Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay acreditadas 35.210 víctimas en el macrocaso 04, que investiga la situación territorial en la subregión del Urabá. Muchas de ellas habían solicitado escuchar las versiones voluntarias que rendirían el 10 y 11de diciembre el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo y el general (r) Rito Alejo del Río Rojas, quienes ocuparon altos cargos en la Fuerza Pública en la zona y ahora comparecen en la justicia especial. No obstante, la audiencia fue reprogramada una tercera vez la semana pasada por una razón: una magistrada de la JEP le dio prioridad a escuchar a los exFarc que confesaron el asesinato de Álvaro Gómez.
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Este diario conoció los autos con los que la Sala de Reconocimiento aplazó las diligencias de Plazas Acevedo, condenado por el secuestro asesinato de Benjamín Khoudarin en medio de evidentes alianzas con grupos paramilitares; y de Del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército que opera en el Urabá y quien llegó a ser llamado el Pacificador de Urabá por su guerra con la exguerrilla de las Farc en esta zona. Luego de que la diligencia fuera aplazada de su fecha inicial en diciembre de 2019, llegó una segunda fecha para abril de este año y, cuando se pensaba que hablarían los próximos 10 y 11 de diciembre, llegó esta nueva reprogramación.
¿Y la razón? La misma Sala de Reconocimiento citó para el 10 y 11 de diciembre a los jefes del ahora partido político FARC Rodrigo Londoño, Timochenko, y Julián Gallo, Carlos Antonio Lozada. Los dos exjefes guerrilleros han confesado públicamente su supuesta participación en los asesinatos del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado; de los exguerrilleros Hernando Pizarro León-Gómez y José Fedor Rey (Javier Delgado), del consejero de paz Jesús Antonio Bejarano, del general del Ejército Fernando Landazábal Reyes y del congresista simpatizante del paramilitarismo Pablo Emilio Guarín.
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Los documentos dejan claro que las víctimas del macrocaso 04, “solicitaron asistencia a las diligencias virtuales y, en su caso, la implementación de salas espejo (transmisiones) con garantías de acceso, salubridad y seguridad en los territorios priorizados”. La magistrada Nadiezhda Henriquez, relatora del caso de Urabá y responsable de los aplazamientos, escribe en los documentos, a su vez, que es deber de la JEP “garantizar el pleno ejercicio de los derechos todos los sujetos procesales y potenciar el acceso armónico y equilibrado de las víctimas y de la sociedad colombiana a los relatos de los distintos grupos de comparecientes”.
Y que, como las diligencias de Del Río Rojas y Julián Gallo; así como las de Plazas Acevedo y Rodrigo Londoño terminaron siendo programadas para el mismo día, “son de interés para la sociedad en general, para las víctimas acreditadas en particular y exigen la presencia de la magistrada relatora del Caso 04 (o sea, de Henriquez)”, la diligencia de los otrora uniformados merece ser reprogramada. El documento, sin embargo, no desarrolla más argumentos. No dice, por ejemplo, qué criterio se siguió para aplazar la diligencia de los militares del caso de Urabá, en lugar de hacerlo con la de los exFarc.
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Entre abogados de víctimas esto ha generado un malestar, supo este diario, pues no quedan claros los parámetros que está siguiendo la JEP para dar prelación a un caso sobre otro, ni qué estándar van a seguir en un futuro cuando haya más diligencias coincidiendo el mismo día. A la fecha, además, ni siquiera hay un macrocaso que haya priorizado los seis homicidios que confesaron los exguerrilleros Londoño y Gallo, como en cambio sí ocurre con las decenas de miles de víctimas de las atrocidades cometidas en Urabá que esperaban oír a Del Río y Plazas Acevedo. “Los procesos de verdad quedan en suspenso”, comentó un abogado.
