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25 Dec 2022 - 5:01 p. m.

La condena a exparamilitar que terminó trayendo justicia restaurativa a los Kamkuamo

El asesinato de un docente de la comunidad indígena no solo dejó a su paso una condena para el exjefe paramilitar que cometió el crimen, sino que el juzgado reconoció que el pueblo ha estado afectado por la violencia históricamente, por lo que instó a la Fiscalía para que exista un espacio simbólico de perdón por parte de los victimarios.
La condena a exparamilitar que terminó trayendo justicia restaurativa a los Kamkuamo
La condena a exparamilitar que terminó trayendo justicia restaurativa a los Kamkuamo
Foto: Óscar Pérez

Dos exmiembros de las AUC, en febrero de 2003, asesinaron al profesor Rufino de Jesús Maestre. El miembro de la comunidad indígena Kankuamo estaba esperando transporte público para asistir a sus clases en la escuela el Nuevo Amanecer, en Valledupar, cuando fue increpado por las dos personas que sin mediar palabra lo impactaron en varias ocasiones con arma de fuego. El hecho jurídicamente se resolvió nueve años después cuando un juez de Bogotá condenó a más de 30 años de prisión al exjefe paramilitar Jairo Alegría Martínez, alias Carlos Alegría, y ordenó que la comunidad indígena tuviese justicia restaurativa, por lo que instó a la Fiscalía que exista un espacio simbólico de perdón sobre esa población que ha sido históricamente azotada por la violencia.

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Carlos Alegría durante 2003 fungió como comandante de los grupos urbanos que tenía a su servicio el Frente Mártires del Cesar que estaba adscrito al Bloque Norte de las extintas AUC. El exjefe paramilitar, de 62 años, fue agente de la Policía durante un poco más de 10 años y, en este momento, se encuentra privado de la libertad en la cárcel de máxima seguridad la Tramacua de Valledupar por otros actos de violencia que cometió en esa zona del país. La actual condena se suma al frondoso prontuario que posee desde que enlistó las filas del grupo paramilitar. No obstante, el juzgado que le impuso la pena consideró pertinente aclarar que las sentencias no son suficientes para reparar.

En un fallo de más de 90 páginas, el despacho hizo hincapié en la vulneración latente que ha tenido esa comunidad indígena por cuenta del conflicto armado e, incluso, basado en testimonios de líderes de la comunidad expuso el panorama que han enfrentado y el escenario que tienen actualmente. “El pueblo Kankuamo enfrenta en la actualidad, además de los problemas de violencia contra sus líderes y los miembros de su pueblo, la insuficiencia territorial, la cual dificulta la reproducción material e inmaterial de su cultura, y la puesta en marcha de acciones que, en concordancia con su Plan de Vida afiancen la autonomía y aseguren la gobernanza”, dice el fallo.

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En pocas palabras, la comunidad indígena en la actualidad busca hacer efectivo el plan de vida que tiene como fin garantizar no solo la supervivencia física, sino también cultural a través de planes que vinculen a la comunidad con proyectos que repercutan positivamente en el goce de sus derechos. Para el despacho está claro que el conflicto armado ha sido un detonante para que el pueblo indígena no surja, pues fue víctima de múltiples desplazamientos forzados que les ha costado su arraigo en un territorio. Además, esa situación ha fomentado que no profesen sus creencias por temor a que el estigma generado por el conflicto siga fomentando afectaciones en su entorno.

Gilberto Arlan Ariza, líder de la etnia, le dijo al despacho que, aunque los grupos al margen de la ley no los exterminaron, su intención sí era erradicar a quienes fueran miembros de esa comunidad. Esa situación se materializó en incursiones paramilitares y guerrilleras dentro de su territorio lo que, en su momento, los llevó a un desarraigo cultural. “Hoy todo ese tipo de cosas ha generado una vaina en nuestros hijos que se llama orfandad territorial y en esa orfandad territorial hoy nuestros hijos que nacieron en una ciudad como Bogotá o llámese como se llame no tienen esa relación con el territorio que va ligado a lo que tiene que ver con la placenta y el ombligo y por supuesto el hecho de no mantener ese arraigo territorial nos aleja un poco del territorio”, dijo.

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Para el líder indígena que, rindió su versión ante el despacho, está claro que hay situaciones que deben tener reparación y mitigar los daños que en su momento se causaron. “Es necesario que haya algunas acciones para que eso se de lo que tienen que ver con la reparación… mitigar los impactos causados, y una política pública que lleve a que el caso del pueblo Kankuamo tenga una reparación… diferencial de acuerdo con como está estipulado como pueblos indígenas”, explicó en medio de su intervención. Con ese testimonio de por medio, el despacho catalogó los actos y la presencia de las AUC como un hecho de “brutalidad, sevicia e indiferencia” frente a la comunidad.

“Cifras frías y desarraigadas que, para este despacho, generan la imperiosa obligación legal, constitucional y moral de divulgar. Es por ello que, esta judicatura incorpora una exhortación de asunción de responsabilidad, reconocimiento y perdón por parte de los victimarios, bajo la firme creencia que el proceso penal no cesa con el proferimiento de condena en su contra, sino que, continua hasta tanto se cumpla con la sanción punitiva impuesta por el Estado en fase de ejecución de la pena, como un eslabón más de reestructuración del tejido social y los reconocimientos de responsabilidad”, dijo en su providencia el despacho.

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La Fiscalía, entonces, por orden del juzgado, debe preparar un escenario para que exista la confesión y aceptación de hechos violentos que marcaron la vida los Kamkuamo. Exmiembros del Bloque Norte de las AUC deben estar en un mismo espacio con la comunidad reconociendo el daño perpetrado años atrás y, como muestra de arrepentimiento, deben ofrecer perdón, no solo a los familiares del profesor asesinado, sino a todos los miembros de la comunidad. La declaración que entreguen los victimarios deberá restablecer la dignidad del docente. Además, el reconocimiento de responsabilidad debe ir cargado con un mensaje compromiso sobre no repetición de esas conductas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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