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Justicia niega participación de Mancuso en gran entrega de tierras en Córdoba

Aunque la Unidad para las Víctimas lo invitó en el marco de su gestoría de paz, la magistrada del sistema de Justicia y Paz que lleva su caso no lo dejó. Esto se sabe.

02 de octubre de 2024 - 01:30 p. m.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ofrecen declaración, en la sede de la Unidad para las Víctimas en Bogotá.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano y el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ofrecen declaración, en la sede de la Unidad para las Víctimas en Bogotá.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Para este jueves 3 de octubre, el gobierno nacional preparó lo que considera una de las entregas de tierras más potentes en la historia del país, en el marco de la Reforma Rural Integral. Se trata de la adjudicación de alrededor de 9.000 hectáreas en Córdoba y Magdalena a favor de campesinos y víctimas del conflicto armado, cuyos terrenos, en el pasado, pertenecieron a exjefes paramilitares de la talla de alias Macaco, Cuco Vanoy y Nico. Aunque el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, fue invitado por la Unidad para las Víctimas, la justicia le negó su participación en el evento que agrupará centenares de beneficiarios.

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Salvatore Mancuso está libre desde el pasado 10 de agosto, cuando un juzgado de ejecución de sentencias para las Salas de Justicia y Paz de toda Colombia agrupó sus numerosos procesos judiciales, casi 60 medidas de aseguramiento, y le otorgó el beneficio de la libertad de manera condicionada. Entre los compromisos que Mancuso tiene está la imposibilidad de visitar los departamentos de Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Atlántico, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander y cinco municipios de Antioquia, con el objetivo de proteger los derechos de las víctimas que dejaron a su paso los paramilitares.

Por ello, Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, envió una carta a la magistrada Luz Marina Zamora, de Justicia y Paz, solicitando permiso para que Mancuso pudiese estar en la entrega de tierras que se desarrollará este jueves. No obstante, la respuesta fue negativa. “La magistrada le negó la ida a Montería y luego a Buenavista, en Córdoba. Lo que la magistrada nos respondió es que por razones de seguridad de él no podía ir, como si pudiese haber un atentado en su contra”, le dijo Solano a El Espectador en entrevista.

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De acuerdo con la carta enviada por Solano a Justicia y Paz, la presencia de Mancuso en el evento para el campesinado y las víctimas era importante para lograr una reparación integral, ya que hubiese representado un gesto simbólico de gran valor para quienes van a recibir la tierra. Se esperaba que Salvatore Mancuso reconociera responsabilidad pública y se comprometiera, de nuevo, con la verdad, justicia y no repetición. El exjefe paramilitar lideró el proyecto paramilitar, justamente, en Córdoba.

En la carta, la Unidad para las Víctimas agregó que “el postulado tiene el deber ineludible de contribuir con la reparación de las víctimas” y que su seguridad iba a estar “garantizada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional”. Aún así, Solano aseguró que Mancuso sí estará presente el próximo 4 de octubre en Corferias, en Bogotá, en el encuentro nacional de sujetos de reparación colectiva, adelantada por la Unidad, en la que se espera que lleguen más de 1.000 representantes de distintas colectividades que exigen justicia.

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De otro lado, la entrega de tierras Córdoba y Magdalena promete llegar a las 50.000 hectáreas en lo corrido de octubre, según se comprometió el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman. Se trata de una estrategia conjunta de gobierno, en la que la Unidad para las Víctimas le vende a dicha Agencia terrenos que estaban en un fondo para la reparación colectiva. Algunos de los bienes fueron incautados por la Fiscalía, como parte del proceso de Justicia y Paz.

La ANT explicó que está “recuperando tierras para ponerlas al servicio de la Reforma Agraria y de los campesinos de la región, sino también por el contexto histórico que representan, pues eran predios que estaban a manos de aquellos quienes comandaron las masacres más dolorosas para el país, como lo fueron: La masacre de Mapiripan, El Aro, El Salado y Gabarra”. Por su parte, la Unidad para las Víctimas explicó que la primera entrega, la de este jueves, tiene un valor de referencia de más de $108.000 millones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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