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No pasaron ni tres meses desde la captura de quien fue el hombre más buscado en Colombia, para que él mismo le dijera al país que estaba dispuesto a contar todo lo que sabe de la guerra. Lo hizo ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y allí empezó a dar las primeras puntadas de lo que podría contener su versión, no solo porque Otoniel pasó por al menos cuatro organizaciones ilegales, sino porque fue el mandamás de tres de ellas. Los detalles de todo lo que podría contar quedaron plasmados en un documento en el que le pidió a la JEP poder entrar como un tercero civil. El Espectador conoció el informe completo en el que Otoniel pidió pista para acceder a los beneficios del sistema.
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Una desmovilización fachada de Otoniel
Lo primero que mencionó Otoniel ente la JEP fueron sus raíces en el conflicto: ingresó a las Farc en 1986, después pasó a las filas del Epl y de allí saltó a las de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUUC), luego a las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) y, en 2012, se convirtió en el jefe de lo que hoy se conoce como el Clan del Golfo (aunque él se sigue refiriendo al grupo como las Agc). Al contar sobre su paso por el Epl, Otoniel dio los primeros detalles de lo que podría saber de las alianzas que él y sus hombres tuvieron con la fuerza pública. Según lo que contó, la desmovilización de la guerrilla estuvo concertada, planeada y ejecutada por la Cuarta Brigada del Ejército con un objetivo macabro.
Explicó que la guerrilla llegó al Batallón Granadino (Antioquia) y fue recibida por el teniente coronel Jesús María Clavijo, a quien le habrían dado la orden de recibir a los hombres armados y transportarlos en camiones y helicópteros hasta la finca Cedro Cocido, en Montería, propiedad de Fidel Castaño. En otras palabras, la desmovilización fue una fachada para que los hombres del Epl llegaran a Córdoba a reforzar las filas de las Auc. Jesús María Clavijo es un viejo conocido de expedientes judiciales. El militar retirado fue condenado por auspiciar grupos paramilitares y, además, ha salido mencionado en investigaciones sobre los conocidos escuadrones de la muerte, falsos positivos y masacres.
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En este aparte del documento, la defensa de Otoniel recuerda que su cliente fue excluido de Justicia y Paz en 2015 y ese mismo año emitió dos órdenes de captura en su contra. Aunque el abogado confiesa que todavía no se sabe con completa certeza cuántos procesos judiciales tiene Otoniel, la defensa tiene en su radar que hay siete condenas, diez procesos en curso, ocho medidas de aseguramiento, 137 órdenes de captura y 33 investigaciones en cabeza de la Fiscalía. Además, Dairo Antonio Úsuga tiene tres acusaciones en firme en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, por los cuales está en el pasillo de la extradición desde que fue capturado, en octubre de 2021.
Los generales del Ejército
Después de hablar de los presuntos nexos que tuvo con el teniente coronel Clavijo, Otoniel mencionó a otros uniformados, esta vez, dos generales. Según su versión, él se concertó con altos mandos del Ejército para perpetrar acciones ilegales en Casanare y Meta. En concreto, habló de los generales retirados Henry Torres Escalante y Leonardo Barrero Gordillo cuando fueron comandantes de la Brigada 16 en 2005 y 2007, respectivamente. Úsuga agregó que en “acciones ordenadas por estos generales se perpetraron asesinatos extrajudiciales, masacres, desapariciones y otros hechos graves”, en esos dos departamentos.
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Sobre este episodio, Otoniel se refirió puntualmente a tres víctimas: Daniel Torres y su padre, Roque Julio Torres, asesinados en 2007 y presentados como bajas en combate; y Cayetano Mendivelso, cuyo homicidio ocurrió en Tamara (Casanare) en 2006. Además, dijo conocer cómo se planearon falsos positivos, en compañía de los hombres de Barrero y Torres. Al primero, la JEP ya lo escuchó en el caso sobre ejecuciones extrajudiciales en Casanare y hoy el foco de un escándalo, pues la Fiscalía cree que era una pieza clave de la mafia del sur del país. Por otro lado, el general (r) Torres Escalante está sometido a la JEP e investigado formalmente por falsos positivos, uno de ellos, precisamente, el del padre e hijo Torres.
“Bajo la gravedad del juramento testifico que conocí a los generales Leonardo Barrero Gordillo y Henry Torres Escalante y realicé operativos conjuntos con los soldados que estaban bajo sus órdenes cuando era paramilitar del bloque Centauros de las Auc y posteriormente como civil después de que me desmovilicé en el año 2006 y hasta el año 2008″, le escribió Otoniel a la JEP. Además, aseguró que todas estas alianzas ilegales también se habrían dado en el Urabá, en especial con el general (r) Barrero, y por eso mencionó que conoce información concreta sobre la masacre de San José de Apartadó, ocurrida en febrero de 2005, en la que fueron asesinados tres niños y cinco adultos.
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A través de su abogada, Leonardo Barrero señaló que las declaraciones de Otoniel son “infundadas e inverosímiles, resultan también, las recientes manifestaciones del narcotraficante Dairo Antonio Úsuga conocido con el alias de Otoniel, capturado y reconocido delincuente requerido en extradición por los Estados Unidos, cuyo equipo de defensa en un singular oportunismo jurídico pretende utilizar el ambiente mediático para bloquear su proceso de extradición, aprovechando el injusto escándalo que se ha desatado en contra de mi representado”.
El general (r) Leonardo Gordillo, a través de su abogada, ya se defendió de estas menciones y las calificó de “infundadas e inverosímiles”. Agregó que el hecho de que hoy se conozcan los detalles de lo que está dispueso a contar Otoniel responden a un “singular oportunismo jurídico” por parte de su equipo de defensa, estrategia que, dice, “pretende utilizar el ambiente mediático para bloquear su proceso de extradición, aprovechando el injusto escándalo que se ha desatado en contra de mi representado”.
El enlace con el DAS
Otoniel asegura que tiene cómo probar esas alianzas con los generales en retiro y que hay otra persona que participó en este entramado criminal: Orlando Rivas Tovar, exdirector del DAS en Casanare. Bajo la gravedad del juramento, Otoniel dijo que conoció a Rivas y se concertó con él y otros funcionarios “para planificar, apoyar y financiar delitos, homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos, desapariciones forzadas, hurtos y terrorismo”. Rivas fue condenado en primera instancia por homicidio y, justo cuando se iba a conocer la sentencia de segunda instancia en 2019, el exfuncionario se acogió a la JEP. Por esa razón, la jurisdicción ordenó su libertad.
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La mención al expresidente Álvaro Uribe
Otro de los puntos que incluyó Otoniel en su acta de sometimiento es que asegura tener pruebas de cómo políticos, ganaderos, empresarios y civiles participaron en la guerra. Según el documento, Úsuga podría esclarecer las circunstancias de sus alianzas para delinquir con estas personas en Casanare y Urabá, entre 2006 y 2008, y de cómo colaboraron y auspiciaron grupos paramilitares. Asimismo, dice tener información de cómo su objetivo fue planear, financiar y apoyar logísticamente actos violentos armados en contra de reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos y líderes sociales que se opusieran al despojo de tierras por parte de grandes empresas ganaderas y palmeras.
Dice, además, que la alianza criminal incluía perpetrar asesinatos, secuestros, amenazas, atentados y el desplazamiento forzado de familiares campesinas. En este punto, Otoniel dijo: “Esa práctica contó con el apoyo de dirigentes políticos regionales de Casanare y Urabá, aliados del entonces presidente Uribe, así como de alcaldes, diputados y congresistas de partidos pertenecientes a la coalición de gobierno entre 2006 y 2008 (…) Los empresarios, ganaderos y políticos, además de beneficiarse de las tierras despojadas a los campesinos, mantuvieron cooptadas las alcaldías, desviando los presupuestos de contratación e inversiones a empresas de fachada, aliadas de las Auc y las Agc”, explicó.
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Aparte de las relaciones con la fuerza pública, políticos, empresarios y ganaderos, Otoniel dice tener información que podría reforzar investigaciones de la JEP y la Comisión de la Verdad, como el exterminio de la Unión Patriótica y los asesinatos de indígenas, campesinos y miembros de la comunidad LGBT. Su propuesta de verdad no acaba con contar estos vínculos, pues también asegura tener información precisa y georreferenciada sobre las fosas o lugares en los que podría haber cuerpos de personas desaparecidas forzosamente entre 1995 y 2006 en Córdoba, Urabá y los Llanos orientales, que están entre las zonas que más sufrieron este flagelo durante el conflicto armado.
Los detalles del acta de sometimiento de Otoniel se conocen en un contexto crítico por sus intentos por contarle a la JEP y a la Comisión de la Verdad lo que conoce de la guerra están en un punto crítico. Tanto su defensa, como funcionarios de ambas entidades, han denunciado que no han tenido garantías para realizar las audiencias. La semana pasada se supo que el comisionado Alejandro Valencia fue obligado a salir de la celda Úsuga de manera brusca y, justo un día después, fueron robadas las grabadoras que usaron para registrar las entrevistas con el detenido. Otro episodio de esta grave situación se registró esta semana, cuando sus abogados volvieron a denunciar malos tratos.
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Explicaron que uniformados de la Dijín de la Policía, la autoridad responsable de Otoniel, le apretaron tanto las esposas que hasta la magistrada de la JEP que estaba escuchando su relato dijo que, hasta que no se ajustaran, no seguiría con la audiencia. Además, dijeron que en esas reuniones siempre han estado presentes agentes de la Policía, situación que, dicen, estaría en contra de los derechos del detenido. La Comisión y la JEP seguirán escuchándolo desde la cárcel, pero ahora debe definir si lo acepta y si accede a darle la garantía de no extradición, algo que ya pidió formalmente ante la jurisdicción especial. Otoniel, por su parte, debe decidir si, aun por fuera del sistema, está dispuesto a contar su versión de la guerra.
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