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En 2009, la Corte Constitucional declaró que los pueblos indígenas del territorio nacional estaban en riesgo de exterminio físico y cultural por cuenta del conflicto armado y el desplazamiento forzado, incluidos el jiws y nukaks, ubicados en Meta y Guaviare. En 2012, ratificó que las violaciones a sus derechos continuaban y dio dos órdenes: la creación de un plan provisional urgente para atender sus necesidades más apremiantes y reubicar a las familias en mejores condiciones. A la fecha, aunque ha habido algunos avances, no ha sido posible cumplirlas. Por eso, el alto tribunal volvió a tomar cartas en el asunto y calificó el estado actual del pueblo jiw en Meta como una “crítica situación humanitaria”.
Un diagnóstico realizado en 2010, allegado a la Corte, sentó las bases del problema. Desde el año 2004, las comunidades jiws ubicadas en zonas aledañas al río Guaviare, en donde están sus territorios ancestrales, empezaron a desplazarse por culpa de la guerra y a asentarse en las cabeceras municipales de San José del Guaviare y Mapiripán, en el Meta. Homicidios, víctimas de accidentes por municiones sin explosionar y desapariciones motivaron la petición de acompañamiento al Estado colombiano. En 2008, cerca de 50 familias fueron ubicadas por la Gobernación del Meta en un predio denominado Las Zaragozas. Para 2012, había ya entre 900 y 1.200 indígenas y fueron llegando más.
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La orden que dio la Corte Constitucional en 2012 consistía en que el gobierno de turno y las autoridades locales debían crear en dos meses ese plan urgente con atención humanitaria, en salud, refugio o alejamiento temporal, agua potable, seguridad alimentaria y vivienda digna, mientras avanzaban en la compra de predios para la reubicación temporal. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que representa a las comunidades jiws del Meta desplazadas (ya que la mayoría siguen en el Guaviare) presentó un desacato, alegando que las autoridades no han cumplido y que sus condiciones actuales siguen “propiciando el exterminio cultural y físico” de estos indígenas. Entre otros, porque los jiws son nómadas, cazadores y recolectores.
“Ese tránsito requiere acompañamiento constante, y no se hizo. Desde hace más de 10 años que viven en el Meta y no han podido recuperar su forma de vida”, señaló a este diario la abogada Diana Muriel, de la Comisión Interclesial. Todo este asunto fue analizado nuevamente por la Sala de Seguimiento de la Corte a la famosa Sentencia T-025 de 2004, que declaró que en Colombia hay un estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, con el cual se han venido propiciando mesas de trabajo para lograr avances reales y superar este flagelo. Y, el pasado 7 de junio, la Corte hizo pública su decisión.
Medidas urgentes
En auto conocido por El Espectador, el alto tribunal determinó que el Gobierno poco ha acatado las órdenes impartidas desde 2012, aunque destacó algunos avances. ¿Cuál es la situación actual de las comunidades? ¿Qué hace falta? ¿Qué responde la Unidad de Víctimas? Primero, la Comisión Intereclesial precisó que 228 familias (977 personas) ya salieron de Las Zaragozas y se reubicaron en diciembre de 2018 en tres asentamientos de 1.730 hectáreas, llamados La Pacora, Rebelde y La Conquista. Se encuentran a cuatros horas del casco urbano de Mapiripán (Meta).
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Los terrenos están titulados en el resguardo indígena El Naexalt Laj, constituido el 3 de agosto de 2018. Esa gestión la realizó la Agencia Nacional de Tierras como parte de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional. Pero, según la Comisión Interclesial, hoy en día no tienen agua potable o condiciones para preservar sus modos de vida. Mientras se hicieron las gestiones correspondientes para la adquisición de los terrenos, además, la Corte constató que la Unidad de Víctimas dejó de entregar la ayuda humanitaria entre diciembre de 2017 y junio de 2018 en Las Zaragozas, inexplicablemente.
Si bien el auto de la Corte no hace referencia a que ya se hizo la reubicación en los nuevos predios, la Corte sí constató que en Las Zaragozas los indígenas no contaban con vivienda digna, “lo cual aleja aún más la posibilidad de hacer efectivo su derecho”. A esto se suma que la propia Unidad de Víctimas le expuso a la Corte 10 puntos que impiden concretar el plan provisional urgente: déficit de presupuesto, nuevos riesgos, la situación de orden público, los cambios de diseños de los alojamientos y las dificultades en los predios que adquirió la ANT y contaminación de las fuentes hídricas “por parte de la empresa Poligrow”, entre otros.
“Esta Corporación identifica la existencia de obstáculos físicos y jurídicos que inciden en el cumplimento de esta orden, los cuales no son imputables a la gestión de la Unidad para las Víctimas, ni su solución depende exclusivamente de ella, tales como: condiciones de orden público; problemas de articulación y coordinación interinstitucional; afectaciones ambientales, asociadas al desarrollo de proyectos agroindustriales; y el aumento de familias en el predio ‘Las Zaragozas’”, señaló la Corte.
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Sobre la reubicación, el alto tribunal aclaró que la solución, aunque temporal, requiere predios aptos para la vivienda y cultiva, “pues su propósito es garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades, así como prevenir la ocurrencia de nuevos desplazamientos”. Y sobre los predios comprados, asignados desde 2017, la Corte constató que aún no lograban la obligación de ser aptos para vivienda y cultivo. En diálogo con El Espectador, la abogada Muriel dijo que en el lugar apenas hay tres viviendas y señaló que la reubicación se hizo sin acompañamiento institucional.
En respuesta a la consulta que hizo este diario, la Unidad de Víctimas tampoco hizo referencia a la reubicación que hicieron los indígenas, sino a diferentes gestiones como la entrega el pasado 11 de junio de 2019 de “ayuda humanitaria de los indígenas de Las Zaragozas”. “En lo corrido de 2019, la Unidad entregó ayuda en especie (kit alimentos – kit de aseo) a 451 hogares indígenas jiws asentados en el Guaviare y Meta, por un valor de $282.055.159”.
Por ahora, lo único claro es que la situación del pueblo jiw en el Meta sigue siendo crítico. En 2018, la Comisión radicó una queja en la Procuraduría que advierte riesgos y amenazas. Por ejemplo, que el 23 de julio de 2018, en Las Zaragozas un integrante del Cabildo Mayor del Pueblo Jiw fue detenido por un grupo de unos 12 hombres armados y sin identificarse.“El 24 de julio fue observado por un joven un grupo de aproximadamente diez hombres con armas largas, vestidos de negro y con el rostro cubierto, en el predio Pacora, entregado por la ANT. El joven huyó de la zona, pero fue perseguido por cinco de estos, hasta que logró escabullirse en el asentamiento Las Zaragozas”, dice la denuncia.
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La Corte anunció que citará a una nueva mesa de trabajo “atendiendo a la crítica situación que afrontan las comunidades jiws en Mapiripán” e hizo llamado de atención a la Unidad de Víctimas para que bajo ninguna circunstancia vuelva a dejar de entregar la ayuda humanitaria, y menos sin explicaciones, por lo que compulsó copias a la Procuraduría. La Unidad le dijo a este diario que “se encuentra realizando todos los esfuerzos posibles” para lograr mejorar las condiciones de las comunidades. Entretanto, para la Comisión Intereclesial, el proceso de seguimiento que adelanta la Corte no provoca aún los efectos esperados para superar la crisis: “Llevamos 10 años hablando de lo mismo y la crisis humanitaria se agudiza año tras año en lugar de superarse esa condición”.
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