Contabilidad, contratación y administración, fueron los motivos por los que la Contraloría le llamó la atención a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), una de las entidades encargadas de manejar los recursos para atender la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc. (Lea también: Gobierno planea entregar en 2018 más de 2000 km de vías terciarias para la paz)
Dada la trascendencia de la labor de esta entidad, en razón al manejo que les da a los recursos relacionados con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, el ente de control fiscal puso la lupa para verificar su funcionamiento y por eso realizó una auditoría financiera. Aunque la Contraloría no encontró hallazgos fiscales, sí recomendó un seguimiento a ciertos aspectos.
Entre ellos se encuentra, según la Contraloría, las fallas en los seguimientos y monitoreos al personal del área de Tesorería para el giro de recursos a asociaciones beneficiarias. Algunos de los contratos, al parecer, no se encontrarían soportados los gastos, por lo que impediría demostrar su ejecución y relación con el propósito de dichos convenios.
Con ello se denotaría las debilidades en la estructuración de los contratos al pactar pagos y actividades sin corroborar los soportes. Otra de las fallas detectadas tiene relación con la categoría del gasto público social, denominado así a aquellos recursos destinados para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. (Lea: La paz territorial frente al país)
En concreto, la Contraloría encontró que en algunos casos se ejecutaron sumas bajo esta categoría sin pertenecer a ella, y en otros casos se estaban reconociendo gastos públicos sociales a aquellos que tenían orden administrativo u operativo. Este tipo de situación, de acuerdo con la auditoría financiera, no permite tener un panorama claro y preciso sobre los verdaderos gastos de la entidad.
El ente de control fiscal le objetó a la ART el haber establecido reservas presupuestales sin que existieran compromisos reales, es decir, sin todos los requisitos legales, “con lo que se originó una distorsión en la ejecución presupuestal”.
Otra de las recomendaciones a la ART son las deficiencias presentadas en la suscripción de convenios con organismos multilaterales. Al respecto, la Contraloría observó que deficiencias administrativas y de planeación, como la firma de los convenios sin las autorizaciones o la aceptación de compromisos a nombre de otras entidades públicas sin contar con la autorización legal. (Le sugerimos: 170 municipios afectados por el conflicto tendrán programas de desarrollo rural)
Aunque la Contraloría dice que en estas falencias no se ha encontrado pérdidas de recursos, sí pide tomar acciones para mejorar y asegurar su manejo de forma trasparente y con su correspondiente ejecución.
“En general, aunque la Contraloría General de la República encontró un manejo satisfactorio en la ART, llamó la atención y solicitó acciones de mejora para evitar que las falencias detectadas puedan dar lugar a situaciones de mayor complejidad”, dice el ente de control fiscal.
Luego de que la Contraloría emitiera los resultados de la auditoria, la ART expidió un comunicado explicando que, aunque hay procesos administrativos por mejorar, “no hay situaciones que demuestren o evidencien hechos irregulares que representen un riesgo en el manejo de los recursos públicos” y que sustentó las solicitudes hechas por el equipo auditor.
La ART también dijo que se encuentran trabajando en un plan de mejoramiento para corregir las causas administrativas que originaron los hallazgos identificados por el ente de control fiscal.
Por Redacción Judicial
