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En el marco del anuncio de imputación a cuatro exgenerales del Ejército por su participación en ejecuciones extrajudiciales, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lanzó una advertencia por las demoras en la entrega de los recursos para garantizar las primeras sentencias, una terea que está en manos del gobierno de Gustavo Petro. En caso de que la plata para las sanciones siga en constante retraso, la justicia especial podría emitir ordenes de arresto contra el ordenador del gasto: el ministro de Hacienda, Diego Guevara.
De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción tiene la capacidad de emitir ordenes de arresto en caso de incumplimiento y se refirió a que, hasta el momento, los $100.000 millones que el Ejecutivo prometió para garantizar las primeras sentencias contra máximos responsables no los han recibido. El togado señaló que “los dineros que nos prometieron para el Fondo Colombia en Paz no han llegado y los dineros que nos dijeron de Usaid tampoco han llegado”.
El pasado 29 de enero, el presidente Petro aseguró a través de su cuenta de X que sería el Estado el encargado de asumir la plata que el gobierno de Estados Unidos congeló a través de Usaid, y con la cual se financiarían varios proyectos de la JEP. “Que la paz necesita fuerza como dijo Trump, es cierto, pero antes que nada, la paz necesita verdad. No se hubiera descubierto el sistemático asesinato de miles de jóvenes por el gobierno colombiano si no fuera por la JEP. Así que todo nuestro apoyo a la JEP y a la verdad”, apuntó.
El magistrado también fue enfático en señalar que “con recursos o sin recursos las sentencias van a salir”, pues, aseguró, se está recibiendo apoyo del sector privado y de algunos países europeos para garantizar la financiación. “Nosotros tenemos facultades para ordenar en ese proceso de construcción de las sanciones propias, podemos dictar múltiples órdenes: vincular entidades, pedir informes, citar a audiencias y emplear nuestras facultades correccionales como lo hemos hecho en medidas cautelares, donde hemos decretado arrestos”, precisó.
A renglón seguido, el magistrado aseguró que se han decretado arrestos, precisamente, a autoridades que no cumplen sus compromisos con la Jurisdicción. “Ojalá esa voluntad política se manifieste, pero también están las órdenes judiciales”. Según el magistrado Ramelli, en ese caso, la orden sería emitida en contra del ordenador del gasto: el ministro de Hacienda, Diego Guevara. Sin embargo, el directivo también aseguró que se vienen adelantando labores “diplomáticas” para llevar el asunto.
Desde octubre de 2024, el tema de los recursos para la financiación de las primera sentencias parecía haberse destrabado. Para entonces, la exdirectora del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, y el expresidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, se reunieron para definir un plan estratégico y acordar la ejecución de los $100.000 millones faltantes.
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