En la mañana de este lunes 17 de noviembre, la Justicia Penal Militar y Policial anunció que su Fiscalía abrió una indagación relacionada con el bombardeo adelantado el pasado 10 de noviembre en el municipio de Calamar (Guaviare), contra las disidencias de “Iván Mordisco”. Una operación en la que murieron 20 presuntos integrantes de ese grupo al margen de la ley, entre ellos siete menores de edad que habrían sido reclutados forzosamente.
La muerte de los menores de edad en la operación ordenada por el presidente Gustavo Petro, que fue confirmada en la mañana del sábado 15 de noviembre por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, causó rechazo y cuestionamientos por parte de políticos de oposición, organismos de derechos humanos y entes de control. La Justicia Penal Militar y Policial se suma ahora a las entidades que tienen ese bombardeo bajo la lupa.
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“La institución asume este proceso con la máxima rigurosidad jurídica y técnica, con el propósito de verificar de manera objetiva si las acciones empleadas por los miembros de la fuerza pública se ajustaron a los principios y reglas que orientan el uso legítimo de la fuerza en el contexto del conflicto armado”, señaló la entidad por medio de un comunicado. Agregó que “reitera el respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y de legitimidad del actuar de la fuerza pública en el marco de sus operaciones”.
El anuncio por parte de esta instancia especial se da solo un día después de que la Procuraduría General de la Nación emitiera también un pronunciamiento en el que anunció el inicio de las investigaciones disciplinarias necesarias para establecer si, en realidad, durante la operación militar hubo errores que llevaron a la muerte de los siete menores de edad. En caso de ser así, dijo el Ministerio Público, aplicarán las sanciones correspondientes.
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De paso, el ente de control liderado por Gregorio Eljach rechazó la práctica del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc. Como lo dijo la propia Oficina para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, también en el contexto de este bombardeo, los menores de edad son usados como escudo humano para evadir hostilidades en el marco del conflicto.
También la Procuraduría en su pronuncimiento hizo un llamado de atención a las Fuerzas Militares para “observar y perfeccionar” sus prácticas en este tipo de operaciones. “Los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos, ni aceptamos ninguna excusa para ese crimen horrendo, que no es jurídicamente amnistiable ni estamos socialmente dispuestos a perdonar”, dijo el Ministerio Público.
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El presidente Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, han dicho desde que inició la controversia por la operación militar que el bombardeo contra las disidencias de las Farc tuvo luz verde ante la “inminencia” en la que se encontraban 20 uniformados que adelantaban operaciones en tierra, de una “amenaza letal” por parte del grupo comandado por alias “Iván Mordisco”.
Aunque en principio se mostró como exitosa la operación por el número de hombres armados muertos, la incautación de armas y material de intendencia, la muerte de los siete menores de edad ha provocado críticas contra el presidente Petro, que rechazaba con contundencia este tipo de operaciones en las que, siendo presidente Iván Duque, también murieron menores de edad.
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