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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que los crímenes conocidos como "falsos positivos" ocurrieron a lo largo de todo el país como parte de un patrón de conducta sistemático y generalizado por agentes del Estado que causó miles de víctimas entre enero de 2002 y 2008. Luego de cerrar la etapa de investigación sobre el esclarecimiento del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, la JEP pudo esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los más de dos mil crímenes en ese periodo.
A partir de ese contexto, la Sala identificó a diez generales retirados como máximos responsables por su contribución, desde los más altos niveles de mando militar, a la expansión nacional de este crimen. De ellos, siete militares fueron llamados a reconocer responsabilidad y otros tres fueron remitidos a la Unidad de Investigación por su participación en la consolidación del patrón nacional entre 2005 y 2008. "La Sala estableció que este fenómeno se manifestó desde, al menos, 2002, bajo distintas dinámicas territoriales, y que entre 2005 y 2008 adquirió una dimensión nacional, periodo en el que se concentró el 76% de la victimización", señaló la jurisdicción.
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La investigación fue liderada por el magistrado Óscar Parra Vera y logró determinar un patrón macrocriminal que dejó 2.077 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado y 34 personas sobrevivientes entre 2005 y 2008. Asimismo, la JEP pudo establecer que los crímenes se asociaron inicialmente a factores como la estigmatización contrainsurgente, las relaciones de connivencia con estructuras paramilitares y las presiones por obtener resultados operacionales.
"Entre 2005 y 2008, esta evolución estuvo marcada por la consolidación de una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional. Así, las prácticas criminales se expandieron y reprodujeron a escala nacional, articuladas en torno a una finalidad común: asesinar a personas protegidas y presentarlas ilegítimamente como bajas en combate para aparentar resultados militares exitosos", señaló la jurisdicción.
En este escenario, la Sala analizó el papel de cada uno de los comparecientes en el fenómeno criminal y los llamó a reconocer responsabilidad como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Los militares retirados señalados son el general (r) Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales (r) Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiroz y el brigadier general (r) José Joaquín Cortés Franco.
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La sala también identificó como máximos responsables por estos crímenes a los generales (r) Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, y al mayor general (r) Luis Roberto Pico Hernández, pero sus procesos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para adelantar un proceso adversarial.
"Estos oficiales ocuparon algunas de las posiciones más altas de la estructura militar, desde las cuales se dirigían y coordinaban operaciones de numerosas unidades en distintas regiones del país. Un comandante de división tenía bajo su mando varias brigadas, responsables de operaciones militares en amplias zonas del territorio nacional. Un comandante de comando conjunto articulaba las operaciones de fuerzas militares de distintas ramas en una región estratégica, mientras que el comandante del Ejército ejercía la dirección de esta fuerza a escala nacional. Se trataba, por tanto, de posiciones con capacidad para impartir órdenes, establecer prioridades operacionales e incidir en la forma en que las unidades subordinadas desarrollaban sus operaciones y evaluaban sus resultados", señaló la jurisdicción.
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