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El exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Enrique Ariza, no tendrá cupo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo confirmó la justicia especial, al considerar que no hizo aportes significativos a la verdad. La decisión implica que sus procesos volverán a la justicia ordinaria. La decisión también rechaza el beneficio de libertad transitoria que había solicitado.
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En su análisis, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP explicó que aunque Ariza se comprometió a aportar verdad en temas como la condena en su contra por concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones, por las “chuzadas” del DAS, su verdad fue escasa y solo se dedicó a defenderse.
“Mantuvo una postura defensiva en pro de demostrar su inocencia, incluso respecto de hechos que ya han sido demostrados más allá de toda duda razonable y por los cuales ya cuenta con condena ejecutoriada en la Jurisdicción Penal Ordinaria”, explicó la JEP en su decisión.
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La JEP explicó además que en temas como el ocultamiento de parte del DAS de información y dilación de procesos adelantados por la Fiscalía no aportó ninguna prueba que ayudara a esclarecer los hechos. Sobre los homicidios de Jaime Garzón y Alfredo Correa de Andréis se retractó y manifestó que dicha promesa se debió a una confusión por lo que solicitó que ya no haga parte de su ofrecimiento de verdad, ni tampoco dijo nada sobre la tortura sufrida por la periodista Claudia Julieta Duque, entre otros hechos.
En tres oportunidades, la justicia ordinaria le ha respondido a Ariza que es responsable por intervenir ilegalmente las comunicaciones de ciudadanos, cuando era jefe de inteligencia del DAS. La última en 2016, en un proceso en la Corte Suprema de Justicia. Sobre sus hombros pesa una condena de ocho años de prisión, por conocer y permitir que el grupo G-3 del DAS le hiciera seguimiento a “objetivos” de altos funcionarios de la Presidencia (periodo Uribe Vélez) y las directivas del departamento en 2007.
A pesar de tener una condena en su contra, por años estuvo refugiado en Estados Unidos, amparado en una supuesta persecución política. Recién en 2017 fue deportado a Colombia, donde un año después pidió un cupo en la JEP.
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