El Juez Noveno con funciones de garantías de Bogotá aceptó la petición hecha por la defensa de seis exmilitares de dejar en manos de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) la investigación de dos ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ del municipio de Soacha, Cundinamarca.
El funcionario determinó que no es competente y decidió dejar el proceso a la JEP, según él porque "los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado, para el año 2008, y este tipo de actos serán juzgados en la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP)", señaló.
Durante la audiencia en la que se esperaba la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de doce militares, entre ellos el coronel Jesús Amado Rincón, el juez sostuvo que "la Fiscalía debe señalar qué juez es competente para conocer de las audiencias, y solicitar ante dicho despacho las diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento".
Al respecto, el abogado defensor de los militares, Sebastián Fajardo, dijo que en contra de los uniformados no existen pruebas: “estas personas están siendo imputadas y acusadas únicamente por haber pertenecido al Ejército Nacional, puesto que la Fiscalía no tiene una sola prueba en contra de ellos”.
El jurista dijo que en todo caso el juez natural de los exuniformados no puede ser un juez civil porque los hechos que les atribuyen a sus clientes tendrían relación con el conflicto armado.
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