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Una magistrada del Tribunal Superior de Cartagena es la protagonista de un caso de posible corrupción que está ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de la togada Catalina del Carmen Ramírez Villanueva, imputada recientemente por el ente investigador por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros agravado en razón por la cuantía.
Los hechos por los cuales fue imputada la magistrada Ramírez Villanueva habrían ocurrido el 10 de julio de 2013, cuando ejercía como jueza laboral del circuito en la ciudad de Barranquilla (Atlántico). Según la Fiscalía, la togada habría ordenado al Instituto de Seguro Social (ISS) el pago de COP 1.697 millones a un pensionado, a pesar de que el dinero ya había sido desembolsado y que el Estado no tenía cuentas pendientes con esa persona.
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Para el ente investigador, se trató de una “decisión manifiestamente contraria a la ley en cuanto desconoció las pruebas y normas que demostraban que las mesadas que sustentaban su determinación habían sido pagadas de manera completa y oportuna”. Además de ordenar el pago injustificado, dijo la Fiscalía, la hoy magistrada habría ignorado una orden que ella misma emitió, en la que reconoció los pagos que ya se habían hecho.
“Con esta actuación la funcionaria incrementó injustificadamente el valor inicial de COP 571 millones que ella misma liquidó en un auto anterior del 24 de mayo de 2010, al reconocer rubros desembolsados con anterioridad por el ISS y adicionar intereses moratorios e indexación”, indicó la Fiscalía en su imputación.
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Además, indicó la Fiscalía, el Tribunal Superior de Barranquilla ya se había pronunciado sobre el mismo caso, argumentando que la persona beneficiada por el pago ya había recibido el monto que le correspondía. Esa instancia, dijo el ente investigador, “advirtió de manera expresa que el crédito debía fijarse en ‘cero’ porque las obligaciones pensionales estaban cubiertas en su totalidad”.
La Fiscalía agregó además que, en su concepto, la hoy magistrada Ramírez Villanueva habría favorecido de forma irregular a esta persona, al ordenar el pago injustificado de una millonaria suma a su favor, que ya había sido cancelada. “Permitió que se apropiara de dineros por concepto de mesadas que el ISS pagó a tiempo. Una situación que generó un detrimento patrimonial para el Estado”, concluyó el ente investigador.
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