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Para la familia Castillo de la Ossa la manera en la que la Policía intenta zafarse de responsabilidad por la muerte violenta Cristian Castillo de la Ossa, durante el paro nacional de 2021, es un golpe al corazón. La víctima, de entonces 26 años, murió por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno del Esmad que dio en su cabeza. Tres años después, la entidad culpa exclusivamente a Cristian Castillo de su muerte, pese a que hay evidencias de que se trataría de un homicidio agravado. En un documento oficial, incluso, la institución tildó a la víctima de irresponsable y negó tajantemente la culpa de algún uniformado en los hechos. Las consideraciones fueron expuestas por la Policía en respuesta a la demanda que la familia Castillo interpuso contra el Estado.
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Cristian Castillo de la Ossa salió de su casa en la noche del 22 de junio de 2021, en la avenida Ciudad de Cali con Suba, en Bogotá. Eran tiempos del paro nacional, cuyo detonante fue la fallida reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, quien propuso que aumentar el IVA de la gasolina y productos de la canasta básica, mientras la pandemia por el covid-19 sacudía la economía. El joven salió a encontrarse con unos amigos, pero quedó en medio de una manifestación. Como dice el expediente, Castillo estaba distraído por el movimiento de una tanqueta y, en estado de indefensión, fue impactado por un proyectil de arma lanzagases que presuntamente disparó el patrullero Gonzalo Moreno Gordillo. El uniformado enfrenta un proceso por homicidio agravado.
La familia de Castillo, asesorada por la organización defensora de derechos humanos dh Colombia, demandó a la nación, a la Policía y al Ministerio de Defensa por privar del derecho a la vida a un joven que trabajaba en una ferretería con su padre, Eduar Castillo, y en sus ratos libres arreglaba computadores para arañar algunos pesos de más. La demanda está en el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo la lupa del juez José Manrique. El pasado 16 de febrero, a ese despacho llegó la respuesta de la Policía, representada por Angie Jazbleidy Hernández Gamba, quien se opuso a la totalidad de la demanda. La abogada explicó que en este caso no hubo ninguna violación de derechos humanos ni al derecho internacional humanitario.
Así lo dejó por escrito: “Al respecto, cabe señalar que se configura la causal de exoneración denominada hecho exclusivo de la víctima (…) fue el mismo joven el causante de los hechos por los cuales ahora se pretende endilgar responsabilidad a la Policía. Lo anterior, en razón a que, si el hoy demandante (Castillo) hubiese actuado de manera responsable, debió resguardarse en su lugar de residencia con el fin de evitar que fuera lesionado. Pero ese actuar irresponsable fue el determinante para que saliera lesionado, sin que a la fecha se conozca quién lo lesionó, ya que no obra prueba que permita determinar responsabilidad alguna a miembros de la Policía”.
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Los abogados de la familia le respondieron a la Policía. Cuestionaron que, por ejemplo, la defensa de la entidad haya respondido que los hechos son del “16 de diciembre de 2019”, cuando la muerte fue durante el paro nacional de 2021. Esto demostraría “la carencia de conexidad y relación entre la contestación (de la Policía) y el caso bajo análisis”. Además, los abogados de dh Colombia respondieron que la tarea del juez, ante tal respuesta, es no “permitir la deshumanización, lo grotesco, lo grosero, pero sobre todo lo revictimizante que ha resultado la respuesta de la Policía y especialmente de la abogada”. Al juez le solicitaron específicamente no permitir a la abogada Hernández tratar a la familia Castillo sin reglas mínimas de dignidad.
Tanto organizaciones sociales como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que la represión estatal durante el paro nacional de 2021 se basó en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía. Durante casi tres meses, se registraron miles de heridos, bloqueos de vías y carreteras, denuncias de violencia sexual y de irregularidades en procesos judiciales. Y lo más grave: la Fiscalía registró el homicidio de 29 manifestantes, aunque todavía se mantiene un subregistro en el número, pues investigaciones de oenegés hablan de más de 80. En su momento, la CIDH aseguró que había evidenciado, en terreno, que los colombianos salieron a las calles hastiados de la desigualdad, para encontrarse con una represión violenta. Cristian Castillo fue uno de ellos.
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La respuesta de la Policía avivó la indignación de la familia de la víctima. Por eso le envió una carta al presidente Gustavo Petro y a los ministros del Defensa y del Interior, Iván Velásquez y Luis Fernando Velasco. Lo primero que hicieron fue dejar en evidencia al propio Petro, quien en enero de 2023, tras una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El Estado se compromete a reparar a las víctimas que dejó la represión desatada contra el movimiento social”, dijo el jefe de Estado. “Indigna, señor presidente y señores ministros, además de causar profundo dolor adicional, que funcionarios de su gobierno culpen a las víctimas por la irracional violencia institucional ejercida por la Policía”, expresó la familia Castillo de la Ossa.
Y continuaron: “Ojalá se adopten medidas prontas y urgentes que permitan poner fin a esta cadena de hechos que no hacen sino causar más dolor, abrir y profundizar las heridas y dejarnos con absoluto estupor y desesperanza. Indigna, señor presidente y señores ministros, que a pesar de estar sometido a juicio un integrante del Esmad, el hecho sea irrelevante para quienes llevan la representación de las instituciones que ustedes dirigen”. El uniformado Moreno Gordillo está en audiencias preparatorias de juicio, las cuales se reanudan esta semana. El fiscal del caso se comprometió a probar que el uniformado atacó directamente a Castillo y que no cumplió con los protocolos para usar armas lanzagases, ya que deben ser accionadas de manera parabólica y no directamente contra los civiles.
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La familia Castillo de la Ossa no entiende cómo la Policía puede entregar este tipo de respuestas cuando, el 17 de marzo del año pasado, el presidente Gustavo Petro invitó a víctimas de Estado, en el marco de la protesta social de 2021, a dialogar con el gobierno para avanzar con los mecanismos de reparación. “Es necesario que podamos sanar esa herida”, señaló en su momento el máximo mandatario y comandante en jefe de la Fuerza Pública. Petro ha respaldado luchas como las de la familia Castillo Ossa, a tal punto que en su posesión como jefe de Estado, en 2022, dio la palabra a la madre del estudiante fallecido Dilan Cruz, Jenny Medina. Otra víctima que murió en circunstancias similares a las de Cristián Castillo, en 2019.
La organización dh Colombia también le solicitó al juzgado que conoce la demanda hacerle un llamado de atención a la abogada Hernández para que trate con respeto a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. En el fondo, lo que la familia Castillo de la Ossa solicitó en la demanda es que el Estado repare los daños a través de una obra de teatro escenificada por policías, la construcción de un monumento en memoria de Cristian Castillo y un documental que narre su vida y lo que sucedió en la noche del 22 de junio de 2021. Una jornada en la que la Policía debía contener manifestaciones bajo estrictos protocolos de protección de derechos humanos y que, como acusa la Fiscalía, terminó con el asesinato de Cristian Castillo de la Ossa, un joven a quien la Policía culpa de su propia muerte.
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