La batalla de un excombatiente de las Farc por la custodia de su hijo

Francisco Paniagua, oriundo de Santa Fe de Antioquia, clama por tener a su hijo consigo. El excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc, que hizo parte del Frente 34, y hace unos años patrullaba con camuflado, botas de caucho y fusil al hombro las cruentas montañas del departamento que lo vio nacer, hoy libra una buena batalla. Pero ya no en la guerra, sino en los estrados judiciales: con una tutela exige que le otorguen la custodia de su hijo, que está en manos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF). En primera y segunda instancia, Paniagua fue derrotado. Pero aún le queda una última esperanza, pues el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional.

Paniagua, de 54 años, demandó al ICBF para que se le garantice la paternidad; que exista el restablecimiento de los derechos del niño y que, de alguna forma, se tumbe la situación de adoptabilidad en la que se encuentra su hijo en este momento. La decisión judicial más reciente en su proceso fue emitida el pasado 26 de marzo y en ella, el Tribunal de Antioquia ratificó, en segunda instancia, la decisión del Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia de negar lo que pedía el firmante del Acuerdo de Paz. El caso llegó al tribunal tras una impugnación que interpuso a través de su abogado. Ahora el caso reposa en el despacho del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La historia de Paniagua se remonta a cuando aún hacía parte de la extinta guerrilla. En medio de su entrenamiento militar con el grupo subversivo, el hombre inició una relación sentimental con una mujer, fruto de la cual tuvieron un hijo. Pero el dilema empezó cuando Paniagua no lo pudo reconocer legalmente, por su condición de combatiente de las Farc. La madre terminó registrando a su hijo con sus apellidos y cuidó de él durante los primeros años de su infancia. Al final, la mujer dejó al niño en manos de su mamá, abuela del menor.

Aunque hasta ahí, de alguna forma, todo parecía en orden, el calvario de Paniagua apenas empezaba. Si bien el niño quedó en manos de la abuela, con lo que no contaba el excombatiente era que ella en un “acto de buena fe” terminaría dejando al pequeño al cuidado de Bienestar Familiar para evitar que “anduviera en malos pasos”, según él mismo dijo en la demanda, en primera instancia. Para cuando ocurrieron los hechos, el excombatiente ya se encontraba en la cárcel por cuenta de tres condenas que le impuso la justicia por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y rebelión. No obstante, esto no fue impedimento para que le siguiera los pasos a su hijo.

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En septiembre de 2017, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Ibagué le otorgó libertad condicionada a Paniagua, en virtud del Acuerdo de Paz. En concreto, lo liberaron por el delito de rebelión, como a cientos de excombatientes que estaban recluidos por delitos relacionados con el conflicto armado. El padre estuvo ubicado durante un año en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia y desde allí, como un hombre libre, siguió con sus esfuerzos por buscar a su hijo. Su misión: obtener la patria potestad. Años más tarde, tuvo que acudir a la acción de tutela.

Paniagua reclamaba en su demanda que le reconocieran la paternidad, procurando que con esto se garantizara también el derecho a una familia para su hijo. Inicialmente, le habían exigido contar con casa propia para poder tener la patria potestad. El excombatiente, con el propósito de recuperar a su hijo, compró un terreno en Medellín, Antioquia. No obstante, lo que dice el expediente es que, para cuando el padre inició el proceso formal para recuperar a su hijo, el ICBF le notificó que el niño se encontraba en proceso de adopción bajo una resolución emitida en septiembre de 2018, y que, por ende, no podía continuar con el trámite.

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El juzgado que revisó la tutela en primera instancia dijo que Paniagua no interpuso recurso alguno en ese momento, y aunque, mencionó que no tenía cómo hacerlo debido a que no fue notificado porque no figura como progenitor, para el despacho es suficiente notificación que el trámite de adoptabilidad se formalizó por medio televisivo, como lo dispone el Código de Infancia y Adolescencia. Así, para cuando el excombatiente se acercó a solicitar la patria potestad ya había pasado un año desde que inició el proceso de adopción. “Solo hasta el 28 de octubre de 2019 formuló una petición ante el ICBF manifestando su disposición para asumir los cuidados del menor”, dijo el juez.

Aún con la negativa de Bienestar Familiar y la decisión de primera instancia, Paniagua impugnó, pues a su juicio para cuando manifestó su intención de hacerse cargo del niño, aún se encontraba a tiempo, pues no se encontraba en etapa de adopción. Eso ocurrió en febrero de 2019, y se escudó en que, si bien recobró su libertad en 2017, debió presentarse a la ETCR durante un año y, tras cumplir con sus obligaciones allí, empezó la batalla legal para recuperar a su hijo. Ahora que el proceso está en la Corte Constitucional el excombatiente solicitó, entre otras cosas, que se entreviste al niño para preguntarle si desea ser adoptado o quedarse con su padre biológico.

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Paniagua, quien le está cumpliendo a la justicia por sus acciones mientras fungió como miembro de la guerrilla, espera ganar su más grande batalla, ahora, reincorporado: la patria potestad de su hijo. Aunque el hombre fue condenado a más de 30 años de prisión en la justicia ordinaria, su expediente pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El caso llegó a la Sala de Amnistía o Indulto, que, en octubre de 2020, dijo que los delitos por los cuales era requerido no eran amnistiables. De ahí que su expediente haya sido remitido para investigación al macrocaso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por las Farc.

Aunque seguirá bajo la lupa de las autoridades, Paniagua todavía tiene el beneficio de libertad condicional que le otorgó la justicia ordinaria. Ahora en la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares tiene en sus manos un caso que ejemplifica las dificultades de la reincorporación: un excombatiente de las Farc que busca no solo resarcir el daño que hizo durante el conflicto armado, sino reintegrarse a la vida civil en todos sus aspectos. Incluido el formar una familia.

Francisco Paniagua, oriundo de Santa Fe de Antioquia, clama por tener a su hijo consigo. El excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc, que hizo parte del Frente 34, y hace unos años patrullaba con camuflado, botas de caucho y fusil al hombro las cruentas montañas del departamento que lo vio nacer, hoy libra una buena batalla. Pero ya no en la guerra, sino en los estrados judiciales: con una tutela exige que le otorguen la custodia de su hijo, que está en manos del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF). En primera y segunda instancia, Paniagua fue derrotado. Pero aún le queda una última esperanza, pues el caso fue seleccionado por la Corte Constitucional.

Paniagua, de 54 años, demandó al ICBF para que se le garantice la paternidad; que exista el restablecimiento de los derechos del niño y que, de alguna forma, se tumbe la situación de adoptabilidad en la que se encuentra su hijo en este momento. La decisión judicial más reciente en su proceso fue emitida el pasado 26 de marzo y en ella, el Tribunal de Antioquia ratificó, en segunda instancia, la decisión del Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia de negar lo que pedía el firmante del Acuerdo de Paz. El caso llegó al tribunal tras una impugnación que interpuso a través de su abogado. Ahora el caso reposa en el despacho del magistrado Alejandro Linares en la Corte Constitucional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La historia de Paniagua se remonta a cuando aún hacía parte de la extinta guerrilla. En medio de su entrenamiento militar con el grupo subversivo, el hombre inició una relación sentimental con una mujer, fruto de la cual tuvieron un hijo. Pero el dilema empezó cuando Paniagua no lo pudo reconocer legalmente, por su condición de combatiente de las Farc. La madre terminó registrando a su hijo con sus apellidos y cuidó de él durante los primeros años de su infancia. Al final, la mujer dejó al niño en manos de su mamá, abuela del menor.

Aunque hasta ahí, de alguna forma, todo parecía en orden, el calvario de Paniagua apenas empezaba. Si bien el niño quedó en manos de la abuela, con lo que no contaba el excombatiente era que ella en un “acto de buena fe” terminaría dejando al pequeño al cuidado de Bienestar Familiar para evitar que “anduviera en malos pasos”, según él mismo dijo en la demanda, en primera instancia. Para cuando ocurrieron los hechos, el excombatiente ya se encontraba en la cárcel por cuenta de tres condenas que le impuso la justicia por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y rebelión. No obstante, esto no fue impedimento para que le siguiera los pasos a su hijo.

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En septiembre de 2017, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Ibagué le otorgó libertad condicionada a Paniagua, en virtud del Acuerdo de Paz. En concreto, lo liberaron por el delito de rebelión, como a cientos de excombatientes que estaban recluidos por delitos relacionados con el conflicto armado. El padre estuvo ubicado durante un año en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia y desde allí, como un hombre libre, siguió con sus esfuerzos por buscar a su hijo. Su misión: obtener la patria potestad. Años más tarde, tuvo que acudir a la acción de tutela.

Paniagua reclamaba en su demanda que le reconocieran la paternidad, procurando que con esto se garantizara también el derecho a una familia para su hijo. Inicialmente, le habían exigido contar con casa propia para poder tener la patria potestad. El excombatiente, con el propósito de recuperar a su hijo, compró un terreno en Medellín, Antioquia. No obstante, lo que dice el expediente es que, para cuando el padre inició el proceso formal para recuperar a su hijo, el ICBF le notificó que el niño se encontraba en proceso de adopción bajo una resolución emitida en septiembre de 2018, y que, por ende, no podía continuar con el trámite.

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El juzgado que revisó la tutela en primera instancia dijo que Paniagua no interpuso recurso alguno en ese momento, y aunque, mencionó que no tenía cómo hacerlo debido a que no fue notificado porque no figura como progenitor, para el despacho es suficiente notificación que el trámite de adoptabilidad se formalizó por medio televisivo, como lo dispone el Código de Infancia y Adolescencia. Así, para cuando el excombatiente se acercó a solicitar la patria potestad ya había pasado un año desde que inició el proceso de adopción. “Solo hasta el 28 de octubre de 2019 formuló una petición ante el ICBF manifestando su disposición para asumir los cuidados del menor”, dijo el juez.

Aún con la negativa de Bienestar Familiar y la decisión de primera instancia, Paniagua impugnó, pues a su juicio para cuando manifestó su intención de hacerse cargo del niño, aún se encontraba a tiempo, pues no se encontraba en etapa de adopción. Eso ocurrió en febrero de 2019, y se escudó en que, si bien recobró su libertad en 2017, debió presentarse a la ETCR durante un año y, tras cumplir con sus obligaciones allí, empezó la batalla legal para recuperar a su hijo. Ahora que el proceso está en la Corte Constitucional el excombatiente solicitó, entre otras cosas, que se entreviste al niño para preguntarle si desea ser adoptado o quedarse con su padre biológico.

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Paniagua, quien le está cumpliendo a la justicia por sus acciones mientras fungió como miembro de la guerrilla, espera ganar su más grande batalla, ahora, reincorporado: la patria potestad de su hijo. Aunque el hombre fue condenado a más de 30 años de prisión en la justicia ordinaria, su expediente pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El caso llegó a la Sala de Amnistía o Indulto, que, en octubre de 2020, dijo que los delitos por los cuales era requerido no eran amnistiables. De ahí que su expediente haya sido remitido para investigación al macrocaso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por las Farc.

Aunque seguirá bajo la lupa de las autoridades, Paniagua todavía tiene el beneficio de libertad condicional que le otorgó la justicia ordinaria. Ahora en la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares tiene en sus manos un caso que ejemplifica las dificultades de la reincorporación: un excombatiente de las Farc que busca no solo resarcir el daño que hizo durante el conflicto armado, sino reintegrarse a la vida civil en todos sus aspectos. Incluido el formar una familia.