La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la expulsión del general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco por no haber hecho suficientes aportes a la verdad mientras fue acogido por la justicia transitoria. El exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe había sido aceptado por dos casos: el de Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, dos defensores de derechos humanos que desaparecieron en Medellín (Antioquia) en octubre de 2000.
De acuerdo con el documento en el que se lee la decisión, Santoyo “incumplió gravemente y de forma injustificada su régimen de condicionalidad”, por lo que la JEP lo expulsó del Sistema Integral de Paz y declaró la pérdida de sus beneficios y tratamientos especiales.
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La JEP sostuvo que la expulsión de Mauricio Santoyo no fue una decisión desproporcionada, sino una medida adoptada luego de incumplir distintas etapas de verificación dentro del sistema transicional. Según el auto, la decisión fue un último recurso del Incidente de Incumplimiento del Régimen de Condicionalidad (IIRC): “No se acude a la expulsión como reacción automática frente a una contribución imperfecta, sino como consecuencia de una trayectoria procesal marcada por requerimientos reiterados, advertencias, oportunidades de ajuste y valoraciones negativas de distintas instancias del Sistema”.
La jurisdicción concluyó que la salida del exgeneral obedeció a una conducta persistente e incompatible con los requisitos mínimos para permanecer en el sistema. En esa línea, el tribunal también defendió que la medida cumplió con el principio de gradualidad, al advertir que “la JEP no reaccionó de manera automática ni inmediata ante el primer aporte insuficiente. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) concedió oportunidades para ampliar y ajustar el compromiso”.
El documento detalla además que distintas entidades evaluaron el comportamiento del compareciente antes de adoptar la decisión final, como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que “calificó como ineficaz la información suministrada (por el exuniformado) para el proceso de búsqueda” de víctimas del conflicto.
Solo tras ese recorrido institucional, la JEP revisó sus declaraciones y concluyó que no constituían verdad plena y señaló que “después de esa secuencia se declaró el incumplimiento grave y se dispuso la expulsión. La medida, por tanto, no es abrupta ni desmedida: es la respuesta final frente a una conducta persistente” de Mauricio Santoyo.
Los casos de Claudia Monsalve y Ángel José Quintero
El general (r) Mauricio Santoyo estaba sometido a la JEP en el marco de dos investigaciones penales, entre las que se encuentra la desaparición de dos defensores de derechos humanos en Medellín (Antioquia), en octubre de 2000. Se trata de Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa.
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Al momento de su desaparición, ambos defensores de derechos humanos trabajaban en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y habían denunciado la supuesta participación de uniformados de la fuerza pública en desapariciones en la región. En abril de 2001, la Fiscalía General de la Nación ya tenía indicios sobre la posible relación del exoficial Santoyo con ambas desapariciones.
El ente investigador identificó que la Policía de Medellín había interceptado de forma ilegal más de 2.020 líneas telefónicas, entre ellas, las que usaban Monsalve Pulgarín y Quintero Mesa. Por ello, la Fiscalía vinculó a Mauricio Santoyo como autor de esos crímenes, ya que, para el momento de los hechos, se desempeñaba como director del Gaula de Medellín.
Según la Fiscalía, las interceptaciones ilegales contra Monsalve Pulgarín y Quintero Mesa habrían sido posibles gracias a órdenes falsas firmadas por integrantes del Gaula Urbano de Medellín, unidad en la que trabajaba el general (r) Santoyo. Sin embargo, pese a las evidencias recopiladas por el ente investigador, el exoficial no fue judicializado por estos hechos y continuó avanzando en su carrera militar.
La condena en Estados Unidos
El 20 de agosto de 2012, el exoficial fue condenado en Estados Unidos por el delito de conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, en este caso, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mauricio Santoyo llegó a un acuerdo con las autoridades de ese país y pasó siete años preso para luego ser deportado a Colombia el 29 de abril de 2019.
A su llegada a Colombia, el hombre fue capturado para que respondiera por las desapariciones de Monsalve Pulgarín y Quintero Mesa, pero la JEP asumió el proceso y, en septiembre de 2021, el general (r) consiguió un puesto en esa jurisdicción con el compromiso de contribuir, no solo al avance judicial de ese expediente, sino a encontrar los cuerpos de ambos líderes sociales que continúan desaparecidos.
Frente a esta condena en Estados Unidos, la JEP también se pronunció en el auto en el que confirmó la expulsión del exuniformado: “La permanencia del compareciente en la JEP no es compatible con la existencia de una sentencia firme por conspirar con las AUC. Esta condena es transversal a los hechos investigados en Colombia y se relaciona con conductas presuntamente cometidas en articulación con grupos paramilitares”.
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La Jurisdicción concluyó que a este contexto “se suma la ausencia de un aporte sustantivo de verdad y la persistente relativización de sus propios actos procesales. Confirmar la permanencia del señor Santoyo Velasco en la JEP enviaría un mensaje contrario a la naturaleza especial y restaurativa de la justicia transicional. Implicaría legitimar la conservación de beneficios pese al desconocimiento de la verdad judicial mínima establecida”.
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