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Tras más un año de los primeros hallazgos de restos humanos de víctimas de desaparición forzada en La Escombrera (Medellín), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno para que se sume, con recursos económicos, a la búsqueda de personas desaparecidas.
El pronunciamiento fue hecho por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien señaló que, hasta el momento, la excavación en La Escombrera se ha desarrollado principalmente con recursos aportados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. En ese sentido, aseguró que es indispensable contar con un respaldo económico directo del Gobierno para avanzar en el trabajo que aún está pendiente.
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Por su parte, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez explicó que el proceso consiste en una excavación constante en La Escombrera, lo que exige una alta cantidad de recursos. Detalló que la JEP aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín asume el bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla utilizada en las excavaciones del sector.
El magistrado agregó que actualmente se adelanta la recontratación de la maquinaria amarilla, la cual retomará las excavaciones la próxima semana, con recursos garantizados hasta mediados o finales de agosto. Asimismo, indicó que ya se han iniciado conversaciones con otras entidades para definir la posibilidad de nuevos aportes, entre ellas el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes.
La discusión por la financiación para la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera se da en medio del debate por la rendición de cuentas sobre los resultados del trabajo de la JEP en 2025, presentada en la mañana de este 6 de febrero. En materia presupuestal, la entidad se posicionó como la del sector justicia con el mayor nivel de ejecución durante el año anterior. Según cifras y análisis del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República, el cumplimiento alcanzó el 99,3 %.
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En 2025, la JEP recibió en total COP 777.069 millones del Presupuesto General de la Nación, casi COP 105.000 millones más que la cantidad de recursos que había recibido para operar en 2024. De ese monto, COP 588.211 millones fueron destinados al funcionamiento de la JEP y los otros COP 188.858 millones fueron destinados a proyectos de inversión. Los recursos se ejecutaron casi en su totalidad, según las auditorías adelantadas.
Desde la entidad señalaron que con el dinero asignado en 2025 fue posible “garantizar la participación de las víctimas y el desarrollo efectivo de los procesos judiciales”, traducido en que garantizaron la representación judicial de 6.555 víctimas, acreditaron a 2.063 víctimas individuales y a 55 sujetos colectivos y realizaron 99 jornadas de acreditación. Además, la JEP adelantó más de 235 audiencias públicas, 329 encuentros preparatorios, 518 diligencias judiciales y 338 versiones de compareciente.
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