Juez otorga beneficio de casa por cárcel al líder camionero Pedro Aguilar

Pedro Aguilar, expresidente de la Asociación Colombiana de Camioneros. / Óscar Pérez - El Espectador.

El Juzgado 10 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali otorgó el beneficio de casa por cárcel al líder camionero Pedro Aguilar condenado a 10 años y 1 mes de cárcel por estafar al Estado colombiano al solicitar el pago de camiones que debían salir de circulación pero que siguieron prestando el servicio. Esto se suma a la polémica generada por la salida de cárcel de Guido Nule, Emilio Tapia y Mauricio Galofre implicados en el carrusel de la contratación.

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En julio de 2016 Aguilar fue acusado por un antiguo socio suyo de encabezar el "cartel de la chatarrización" con el que se benefició ilegalmente de un programa del Gobierno para la renovación de la flota de camiones. Por este motivo Aguilar fue investigado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público y obstrucción, modificación o supresión de documento público.

El procurador general, Fernando Carrillo, anunció este miércoles 9 de enero la creación de un grupo especial que buscará prevenir las excarcelaciones de culpables de grandes casos de corrupción que recuperan su libertad luego de purgar algunos años de cárcel. “A partir de hoy vamos a constituir un grupo de vigilancia especial a esos procesos de macrocorrupción, pues con delitos de este tamaño los beneficios penales no se pueden poner en marcha", dijo Carrillo.

Otras de las críticas frente a este tipo de casos llegaron por parte del Gobierno a través de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, quien consideró que es una “burla” la decisión, al tiempo que puso en tela de juicio el propio proceso que antecedió a la condena. “No podemos seguir asistiendo a este espectáculo en el que los corruptos están viviendo como reyes en las cárceles, y después salen cuando no le han restituido a la nación los recursos que se han robado”, dijo Ramírez.

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En ese sentido, advirtió de presuntas fallas en el proceso de investigación y juzgamiento que condujo a la condena de Tapia, por lo que pidió explicaciones a quienes estuvieron detrás del mismo. “Hay que preguntarles a los funcionarios por qué no hicieron procesos de extinción de dominio desde el momento mismo en que se empezó el proceso. Es que siete años después, es gente que ya se declara insolvente”, agregó la vicepresidenta.