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Con un tercer escrito de acusación radicado -los dos previos los devolvió el juez del caso-, la Fiscalía se apresta a por fin llamar a juicio a Guillermo Grosso y Eva Carrascal. Él es expresidente de Cafesalud y ejerció como agente interventor de Saludcoop EPS. Ella fue superintendente delegada para la Supervisión Institucional. Con sus arrestos, el 26 de octubre de 2018 se abrió un nuevo capítulo en los escándalos de la salud del país, y la Fiscalía asegura que tiene todos los soportes necesarios para lograr una condena en su contra: a Carrascal la acusó de seis cargos, a Grosso, de dos. Ellos, sin embargo, se declararon inocentes desde el inicio, y parecen dispuestos a dar la pelea por su buen nombre.
Grosso está en problemas por varios frentes. La Contraloría, por ejemplo, señaló el 10 de julio del año pasado que mientras estuvo a cargo de la intervención de Saludcoop, hubo un detrimento patrimonial de más de $80.000 millones, por haber supuestamente sobrepasado el presupuesto de gastos de administración. Ese hallazgo se remitió tanto a la Fiscalía como a la Procuraduría. Unos días después de ese anuncio, la Contraloría de nuevo se refirió a Grosso, indicando que en Cafesalud se gastó más de $2.000 millones en escritorios, televisores, neveras, entre otros, a pesar de que ese dinero solo podía invertirse en garantizar la prestación de servicios de salud para los afiliados.
Para Carrascal, el panorama es similar. En enero de 2018, la Procuraduría abrió investigación en su contra y ordenó su suspensión durante tres meses “por la presunta exigencia y recibo de dádivas a la IPS de Cafesalud”. Según el ente disciplinario, Carrascal cobraba “‘coimas’ para obtener la autorización y/o agilizar los trámites por parte de la Supersalud”. Medios de comunicación denunciaron en su momento que una de las cosas que habría hecho para ayudar a Cafesalud a cambio de un soborno es haber facilitado que los cuatro millones y medio de usuarios de Saludcoop fueran trasladados a Cafesalud, a pesar de que esta tenía un cupo máximo de 2’800.000 afiliados.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Grosso, Carrascal y dos hombres más, Jhon Alexánder Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez -detenidos también el 26 de octubre de 2018-, habrían formado un entramado para obtener beneficios. Por ejemplo, se lee en el escrito, Carrascal habría recibido $445 millones para poder comprar un apartamento en el norte de Bogotá, “a cambio de intervenir para agilizar el pago de cuentas médicas adeudadas por Cafesalud EPS a Medical Corporation”. Ese dinero, sostiene la Fiscalía, salió de Asesorías en Salud S.A.S., “que recibió el dinero de Medical Corporation”, de Innovasalud S.A.S. y de la cuenta bancaria de la madre de Jhon Alexánder Colmenares Russi.
De igual modo, establece la Fiscalía, Grosso, Carrascal, Colmenares Russi y Peña Ramírez “querían participar como socios en la nueva compañía que sería creada en virtud del proceso de reorganización” de Ecoopsos EPS, la cual en 2016 había solicitado formalmente la creación de una entidad comercial. Carrascal, “valiéndose de sus funciones y a cambio de promesa de beneficios económicos, ejecutó actos para incidir y agilizar el trámite de autorización de reorganización de esa EPS en el interior del ente de control”. Luego, asegura el ente investigativo, se reunieron Grosso, Colmenares Russi y Carrascal para que ella los asesorara “frente a algunos requerimientos de orden financiero que debía cumplir esta EPS”.
Son varias las empresas del sector salud que, se supone, se habrían beneficiado con los actos de corrupción que, dice la Fiscalía, cometieron Grosso, Carrascal, Colmenares Russi y Peña Ramírez. Figuran en el escrito de acusación nombres como la IPS Guajira S.A.S. -a cargo de Jhon Alexánder Colmenares Russi-, Caja de Compensación Familiar Cajacopi EPS -de la cual Javier Peña Ramírez era director nacional de salud-. La Fiscalía asevera que Carrascal revocó parcialmente los permisos con que funcionaban varias EPS (Comfacor, Comparta, Coosalud, Ambuq y Nueva EPS) para que Cajacopi recibiera sus más de 35.000 afiliados, como habría sucedido en marzo de 2017.
Asimismo, dice la Fiscalía, Grosso y Colmenares Russi habrían obtenido de parte de Carrascal “información privilegiada de Saludvida EPS” en el segundo semestre de 2017. “Además se reunió con el representante legal de la EPS y asesoró ilegalmente a estas personas (Grosso y Colmenares) para favorecer su contratación por parte de la entidad vigilada, con el fin de que estructuraran un plan de reorganización que se tramitó en esa misma época”. Carrascal también habría facilitado el retiro voluntario de los afiliados de Comfaboy EPS del régimen subsidiado. “Grosso Sandoval acudió a la dirección administrativa de la Caja de Compensación y ofreció sus servicios de asesoría para el éxito del trámite”.
En el escrito de acusación, además, sale mencionado un congresista de la República: Guillermo García Realpe. Según la Fiscalía, entre febrero y abril de 2017, Carrascal habría intervenido “para favorecer” a Guillermo Grosso y a Jhon Alexánder Colmenares Russi “con el fin de que estos pudieran brindar asesoría a la Caja de Compensación Familiar Nariño – EPS Comfamiliar de Nariño”, que al parecer requería entonces un plan de reorganización. “Gestionó reuniones o contactos entre Grosso Sandoval y un político de la región que podría tener incidencia en el manejo de la Caja de Compensación Familiar, concretamente, el senador Guillermo García Realpe”.
Hablan los defensores
Esta es la tercera vez que se radica un escrito de acusación contra Eva Carrascal y Guillermo Grosso. El defensor de este último, César Vargas, asegura que los hechos descritos por la Fiscalía en su escrito de acusación “son inexplicables en la medida que son profundamente incongruentes, y esta fue la razón por la cual el juez 25 penal del Circuito de Bogotá llamó enfáticamente la atención a la fiscal 34 delegada ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción. La incongruencia no permite a esta defensa tener claro los hechos por los cuales se le acusa al doctor Grosso”.
Vargas agrega: “La Fiscalía no especifica cuáles fueron los ofrecimientos, las retribuciones que supuestamente el señor Grosso entregó a la señora Carrascal ni mucho menos cuál fue la labor de determinación que ejerció Guillermo Grosso en relación con esa conducta endilgada. Se vulneran los derechos de los procesados, al no establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con Guillermo Grosso, es decir, cuándo, dónde y cuántas veces supuestamente él determinó en este delito a la señora Carrascal y cuáles fueron los ofrecimientos o entregas económicas que supuestamente se hicieron. El doctor Grosso, como se probará en el proceso, cumplió con las funciones que le fueron asignadas”.
“La doctora Carrascal no puso la función pública al servicio de los particulares (como asegura la Fiscalía)”, expresa David Albarracín. “Al contrario, la doctora Eva investigó, visitó y auditó las EPS, IPS y demás actores del sector salud que así lo ameritaban y proyectó las resoluciones que en derecho correspondían. Además, cuando se encontraban irregularidades con trascendencia penal, las denunció sin vacilar. Muchas de ellas en 2016 y 2017 ante el fiscal Luis Gustavo Moreno, director anticorrupción, y ante la fiscal delegada para el sector salud, la doctora Diana Mojica, fiscal 34 delegada ante Tribunal”. La fiscal Diana Mojica es precisamente quien llevó a juicio a Grosso y a Carrascal.
El abogado de la delegada de la Supersalud reitera que ella siempre actuó de acuerdo con la ley. “La doctora Eva denunció el cartel de la hemofilia en Córdoba y afectaciones al sector salud en Vichada. Los dos casos con investigaciones penales están andando, incluso personas judicializadas”. Sobre los cargos contra Carrascal, Albarracín explica que la Fiscalía venía de tiempo atrás interceptando a Jhon Colmenares Russi, a Guillermo Grosso y a Javier Peña, y que, aunque muchas veces ellos se refieren simplemente a “la doctora”, la Fiscalía afirma que se trata de Eva Carrascal: “Claramente no lo es, pues se refiere a gestiones o funciones que ella no tenía ni por asomo”.
Carrascal, confirma su defensor, era amiga de Colmenares Russi de tiempo atrás. ¿Cómo explica ella que parte del dinero de Colmenares Russi que terminó cubriendo parte del pago de su apartamento? “Cuando iba a comprarlo no tenía liquidez, pues no había podido hacer negocio con las propiedades de la liquidación de su sociedad conyugal. Acudió a Jhon y a otros amigos y amigas para conseguir los recursos, bajo el entendido de que con la liquidación de la sociedad conyugal pagaría”. Más importante aún, indica Albarracín: “Es fundamental entender que, al momento de estos préstamos, las IPS de la familia del señor Colmenares no tenían ninguna deuda a su favor con Cafesalud como lo sugiere la Fiscalía”.
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