayo de 2018, los uniformados desviaron su trabajo y ahora están vinculados formalmente a un proceso penal en su contra por los delitos de violación ilícita de comunicación, utilización ilícita de redes de comunicaciones, falsedad en documento público y fraude procesal. Todo por cuenta de una decisión del mayor Tocarruncho quien, según la Fiscalía, le ordenó al sargento Velásquez a que añadiera a la investigación por el homicidio de Óscar Rodríguez Pumar cinco números telefónicos para interceptar que nada tendrían que ver con el expediente. Ambos uniformados rechazaron los cargos y se declararon inocentes.

Lo hicieron, añadió el ente investigador durante la audiencia de imputación de cargos, para establecer si cinco de sus compañeros que trabajaban en Cali habrían robado un dinero mientras realizaban un allanamiento en la capital del Valle. En el afán de establecer la responsabilidad de los uniformados, agregó la Fiscalía, el mayor Tocarruncho “creó esta idea criminal” de interceptarlos sin que el permiso de un juez, como lo exige la ley, y mintiéndole a la fiscal que llevaba el caso, Jenny Ortiz Ladino.

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“Aprovechándose de la confianza con la funcionaria”, agregó el fiscal del caso en contra de los uniformados, Daniel Hernández, le aseguraron que habían recibido la llamada de una fuente y que esos números tenían que ver con el caso. De los cinco uniformados, el mayor Tocarruncho y el sargento Velásquez escribieron en un documento que eran hombres de una organización criminal, que varios se dedicaban a operaciones de narcotráfico y tráfico de armas, que uno era sicario, y otro el encargado de cobrar el dinero por homicidios selectivos. Al escuchar la historia de los uniformados, y la posible relación con los hombres detrás del asesinato del joven barranquillero, la fiscal Ortiz aceptó agregarlos a la investigación.

Según la Fiscalía, Ortiz le pidió al sargento Velásquez que firmara por ella el documento para añadirlos. Y así ocurrió. Sin aclarar en ningún momento que se trataba de agentes de la Policía, los números entraron a la plataforma de interceptaciones de la Dijín. Los técnicos encargados de escuchar las comunicaciones escribieron en sus informes que las llamadas eran de uniformados de la institución y esto generó las alarmas de las autoridades pues, en el informe de los hoy investigados, se decía que eran hombres de una organización criminal.

"Usted (mayor Tocarruncho) quería que se interceptaran esos teléfonos, usted quería saber si sus compañeros de trabajo eran corruptos. Pero no era la manera", agregó el fiscal Hernández durante la audiencia de imputación de cargos, en la que agregó que los uniformados usaron los propios apodos de sus colegas, pero los hicieron pasar como alias comunmente usados para personas del mundo criminal.

Con los radares sobre esos números, el caso llegó a la Fiscalía y arrancó la investigación en contra del mayor y sargento, quienes fueron capturados en la noche del pasado 4 de junio. Ambos rechazaron los cargos y se declararon inocentes. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Procuraduría pidió que no pasara por alto el hecho de que la fiscal Ortiz Ladino pidiera a uno de los agentes firmar un documento en su nombre y no verificara ella misma la petición.

Alias Marquitos pidió ser reconocido como víctima

Durante la audiencia de imputación de cargos, y antes de que la Fiscalía comenzara con su intervención, el abogado de alias Marquitos, Andrés Palacios, pidió ser escuchado pues tenía un mensaje de su cliente. Durante una breve explicación, el jurista explicó que el narcotraficante le había enviado una comunicación en la que pedía ser reconocido como víctima dentro de esta investigación pues consideraba que lo afectaba a él directamente.

Para la Fiscalía, la solicitud de Marquitos resultó ser irrespetuosa y se opuso rotundamente a que fuera declarado como víctima. El fiscal Hernández agregó que en el proceso estaba claro quiénes eran las víctimas (los cinco policías interceptados) y recalcó que en este caso, “tristemente politizado”, solo tenía que ver con estos presuntos delitos y nada tiene que ver con la investigación relacionada al Ñeñe Hernández.

Marquitos es considerado uno de los criminales más peligrosos del norte del país. Además, es señalado como la cabeza de una organización dedicada al contrabando de gasolina, narcotráfico y servicios de sicariato, habría sembrado, durante muchos años, el terror en La Guajira, de la mano del dominio político que ejercía Francisco Kiko Gómez en la península.

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