La compulsa de copias al magistrado Pretelt por desplazamiento forzado

Un nuevo capítulo en el escándalo de la Corte Constitucional comienza a escribirse. Esta vez, el magistrado Jorge Pretelt Chaljub y su esposa, la procuradora Judicial Martha Ligia Patrón López, tendrán que responder por la compra, al parecer, irregular de dos predios conocidos La Corona y Alto Bonito, ubicados en el Urabá. El ente investigador ya citó a interrogatorio a Patrón López el próximo viernes. Sin embargo, se conoció que la esposa del magistrado salió del país y lo más probable es que no se presente a la diligencia, según Pretel, porque se trata de una persecución del fiscal general Eduardo Montealegre.

Hasta el momento no se ha recibido ninguna excusa por parte de la procuradora que tendrá que presentarse ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema ya que es una aforada constitucional. En cuanto al magistrado Petelt, El Espectador conoció la compulsa de copias que emitió el pasado 19 de marzo para que la Comisión de Acusaciones indague si el magistrado tuvo algo que ver con las presiones que denunciaron los campesinos que vendieron los predios y que, además, se investigue por qué el comandante paramilitar y hombre cercano a los hermanos Castaño, Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias “Monoleche”, lo menciona en sus versiones en Justicia y Paz.

Mientras que Martha Ligia aparece vinculada directamente con la compra de Alto Bonito –ya que fue quien le compró directamente las tierras en 2003 al denunciante del despojo, Manuel Gregorio Hernández Soto–, los enredos de Pretelt están asociados con el negocio que se hizo con la finca La Corona. En este último caso la víctima fue el campesino Reynaldo Pascual Villalba, un hombre que el 12 de marzo de 1992 tuvo que abandonar sus tierras por órdenes de “Monoleche”.

En un audio de casi 16 horas, se escucha a “Monoleche” responder una serie de cuestionamientos sobre los hechos que ocurrieron en la vereda Puya Arriba del municipio de Turbo (Antioquia). La diligencia se realizó el 6 de octubre de 2011. Al preguntarle que si tenía conocimiento de que Evelio Díaz, alias el “Burro”, había presionado a Villalba para que vendiera su finca La Corona de 66 hectáreas, Roldán Pérez contesto que el caso era muy bueno “porque, inclusive, estas tierras que estamos hablando son aproximadamente de unas 1.500 o 1.000 hectáreas hoy en día creo que es de un magistrado”.?? Según la víctima, el “Burro” le dijo que si no vendía lo haría la “viuda de su esposa”, a quien solo le pagarían $14 millones.

En su relató, “Monoleche” agregó: “señor fiscal tendrá que ser el señor magistrado Jorge Pretelt sentarse con usted para contarle cómo compró las tierras, pero lo que estoy seguro es que este señor nunca compró las tierras bajo presión ni con grupos armados en esa región y es dueño hoy en día., tengo entendido, de esas tierras que esta reclamando esta víctima. De todas maneras esto va a ser muy importante”.??

El fiscal del caso, le preguntó a “Monoleche” otra inquietud que tenía la defensa de Villaba era si él conocía a el “Burro”, de quien decían, era la mano derecha de Pretelt. Roldán Pérez manifestó que tenía entendido que este último era el administrador o el señor que trabajaba con el magistrado y que, según había escuchado, estaba muerto. Inmediatamente le indagaron a “Monoleche” si el “Burro” hizo parte de las autodefensas.??

Roldán Pérez contestó: “No sé señor fiscal de que “Burro” habla porque hubo un “Burro” que trabajó en una finca de esas, no sé por el nombre (…) que era administrador y vaquero y luego pasó a La 35 (la reconocida finca de los Castaño), hizo el curso de ingreso a las autodefensas. Entonces esto es muy importantes lo que está reclamando este señor Villaba, de la compra de estas tierras que hizo Pretelt”.?? Pero precisó que había que tener en cuenta que el “Burro”, cuando trabajó con el magistrado, no tuvo ningún vinculo con los paramilitares sino que hizo parte de las filas solo cuando Carlos Mauricio García, alias “Doble Cero” lo reclutó a finales de los 90.

Por este motivo, la Fiscalía General solicitó que se establezca si en esta compraventa en la que aparecen Pretelt Chaljud y Patrón López se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos.