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El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relator del macrocaso de ejecuciones extrajudiciales, Óscar Parra, suspendió la audiencia que se adelantaba este jueves 10 de marzo en las instalaciones de la Dijín con Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Según trascendió de la cita que estaba programada para las 8 de la mañana, los policías que custodiaban al capo se negaron a salir de la sala mientras rendía su declaración, además de que había otros oficiales en la sala sin ninguna explicación. La Dijín de la Policía, la entidad encargada de la custodia, explicó que no se retiraron por cuestiones de seguridad.
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Tras la suspensión de la audiencia, la JEP le dio 48 horas a la Dijín para que le explique la presencia de los uniformados, ya que estarían violando sus derechos a la dignidad, defensa, debido proceso y a la confidencialidad. Según fuentes cercanas al proceso, en la sala había cuatro custodios armados, tres oficiales, dos mayores y un teniente coronel. Además de la queja de la jurisdicción, la Procuraduría, la defensa de Otoniel y los abogados de las víctimas que estuvieron en la audiencia, también se unieron a la petición para que los uniformados se retiraran del recinto.
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La gravedad del asunto no pasó desapercibida en la JEP y abogados y víctimas que están acreditados en el caso 03, sobre falsos positivos. “¿Cómo va un testigo a hablar de uniformados relacionados a ejecuciones extrajudiciales si en la sala hay miembros de la Fuerza Pública?”, expresó un abogado de víctimas. Por eso, el magistrado Parra le ordenó a la Dijín que explique por qué hay uniformados en la audiencia. Además de las víctimas, el magistrado Parra citó a la reunión al magisrado auxiliar Hugo Escobar, de la Sala de Reconocimiento.
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Lo ocurrido hoy en la audiencia a la que acude el capo, se suma a una serie de hechos que entidades pertenecientes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición ha denunciado, pues estarían vulnerando principios básicos para que el Otoniel rinda su testimonio. Hace menos de un mes los presidentes de la JEP, de la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecida (UBPD) enviaron una carta al director de la Dijín relacionada con los temas de seguridad.
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En ese momento, los firmantes de la carta aseguraron que “la confidencialidad en la exposición y escucha de los relatos y en la rendición de testimonios, son presupuestos no renunciables por parte del Sistema”, algo que estaría pasando con la presencia de los uniformados cada vez que el capo habla. Adicionalmente, los representantes de estas tres entidades aseguran que las medidas que ha determinado la Dijín para vigilar a Otoniel se han prestado para “inconvenientes que se han presentado en relación con las diligencias judiciales y las entrevistas de aporte de verdad”.
La carta allegada al general Fernando Murillo, director de la Dijín, sostiene que no se pretende que se reduzcan las medidas de seguridad, pero sí “que dichas medidas pueden aplicarse, sin afectar la confidencialidad y privacidad del recaudo de verdad a cargo de las entidades del sistema”. De acuerdo con lo manifestado en la carta, estas medidas no pueden ser óbice para que no se le den las garantías al capo para que hable.
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Aunque ya se han denunciado varias situaciones graves para recibir los testimonios de Otoniel, la audiencia que se tuvo que suspender este jueves tiene un agravante adicional: el capo iba a hablar como testigo y, si se le violan sus derechos, su versión podría perder toda credibilidad como prueba. Eso lo saben muy bien los magistrados Parra y Escobar. Por eso mismo, el primero de ellos pidió explicaciones a la Dijín para saber qué medidas tomar para que los testimonios de Otoniel sirvan para la investigación de la JEP.
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