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Este martes 10 de febrero, la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico, así como a un particular, a una investigación por presuntas irregularidades en un contrato para el suministro de 200 cascos destinados a lanchas pesqueras artesanales.
Las personas vinculadas son el exasesor financiero, Jorge Luis Sampayo Herrera; y la exasesora jurídica, Gertrudis María Peralta Vásquez, quienes fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. También fue vinculado el contratista Julio César Altamar Rodríguez, a quien se le formularon cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.
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Según indicó la Fiscalía, los elementos probatorios dan cuenta de que el contrato, suscrito en julio de 2014 y cuyo valor superó los COP 1.000 millones, habría sido direccionado con el objetivo de beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, “la cual no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones”.
El ente investigador señaló que, en ese contexto, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP), expedido en la Cámara de Comercio de Barranquilla, con información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos exigidos.
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Asimismo, la Fiscalía indicó que Sampayo Herrera y Peralta Vásquez hicieron parte del comité evaluador que avaló que la fundación cumplía “con todos los requisitos habilitantes exigidos”, pese a que ello no era cierto, con el fin de dar viabilidad a la propuesta presentada.
Adicionalmente, el ente investigador estableció que el contrato fue suspendido, lo que permitió que el plazo de ejecución inicial, fijado en 30 días, se prolongara de manera indefinida, con el propósito de otorgar a la fundación el tiempo necesario para elaborar y entregar los 200 cascos solicitados.
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