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8 Apr 2022 - 11:37 p. m.

JEP anula indulto a Marilú Ramírez, la exFarc que se infiltró en el Ejército

Marilú Ramírez Baquero era quien coordinaba la inteligencia de la Red Antonio Nariño de las Farc cuando la guerrilla infiltró un carro bomba en la Escuela Superior de Guerra, en 2006. La JEP le había concedido la amnistía en 2020, pero ese proceso acaba de ser declarado nulo.
Marilú Ramírez Baquero, quien incluso tomó cursos militares, a través de un trabajo de inteligencia de las Farc.
Marilú Ramírez Baquero, quien incluso tomó cursos militares, a través de un trabajo de inteligencia de las Farc.
Foto: JEP

Marilú Ramírez Baquero, antigua guerrillera de las Farc, recordada por infiltrarse en el Ejército, acaba de perder su amnistía en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo determinó la Sección de Apelación que estimó necesario garantizar la participación de las víctimas del atentado a la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, ocurrido en 2006, que no fueron acreditadas en el expediente.

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A Ramírez Baquero, antigua jefe de inteligencia de la Red Urbana Antonio Nariño, le fue otorgada la amnistía en febrero de 2020. Sin embargo, cuatro víctimas del atentado con carro bomba, que entonces dejó más de 20 heridos, denunciaron tropiezos para vincular formalmente al proceso a decenas de personas. Según la JEP, alrededor de 30 víctimas se estaban quedando por fuera del expediente.

“No se adoptó ninguna medida tendiente a lograr la vinculación al proceso de las víctimas que no fueron notificadas de la resolución que empezó a estudiar el caso de Ramírez Baquero, bien sea porque no encontró sus datos de contacto o porque los oficios remitidos a las direcciones entregadas fueron devueltos por la empresa de correos 472″, señaló la Sección de Apelación.

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La Sección de Apelación, entonces, le ordenó a la Sala de Justicia que adopte medidas para que las víctimas que están plenamente identificadas y que aún no han sido formalmente vinculadas al trámite transicional sean notificadas personalmente. La JEP aclaró que no puede responsabilizarse a las víctimas de su falta de participación en el trámite. “Su marginación es el resultado de omisiones atribuibles a los órganos de la JEP que tenían la obligación de notificarlas personalmente de la decisión que avocó conocimiento del trámite y, en caso de no poder hacerlo, de emplazarlas”, dice la providencia de 32 páginas.

La justicia transicional consideró que no hay otra forma de remediar tal irregularidad que dejando sin efecto el beneficio que le fue otorgado a alias Lulú en febrero de 2020. Ahora, la exguerrillera deberá enfrentarse a seguir el curso de su proceso en la JEP, pero con los nuevos testimonios que aporten las víctimas que no estaban acreditadas.

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Alias Lulú fue condenada, en diciembre de 2015, a más de 27 años de prisión por su participación en la ejecución del atentado con carrobomba a la Escuela Superior de Guerra, en 2006. Las pruebas que permitieron su sentencia determinaron que hacia parte de las Farc y que fraguó todo un plan para infiltrarse en el Ejército y recolectar información que sirviera para dar el duro golpe que el entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos catalogó como un hecho de terrorismo.

Ramírez logró infiltrarse en las filas del Ejército tras ser aceptada como parte del personal civil que asistía a cursos que dictaban oficiales superiores y a los cuales también asistían presidentes de la República, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, procuradores, militares extranjeros y empresarios nacionales e internacionales. Lo que reposa en las investigaciones que se adelantaron en su contra es que se presentó como funcionaria de la Veeduría de Bogotá y eso bastó para el ingreso a la institución.

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Sobre el ataque que se registró en el interior del Cantón Norte, en Bogotá, se sabe que ocurrió a las 9:00 de la mañana del 19 de septiembre de 2006 luego de que el carrobomba ingresará el mismo día a las 6:30am con una carga explosiva de 60 kilos de amonal que fue activada horas después con un sistema a gas. En este caso, las pruebas contra alias Lulú eran claras. Tenía en su poder correos electrónicos que consignaban el croquis de las instalaciones del Cantón.

Además, se conoció que la mujer tuvo acceso a información privilegiada ya que alcanzó a hacer parte de varios cursos en el 2005, e incluso, tenía conocimiento del armamento que usaba la institución castrense debido a que contaba con permisos que le fueron otorgados una vez se infiltró. Del atentado que planeó alias Lulú en conjunto con el grupo guerrillero se sabe que fue bautizado como “Graduación” y que se destinó un poco más de $300 millones para comprar el vehículo y la carga explosiva. Alias Lulú, quien está sometida a la JEP desde mayo de 2017, fue condenada por los delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales.

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