La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 25 años de prisión contra el disidente Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez y líder principal de la Segunda Marquetalia. Fue hallado responsable por el asesinato de monseñor Isaías Duarte Cancino, acribillado el 16 de marzo de 2002 en Cali.
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Lo último que se sabía del caso fue que la Procuraduría pidió la condena del antiguo secretaria de las Farc, luego de que el Tribunal Superior de Cali librara a los exguerrilleros de toda responsabilidad, hace alrededor de una década. El Ministerio Público consideró que había suficiente prueba documental que soportara el conocimiento y la culpabilidad de Iván Márquez.
El caso ha tomado distintos rumbos, pues, en 2011 y en primera instancia, el Juzgado Segundo Penal de Cali había condenado a los entonces comandantes de las Farc a los mimos 25 años de prisión, Además, los sentenció al pago de una indemnización de$1.000 millones a favor de los familiares de la víctima. Con la reciente decisión de la Corte, el expediente queda cerrado.
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Monseñor Duarte fue asesinado en inmediaciones de la parroquia El Buen Pastor, en el sector de Aguablanca, en Cali. Aquel sábado había formalizado el matrimonio de 103 parejas. Saliendo de esa actividad, camino a su vehículo, dos jóvenes sicarios le dispararon a quemarropa y en la espalda.
Como está documentado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, un mes antes de su asesinato, monseñor Duarte había dejado su testamento. Por escrito, manifestó que un cáliz de oro, el recuerdo de su ordenación, quedaría en manos de la Diócesis de Bucaramanga, donde nació. Además, un pequeño apartamento fue entregado a la Diócesis de Apartadó, donde inició su apostolado de paz.
Según la acusación de la Fiscalía, el antiguo secretariado de las Farc, entre quienes se encuentra el hoy congresista Rodrigo Londoño Timochenko, ordenó la muerte de monseñor Duarte “como represalia por las constantes críticas públicas que en ejercicio de su liderazgo religioso efectuaba a la organización guerrillera por los ataques perpetrados contra la población civil”.
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Según la hipótesis, el hoy senador Jorge Torres Victoria, Pablo Catatumbo, como miembro del Comando Conjunto Central de Occidente, habría pagado un dinero a la “oficina de sicarios La Torre” de Cali, con el objetivo de ejecutar el homicidio, de tal manera que pareciese ajeno a las Farc.
Dado que Timochenko y Pablo Catatumbo se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sus expedientes particulares quedaron en manos del órgano de justicia transicional. De hecho, el antiguo secretariado ha participado de los eventos propios del Acuerdo de Paz que firmaron en 2016, tales como el ofrecimiento de disculpas a las víctimas de secuestro, como sucedió en junio pasado.
Entre tanto, comandantes guerrilleros como Iván Márquez desertaron hace más de tres años y han aparecido en videos difundidos en canales propagandísticos declarándole, de nuevo, la guerra al Estado a través de la fundación de la denominada Nueva Marquetalia. Se cree que esta facción disidente se oculta en Venezuela. Como lo decidió el Congreso en octubre pasado, el gobierno de Gustavo Petro, bajo su idea de “paz total”, tiene luz verde para negociar con Márquez, que tiene en su contra una nueva condena por hechos criminales durante el auge criminal de la guerrilla.
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