La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó una curiosa solicitud hecha por los abogados de la multinacional minera Drummond, con la que pretendían acceder a las declaraciones que han entregado comparecientes como Jaime Blanco Maya, entre otros, sobre la presunta financiación de la multinacional a los paramilitares en el Cesar durante los años noventa. Además de no admitir pruebas presentadas por estos para controvertir las declaraciones del excontratista.
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En esta solicitud, los abogados Jaime Bernal Cuellar y Juan Prías, solicitaban por escrito copia de las versiones rendidas por comparecientes que tengan relación con la multinacional, entre ellas las de Jaime Blanco Maya. Pero, además, entregaron unos memoriales con los que pretendían aportar pruebas para demostrar que el excontratista había incumplido los compromisos de verdad de esa jurisdicción.
Sin embargo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP negó estas solicitudes al considerarlas como requerimientos de carácter judicial. “Esto considerando que se pretende, como ya se indicó, obtener copias de actuaciones judiciales adelantadas en esta Jurisdicción y, además, controvertir el aporte de verdad del compareciente y, consecuentemente, cuestionar el sometimiento a la JEP de este”.
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En este sentido, la JEP explicó que los apoderados de la empresa Drummond en Colombia cuentan con el escenario en la justicia penal ordinaria para controvertir las pruebas que se han presentado en su contra. “Sobre las declaraciones de Jaime Blanco Maya no encuentran asidero los cuestionamientos de que no corresponden a la realidad y son producto de beneficios económicos ilícitos, por cuanto, cada parte de lo declarado por Blanco Maya se acompasa con otros medios probatorios, desde la relación que sostuvo con Alfredo Araujo; la incidencia de esta en las instalaciones del casino y la mina de Drummond; su contacto con James Lee Adkins; la financiación del montaje para ISA; los tiempos de pagos del contrato; las condiciones favorables de terminación del contrato; la sobreestimación de precios; el contacto con los financieros del grupo armadoles”, explicó la JEP en su decisión.
El contratista de la multinacional Drummond, Jaime Blanco Maya, condenado por el financiamiento de las AUC y el asesinato de dos miembros de Sintramineroenergética fue dejado en libertad por la Jurisdicción Especial para la Paz en octubre de 2021. El 26 de noviembre de 2019, la Sala había aceptado su sometimiento a la JEP con la condición de esclarecer “la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la Drummond entre 1993 y 2002, en las que cumplió un rol de intermediario (...) y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”.
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En la mañana de este miércoles, la Fiscalía General de la Nación informó que José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional minera Drummond deberán responder en juicio como presuntos responsables del delito de concierto para delinquir. El ente investigador asegura que tiene en su poder abundantes y suficientes pruebas que dan cuenta de la presunta responsabilidad de los dos directivos en la financiación de las AUC, una conducta declarada como de lesa humanidad.
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