La determinación que tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de ordenar detención domiciliaria para el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue sustentada en un extenso documento de 1.554 páginas. Allí, el alto tribunal consignó sus argumentos para explicar por qué considera que en contra del senador no había otra opción que emitir una orden de captura. La extensión de esta providencia judicial radica en que la Corte no escatimó esfuerzos en recopilar las pruebas que consideró claves para sustentar la medida. Entre este material probatorio, la Sala recordó los detalles de la indagatoria que Uribe Vélez rindió en octubre del año pasado.
Sus declaraciones ante la Corte, más la defensa de su equipo de abogados, encabezado por Jaime Granados, constituye una pieza más dentro de este rompecabezas de testigos, interceptaciones, mensajes de texto, videos y otras indagatorias. En la decisión en que la Corte sustentó la orden de emitir la medida de aseguramiento se puede leer cómo, en repetidas ocasiones, el expresidente le explicó a los magistrados de la Sala de Instrucción lo que conocía del caso, de las tareas realizadas por el abogado Diego Cadena, entre otras cosas. El alto tribunal recopiló en la providencia judicial las más de 10 veces que Uribe Vélez reiteró que todo estaba enmarcado en un contexto de búsqueda de la verdad.
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El senador señaló que lo único que quiso contratando a Cadena (investigado por estos hechos y también con detención domiciliaria), era que descubrir quién estaba detrás de la fabricación de falsos testigos en su contra. De hecho, un entramado de versiones falsas es lo que motivó todo este escándalo político y judicial. Arrancó cuando, en febrero de 2012, en desarrollo de un debate de control político sobre la génesis y el desarrollo del paramilitarismo en Antioquia, el senador Iván Cepeda detalló graves hechos relacionados con la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó en el nordeste antioqueño.
El congresista reveló que, según testimonios de Juan Guillermo Monsalve, extrabajador de la finca condenado por graves delitos cometidos con el grupo ilegal Los Rastrojos, y de Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, excomandante del frente Cacique Pipintá de las AUC, Guacharacas había sido sede del Bloque Metro de las autodefensas. Dos años después, cuando Uribe ya era senador, en el Capitolio se vivió un debate similar, pero tuvo como desenlace una denuncia por parte del expresidente en contra de Iván Cepeda. Uribe alegó entonces que el senador del Polo Democrático había ofrecido prebendas a estos testigos para que declararan en contra de él y su hermano.
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La Corte Suprema de Justicia tardó un poco más de cuatro años para resolver el recurso del expresidente. En febrero de 2018, con ponencia del magistrado José Luis Barceló, el alto tribunal archivó la investigación contra Cepeda y soltó la primera bomba: una compulsa de copias en contra de Uribe pues, al parecer, quien habría manipulado testigos era él. Uribe, en su defensa, siempre ha dicho que no es cierto y que su único propósito ha sido que se conozca la verdad (en referencia al verdadero autor de la manipulación de versiones).
Por eso, frente a uno de los testigos más sonados de este expediente, Juan Guillermo Monsalve, Uribe Vélez asegura que supo de él pues personas cercanas a este hombre sabían que todo lo que había dicho sobre los hermanos Uribe era mentira y que quería retractarse. De acuerdo con la investigación, el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada (hoy investigado también por la Corte), fue una de las personas que presionó a Monsalve para que cambiara su testimonio y, así, beneficiar al expresidente. Sin embargo, Uribe fue claro en su indagatoria: “Hernán Prada es totalmente inocente (...) Cómo voy a utilizar yo a Álvaro, cuándo en mi vida he utilizado, yo no he hecho sino promover nuevas generaciones”.
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Uribe les aseguró a los magistrados de la Sala de Instrucción que jamás ha “dado un mal ejemplo a las nuevas generaciones ni a compañeros de trabajo suyo o hacerles solicitudes de algo indebido”, dice el documento. Además de estas aclaraciones, la defensa de Uribe Vélez le hizo saber a la Corte que el senador Uribe “se limitó a señalarle al representante (Prada) que ojalá el testigo revelara la verdad, es decir, ninguna instrucción particular dio, y tampoco hizo seguimiento alguno al tema”. Los abogados del senador dejaron entrever en sus argumentos que testimonios como el de Monsalve y de otros testigos del caso, se empezaron a conocer luego de un trino de su cliente.
El mensaje se conoció después de que la Corte Suprema pidiera la investigación en contra de Uribe, en febrero de 2018. Además de referirse a las consideraciones que tenía sobre esa decisión judicial, Uribe “hizo un llamado público a los colombianos en el siguiente sentido: ‘Seguiré en búsqueda de personas que me ayuden a esclarecer la verdad, a desvirtuar el ataque artero. Pido a los colombianos presos, que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar. Y que denuncien lo que deban denunciar en mi contra. Todo con apego a la ley”. Y así, aseguran, es que llegaron hasta ellos testigos como Monsalve. La defensa agregó que el expresidente nunca habló con Monsalve.
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Sobre las supuestas advertencias que habría hecho Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche (el supuesto emisario del representante Prada para llegar a Monsalve) de que el expresidente Uribe estaba detrás de todo el asunto de cambiar el testimonio de Monsalve, el senador aclaró que fueron expresiones “desafortunadas y abusivas”. Su defensa, además, señaló que la única intención de esta clase de comentarios, que se produjeron sin que Uribe lo supiera -aseveraron-, era lograr la versión de estos testigos. Reiteraron además que, a diferencia de lo dicho por esas personas, Uribe ni tenía fiscales ni firmas de abogados para concretar esas supuestas maniobras que ahora investiga la Corte Suprema.
Sobre la relación del expresidente con el abogado Diego Cadena, a quien la Fiscalía investiga por haber sido el hombre supuestamente encargado de conseguir los testigos en favor de Uribe, pagarles y enviar las declaraciones a la Corte, Uribe aceptó que sí hubo una relación con él. Pero en repetidas ocasiones, él y su defensa le explicaron a la Corte que, de haber alguna irregularidad en su trabajo, el expresidente nunca lo supo pues, de nuevo, su interés solo era que se conociera la verdad. Frente a este punto, el senador le expresó a la Sala de Instrucción que a lo largo de la la estrategia de defensa que planearon sus abogados, a ellos les expresó su afán de que se conocieran las pruebas y los testimonios.
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“Yo siempre manifesté urgencia a todo el mundo, al doctor Granados, al doctor Cadena, al doctor (Jaime) Lombana (...) claro que tenía urgencia por el daño reputacional que me habían hecho, estábamos a pocos días la elección parlamentaria y había habido una cadena sistemática de difamaciones en mí contra (...) imagínese el daño de la Corte, un proceso que venía de 2012 y en ese principio de 2018, antes de las elecciones, sale inhibitorio al señor Cepeda, y una compulsa a mí. Yo dije: pero esta compulsa qué razón tiene, yo no le he dicho una sola mentira a la Corte, ¿qué razón tiene esta compulsa? Cuando yo había esperado que antes de la compulsa por lo menos me hubieran permitido una versión libre”, dijo Uribe.
El senador recalcó que, en medio de la urgencia de conseguir pruebas, nunca sospechó del trabajo de Cadena o de nadie su equipo, como Juan José Salazar, quien también terminó investigado por su supuesto intento de “comprar” testigos en favor de Uribe. El expresidente reiteró en su indagatoria que, para él, sus acciones fueron correctas pues, quien debía verificar la veracidad de los testimonios era la Corte, no él. Sin embargo, para el alto tribunal, el hecho de que él enviara esas pruebas al Palacio de Justicia (como el testimonio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien luego admitió que su aporte fue a cambio de no menos de $48 millones que le dio Cadena) se entiende como un presunto fraude procesal, cuyo objetivo era hacer caer en el error a los magistrados de la Corte.
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La defensa del senador reiteró que nunca fue del interés de este “indagar por los detalles de las reuniones” que tuvo Cadena con los testigos y que nunca supo con minuciosidad cuántas reuniones mantuvo su abogado con los testigos. Sobre las cartas que exparamilitares habrían elaborado para favorecer al expresidente, a cambio, supuestamente, de dádivas ofrecidas por Cadena en nombre de Uribe, la defensa del senador recalcó que él estuvo “bastante alejado de los detalles”. Esta apreciación de la Corte nace de la explicación de Uribe en la indagatoria en la que dijo que “no tiene memoria de cuántas (cartas de testigos) se hicieron” y que solo hasta después de esa citación a indagatoria supo que algunas las escribió el propio Cadena.
El expresidente agregó que le hizo el reclamo al abogado Cadena, diciéndole que, si le hubiera avisado antes, le habría manifestado “terminantemente” que las cartas debían escribirlas sus remitentes. “Nunca la intención del senador Uribe Vélez es que un testigo escoja una posición u otra por conveniencia, sino que se ajusten a la verdad”, recalcó su defensa. “¿Pero quiénes dirían la verdad?”, le preguntaron durante la indagatoria. A lo que el expresidente le contestó: “Que Monsalve diga la verdad porque él me pregunta ... ahh tengo que ir despacio, magistrado, porque en su metodología va el detalle, vuelve al detalle y yo quiero ser muy respetuoso y que usted me lea el alma”.
“El país debe saber que el expresidente no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”, señaló el penalista Jaime Granados en un comunicado de prensa que se conoció esta semana. En ese mensaje, el abogado insistió en que el senador se limitó, “como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que, por conducto de la ciudadanía, le llegaba y que ésta se trasladara siempre a la Corte (...) La única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”. Para la Corte, en cambio, hay pruebas “claras, inequívocas y concluyentes” de que Uribe lideró una compra de testigos para favorecerse.
En la tarde de este sábado 8 de agosto, Granados volvió a emitir un comunicado de prensa en el insistió en una petición que ya había hecho el jueves 6 de agosto: que la Corte Suprema levante la reserva sumarial del caso y haga públicas todas las pruebas. De esta manera, asegura el abogado, “quedaría en evidencia que Álvaro Uribe nunca fue el determinador de ninguna acción ilegal y que tampoco conocía los detalles que infieren las noticias (...) Es un caso de interés nacional en el que los investigados renunciaron explícitamente al derecho de la reserva como un acto de transparencia frente al país “. El alto tribunal todavía no ha contestado esta petición, aunque se sabe que, por ley, está obligado a mantener la reserva del expediente.