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29 Oct 2010 - 8:39 a. m.

Judicatura investiga a Magistrada por posibles fallas en millonario proceso ejecutivo

La Sala Disciplinaria ordenó una ‘urgente’ inspección judicial al expediente de la acción por cerca de $3.000 millones.

El Espectador

Por presuntas dilaciones y otras irregularidades en la dimisión de un proceso ejecutivo por más de 3.000 millones de pesos, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación formal en contra de la magistrada Claudia Yolanda Rodríguez Rodríguez, integrante de la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Cartagena, Bolívar.

Al parecer, la funcionaria ha venido dilatando la presentación de su ponencia frente al caso que tiene enfrentados en un proceso ejecutivo mixto al Instituto de Fomento Industrial, IFI, y a la firma Inversiones Navarro Toro desde el 17 de julio de 2000 por multimillonarios recursos que, supuestamente, adeudan los segundos, demandados inicialmente ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena.

En auto emitido el 20 de octubre pasado, con ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago,  la Sala ordenó “con carácter urgente, decretar la práctica de una inspección judicial al expediente contentivo del proceso”, atendiendo positivamente el requerimiento de la representante legal de la firma demandada, María Margarita Toro Camacho, quien solicitó que se compulsen copias a fin de que se adelanten investigaciones penales contra la magistrada y contra los directivos del IFI.

Además de los más de cinco meses que han pasado desde la radicación de la ponencia todavía sin firmar, Toro Camacho aduce que la magistrada se ha basado en documentación falsa para interrumpir la prescripción ordenada en primera instancia, tras el paso de más de tres años entre la fecha de radicación de la demanda, el 17 de julio de 2000, y el mandamiento de pago, que data del 24 de septiembre de 2003.

Aparentemente, la alta jurista tuvo en cuenta la copia de un documento en el que la representante legal de la firma demandada, supuestamente, dice ofrecer en dación de pago un inmueble hipotecado, reconociendo que adeuda los dineros, pese a la cesación inicial del procedimiento decretada por el Juez de primer grado.

Inversiones Navarro Toro aduce que nunca se ha declarado dispuesta a ofrecer el bien y que se trata de un documento falso, por cuanto, aseguran, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, comprobó que la firma no era la de su representante legal, María Margarita Toro Camacho; la empresaria manifestó que en el expediente no reposa el documento original, y de ahí que no se haya hecho la comparación que se requería para demostrar la fraudulencia.

Adicionalmente, adujo que el IFI ha ocultado los abonos que por más de 3.600 millones de pesos efectuó la accionada el 5 de julio de 1996 y el 7 de marzo de 2000, un argumento adicional para considerar que no sólo la magistrada Rodríguez Rodríguez sino los representantes de la parte demandante han incurrido en irregularidades que ameritan la actuación de las autoridades penales.

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