Justicia Penal Militar indaga disparos de la Armada a lancha de alcaldesa en Nariño

Imagen de referencia. Versiones preliminares indican que la embarcación oficial de la Alcaldía no habría notificado su desplazamiento y al parecer se movilizaban en un horario no permitido.

Foto: Alcaldía de Mosquera

La Justicia Penal Militar anunció la apertura de una investigación formal por los hechos ocurridos en la madrugada del lunes 8 de septiembre en Mosquera (Nariño), cuando unidades de la Armada Nacional dispararon contra la lancha en la que viajaban la alcaldesa Karen Lizeth Pineda, su equipo de trabajo y su esquema de seguridad. El ataque dejó como saldo la muerte del asesor jurídico Luis Fernando Sánchez Caicedo y un escolta gravemente herido.

Según el comunicado oficial, hacia las 5:00 de la mañana, en el marco de labores de control y vigilancia, uniformados de la Armada interceptaron una embarcación que, presuntamente, habría hecho caso omiso a la orden de detenerse. Ante esa situación, los militares accionaron su armamento de dotación.

La Fiscalía 2438 de Conocimiento y su Policía Judicial asumieron de inmediato los actos urgentes bajo una noticia criminal por los delitos de homicidio y lesiones personales. “Se reitera el compromiso institucional para garantizar una investigación exhaustiva, transparente y conforme a la ley, que permita establecer las responsabilidades penales que correspondan”, informó la institución.

Un día después de los hechos, la Alcaldía de Mosquera emitió un comunicado en el que sostuvo que la comitiva de la mandataria fue víctima de una “reacción desproporcionada” de la Armada, ya que los disparos se produjeron sin advertencia previa. El pronunciamiento también rechazó los comentarios estigmatizantes en redes sociales y medios de comunicación contra los habitantes del Pacífico.

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“Los habitantes del Pacífico no somos delincuentes. Somos ciudadanos trabajadores, dignos y comprometidos con el desarrollo de nuestros territorios”, señala el comunicado. Desde la administración regional también exigieron garantías de seguridad, sin violencia ni estigmatización para ejercer la función pública en esta región históricamente golpeada por la violencia.

Investigaciones paralelas del caso

Además de la indagación penal militar, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para determinar qué pasó en el hecho en el que murió el asesor jurídico y establecer si hubo responsabilidad de parte de los uniformados. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, inició una indagación disciplinaria por el presunto incumplimiento de los protocolos en el uso de la fuerza.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó públicamente la muerte del asesor Luis Fernando Sánchez, y detalló que el episodio se presentó durante una operación de control fluvial de la Armada en el río Patía Guandipa (Nariño).

Sánchez también se refirió al estado de salud de Alvin Mosquera Peralta, policía del esquema de seguridad de la alcaldesa Karen Pineda, quien resultó gravemente herido en el mismo hecho. El uniformado fue evacuado en helicóptero de la Fuerza Aérea y permanece bajo atención médica en Cali (Valle del Cauca).

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que se adelanten “las investigaciones con el máximo rigor, con el fin de esclarecer lo ocurrido, tomar las acciones a que haya lugar y evitar que hechos como estos vuelvan a suceder”.

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