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2 Mar 2022 - 12:29 a. m.

JEP ordena al Gobierno crear plan para acabar con grupos armados ilegales

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le exigió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) crear y adoptar un plan de acción para combatir y desmantelar organizaciones armadas ilegales que afectan la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.
La JEP asegura que ya han pasado cinco años desde la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), y aún no tienen lineamientos claros.
La JEP asegura que ya han pasado cinco años desde la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), y aún no tienen lineamientos claros.
Foto: Gustavo Torrijos

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), investigó y encontró que no existe una estrategia para prevenir la violencia causada por los grupos armados ilegales y que afecta la reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz. Por esta razón, se le ordenó al Alto Comisionado para la Paz activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), para que cree un plan de acción para combatir y desmantelar estas organizaciones armadas.

La orden de la JEP se adoptó durante la audiencia de seguimiento al funcionamiento de la CNGS, que tiene como finalidad proteger a los comparecientes forzosos ante esta jurisdicción, donde además se le pidió a la Procuraduría iniciar las investigaciones disciplinarias, teniendo en cuenta que han pasado “cinco años de creada la CNGS y esta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo”, motivo por el cual “no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación”.

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Según explicó la JEP, la CNGS está compuesta por 15 miembros que deben procurar buscar, como se acordó en el proceso de Paz, la construcción de una política pública y criminal para desmantelar las estructuras criminales. Dentro de los integrantes de esta Comisión están el Presidente de la República, los ministros del Interior, Defensa y Justicia; el Fiscal General de la Nación, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía Nacional; tres expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.

En dicha audiencia, los magistrados de la Sala encontraron que, hasta el momento, “no hay claridad sobre cómo se toman las decisiones en la CNGS”. Con esto así, la JEP sostuvo que “hay que precisar los retos y desafíos que se deben superar para avanzar en el propósito de lograr una política participativa, articulada y constante”.

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Otras que se rajaron en esta audiencia de seguimiento fueron la Procuraduría, la Unidad Especial de Investigación, el Comando de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía, quienes, según sostuvieron los togados, “no participaron en la elaboración de los diferentes lineamientos que presentó el Alto Comisionado el 19 de marzo de 2021″.

Las cifras que entregó esta jurisdicción dan cuenta de que 306 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, de los cuales 10 eran mujeres, entre ellas una indígena del Cauca. “La lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres no logra impactar con efectividad en la prevención y mitigación de las violencias”, concluyó el magistrado Alejandro Ramelli, Presidente de la Sección.

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En abril de 2021, este diario alertó de que solicitaron al presidente Iván Duque reunir a la CNGS, para que creara una política pública para el desmantelamiento de esos grupos. En esa ocasión, representantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos hicieron una carta al mandatario para que prestara atención y presionara a la Comisión a cumplir su trabajo. En el documento de ese entonces se lee:

  • “Han continuado las amenazas de muerte, la estigmatización y el asesinato de líderes y personas defensoras de derechos humanos; la ola de violencia armada ha multiplicado el desplazamiento y confinamiento de comunidades étnicas en varias regiones del país. De la misma manera se han multiplicado las agresiones a la población civil en áreas de economía de la coca y de influencia del narcotráfico, minería ilegal y megaproyectos que disputan territorio a comunidades étnicas y campesinas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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