:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/qnJIYMtPSp_ytMnvJs7MV-TkN-4=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/XDSVG5LIGNAXRE6BHMWCQEYDZE.JPG)
En veremos quedó la acusación en contra del exgobernador de Boyacá, hoy magistrado de la Comisión de Disciplina, Juan Carlos Granados, que estaba programada para este miércoles 3 de febrero de 2021 por un caso de presunta corrupción que lo vincula con la multinacional Odebrecht. Según la Fiscalía, durante su mandato como gobernador (entre 2012 y 2015) intentó beneficiar a la compañía brasileña con la adjudicación de contratos en el departamento, a cambio de recibir grandes sumas de dinero.
El proceso ya estaba a punto de surtir su etapa de acusación, pero, este martes, se conoció que, por un lado, Granados solicitó la suspensión de la diligencia argumentando que su abogado no estaba listo para ejercer la defensa y, por otro, la Comisión de Acusación le pidió a la Fiscalía que el caso del magistrado Granados y cualquier otro proceso penal que adelante el ente investigador contra alguno de los magistrados de la Comisión de Disciplina, sea remitido a esa corporación, que es la competente para conocer las investigaciones de los aforados.
“Me permito solicitarle de manera comedida se sirva a informar y si es del caso remitir las indagaciones y/o investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación contra las personas que a continuación se relacionan”, indicó la Comisión de Acusación a través de un oficio fechado del 22 de enero de 2021, en el que presentó una lista con los nombres de los siete magistrados que conforman la Comisión Disciplinaria, entre los que se encuentra Juan Carlos Granados. (Lea también: “Tengo convicción de mi inocencia”: Juan Carlos Granados)
Lo propio hizo la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal que adelantaba una investigación disciplinaria contra Granados, Bernardo Umbarila (secretario de infraestructura de Boyaca) y a Alfred Ignacio Ballesteros (director de la CAR) por los mismos hechos. Esta delegada, el pasado 15 de enero, emitió un oficio en el que informó que remitía las diligencias adelantadas en este caso a la Comisión de Acusación.
“Por conocimiento público y a través de distintos medios de comunicación, el doctor Juan Carlos Granados Becerra, investigado en esta cuerda procesal, fue elegido como magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial por el Congreso de la República (…) Así las cosas y dada la calidad de magistrado de Alta Corte de uno de los sujetos procesales, resulta forzosa la remisión por competencia de las presentes diligencias a la Comisión de Acusaciones”, precisó el Ministerio Público. (Le puede interesar: Juan Carlos Granados, nuevo magistrado de la Comisión de Disciplina Judicial, a juicio por caso Odebrecht)
Con respecto a la solicitud de Granados para que se suspendiera la audiencia que se iba a realizar mañana miércoles en la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema, el magistrado explicó que el abogado Óscar Fernando Mesa Granados, a que designó para que ejerciera su defensa, no había tenido el tiempo suficiente para empaparse del proceso penal y, por tanto, no se encontraba listo para afrontar la diligencia. La Corte escuchó la petición del exgobernador y determinó aplazar la audiencia de acusación sin precisar cuál sería la nueva fecha.
Esta no es la primera vez que el magistrado que ahora tiene la labor de investigar a fiscales, jueces y abogados por malas acciones disciplinarias, pide aplazar la acusación en su contra. En agosto de 2020, la Fiscalía fijo la audiencia de acusación para diciembre de ese mismo año, es decir con cuatro meses de antelación. Sin embargo, a comienzos de diciembre Granados pidió que se suspendiera la audiencia porque había tenido diferencias con quien era su abogado defensor relacionadas con el pago de honorarios. (Noticia relacionada: Caso Odebrecht: denuncian que investigación contra Juan Carlos Granados pasaría a Comisión de Acusación)
Lo cierto, es que por segunda vez la acusación de la Fiscalía contra Juan Carlos Granados quedó en pausa. Lo que se espera es que el proceso penal del magistrado sea remitido formalmente a la Comisión de Acusación y sea esta Corporación la que tome las decisiones correspondientes al caso.