El abogado y ahora precandidato presidencial Abelardo de la Espriella le ganó una tutela a la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de advertir cambios recientes en su esquema de seguridad. Así lo determinó el juez 58 administrativo de Bogotá, Fabián Eduardo Vega Alvarado, quien resolvió la acción de tutela y le ordenó a la entidad encargada de la seguridad de personas protegidas, reintegrar el esquema de seguridad del político.
De la Espriella había interpuesto la acción de tutela argumentando que el pasado 23 de septiembre, la UNP ordenó el retiro de cuatro policías y dos motocicletas que hacían parte de su esquema de seguridad. Esto, en cumplimiento de una resolución del 26 de julio de 2023, que le fue notificada el 24 de enero de 2024. En su concepto, la decisión “constituye una vulneración a sus derechos”.
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A renglón seguido, se lee en el fallo de tutela, De la Espriella enlistó las razones por las que su esquema de seguridad no debería ser modificado justo ahora, cuando su carrera por llegar a la Casa de Nariño apenas empieza. En primer lugar expuso que el 11 de julio de este año, “el director del partido político Centro Democrático le comunicó a la Fiscal General de la Nación que grupos al margen de la ley ofrecían hasta COP 8.000 millones por atentar contra la vida de, entre otras personas, el accionante”.
Ese mismo día, se lee en el documento, el jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía fue informado sobre una situación de riesgo en contra de Ana Lucía Pineda, su esposa. Fue justo después de que De la Espriella inscribiera oficialmente su precandidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el mes de julio.
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“El 22 de septiembre de 2025, el jefe de seguridad del accionante comunicó a la UNP la vulnerabilidad de la seguridad del precandidato y su familia, teniendo en cuenta su situación política. El demandante o su familia podrían ser objeto de atentados, como evidencia el conocimiento de amenazas en su contra tanto como el homicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay”, se lee en los argumentos del político en la tutela.
El juez Vega Alvarado le dio la razón al político De la Espriella y ordenó dejar sin efectos, por ahora, la resolución de julio de 2023 con la que se ordenó retirar parte de su esquema de seguridad. A renglón seguido, exhortó a la UNP para que “de manera inmediata, reestablezca las medidas de protección concedidas al accionante”: cuatro hombres de protección y un chaleco blindado. La UNP y la Policía tendrán dos días para remitir un informe escrito en el que sustenten la reintegración del esquema de seguridad del político.
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