El juicio disciplinario de la Procuraduría en contra del canciller Álvaro Leyva por el caso de la licitación para la fabricación de pasaportes iniciará el próximo 15 de febrero. El Ministerio Público fijó la fecha para que, dentro de otras cosas, el suspendido ministro de Relaciones Exteriores podrá presentar pruebas para desvirtuar los cargos presentados en su contra.
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La Procuraduría resaltó que la génesis del caso, por el que suspendieron por tres meses a Leyva y se le endilgaron faltas calificadas como gravísimas a título de dolo, “tiene que ver con haber declarado desierta la licitación 001 de 2023, y decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que al parecer hubiera causales para adoptar esas determinaciones”.
Dentro de lo dicho por el ente de control, la “consulta formulada sobre la suspensión provisional por tres meses a Leyva Durán debe ser resuelta por el despacho de la Procuradora General de la Nación, trámite este totalmente independiente del juicio verbal que adelantará la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento”.
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La primera de las diligencias de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría contra el ministro de Relaciones Exteriores tendrá lugar en la sede de la Entidad.
Por su parte, el pasado jueves, la defensa del canciller Leyva le envió un documento a la Procuraduría en a que pedían levantar la suspensión en su contra, porque, supuestamente, la decisión se tomó sin imparcialidad ni objetividad. Además, le solicitaron a Margarita Cabello que se apartara del caso en contra del ministro.
De la misma manera, el viceprocurador general Silvano Gómez Strauch, manifestó que el no cumplimiento de la decisión adoptada por ellos “atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley, además de sentar un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional”.
Gómez Strauch aseguró que “nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”.
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