La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez, estructura urbana del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad en 78 hechos delictivos cometidos en los departamentos de Cesar y La Guajira entre 1995 y 2005. La decisión se dio tras el análisis de las pruebas y argumentos presentados por una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional.
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Los condenados son Óscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, quien comandaba el Frente Juan Andrés Álvarez, brazo urbano al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″; Amaury Gómez Ramos, alias “Bigotes” o “Binladen”, segundo al mando de la estructura; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias “El Pájaro”, señalado de participar en varias de las masacres atribuidas al grupo; y Evangelista Bastos Bernal, alias “Pedro” o “Jota”, encargado de labores logísticas dentro de la organización armada ilegal.
El tribunal determinó que los cuatro son responsables de delitos de lesa humanidad y de graves infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellos masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos de población protegida.
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Entre los episodios analizados en la sentencia figura la incursión armada en el municipio de Villanueva (La Guajira), ocurrida en la madrugada del 8 de diciembre de 1998, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en varias viviendas, retuvo a algunos de sus habitantes y asesinó a 11 personas.
El fallo también abordó el homicidio del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez, y del enfermero del hospital municipal, Jairo Ferias Fonseca, quienes fueron asesinados el 19 de septiembre de 1997 mientras se desplazaban por la vía entre Valledupar y Codazzi.
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Como resultado del proceso, los cuatro exparamilitares fueron condenados a penas privativas de la libertad de entre 240 y 480 meses de prisión, además de multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. No obstante, a todos los se les reconoció el beneficio de la pena alternativa contemplada en la Ley de Justicia y Paz.
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