Por tercera vez una autoridad judicial compulsó copias para que se investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, perpetrada por el paramilitarismo en octuibre de 1997 en ese corregimiento antioqueño. Esta vez fue la Fiscalía que, tras escuchar una declaración juramentada del excomandante paramilitar y jefe de la Oficina de Envigado, Diego Murillo Toro, alias Don Berna, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que indague la responsabilidad que pudo tener Uribe, en ese entonces gobernador de Antioquia, durante la incursión paramilitar de tres días que dejó 15 muertos.
Esta petición ya la había realizado el magistrado Rubén Darío Pinilla de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, cuando en su decisión de quitarle beneficios judiciales a una serie de desmovilizados indicó que el expresidente Uribe y mandos militares de la región debía explicar en qué contexto sucedieron los hechos y cuál fue su participación. Sin mebargo, por razones jurídicas el procedimiento fue anulado por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2014.
La segunda vez que al expresidente Uribe lo llamaron a responder por la masacre de El Aro fue en febrero de 2015. Lo hizo nuevamente el Tribunal Superior de Medellín en el fallo que emitió contra el exjefe paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco, comandante del Bloque Mineros, uno de los responsables de la masacre. En la sentencia reposa la declaración de una víctima que indicó que durante los tres días de la incursión de las autodefensas, cuyo objetivo era arrebatarle el control territorial a la guerrilla, se vio un helicóptero amarillo que pertenecía a la gobernación de Antioquia que supuestamente estaba abasteciendo a los paramilitares.
Esta versión fue corroborada por Don Berna, quien el pasado mes de agosto le dijo a la Fiscalía que el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, conocía en detalle de la operación que se desarrollaba en El Aro y que, por tal motivo, consideraba que el entonces gobernador Uribe tenía conocimiento. Estas declaraciones han generado debate. Mientras el fiscal general, Eduardo Montealegre, argumenta en su solicitud de investigar a Uribe, que se basa en una presunta omisión a la hora de proteger a los pobladores, Uribe y su partido el Centro Democrático alegan persecución política y afirman que se trata de una estrategia de cara a las elecciones del 25 de octubre.
Otro de los hechos por los que la Fiscalía pide indagar a Uribe es por la muerte violenta del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle Jaramillo, quien un año antes de la incursión paramilitar en El Aro había advertido a las autoridades sobre el riesgo que se corría en la región. Valle fue asesinado en febrero de 1998, cuando sus denuncias contra la Fuerza Público y la administración departamental por nexos con paramilitares se agudizaban. Cabe recordar que las denuncias por la omisión de las autoridades en la masacre de El Aro, fueron mencionadas en la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia por esta masacre.
Don Berna manifestó que el homicidio de Jesus María Valle fue una petición de Pedro Juan Moreno. “Uno de los que incitó o le dijo a Carlos (Castaño) que había que asesinar a Jesús María Valle, fue el secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno”, aseguró el excomandante paramilitar. Al final de su vida, Pedro Juan Moreno se distanció de Uribe y se convirtió en fuerte opositor suyo. No obstante, Moreno murió el 24 de febrero de 2006 en un accidente, al estrellarse el helicóptero en el que se transportaba.
Desde el Centro Democrático cuestionaron que la decisión del fiscal Montealegre se realice en momentos en los que el Gobierno y las Farc ultiman detalles de un acuerdo sobre el tema de justicia, producto de las negociaciones en La Habana. A su vez, el procurador Alejandro Ordóñez expresó: “no es accidental que estas investigaciones se hagan cuando se va a conocer el acuerdo de justicia transicional (...) Le presta un flaco servicio a la paz que aparezcan determinadas actuaciones judiciales como un mecanismo de venganza contra quienes combatieron a las Farc (...) las Farc han dicho que no habrá paz sin que se judicialice al expresidente Uribe”.
Sin embargo, la Fiscalía fue más allá y solicitó también que se investigue a l expresidente Uribe por la muerte del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández en abril de 2009. Villalba fue un desmovilizado que en 2008 declaró ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que Uribe mismo le dio la orden de cometer la masacre en 1997. Sobre el tema se refirió Don Berna, quien aseguró que en una reunión con Villaba en la cárcel, cuando le preguntó sobre este asunto, Villaba le dijo que iba a continuar con los señalamientos porque era una manera de desahogarse con lo que pasó.
Ante los anuncios de la Fiscalía, ayer mismo se pronunció el expresidente Uribe y a través de su cuenta de Twitter sostuvo que está acostumbrado “a infamias, especialmente en épocas electorales”. El exmandatario agregó: “el Fiscal está desviando la atención por sus millonarios contratos, que sumados a los del presidente Juan Manuel Santos suman casi 500 mil millones (...) Eso es corrupción y derroches. El país sin fiscales y ahora sale con esto”. Su partido Centro Democrático expidió una declaración aspoyándolo. La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra.