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23 Jan 2022 - 2:00 a. m.

La cruzada de un estudiante por eliminar la homofobia de la donación de sangre

Diego Rico es un estudiante de Derecho que puso una tutela, junto a su pareja, luego de que les impidieron donar sangre en Cali. El recurso fue seleccionado por la Corte Constitucional. Organizaciones de derechos humanos piden corregir la discriminación histórica que ha excluido a los LGBT de donar por asociarlos con el VIH.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista Judicial
Diego Rico tiene 22 años y busca que, con su tutela, la Corte contribuya a tumbar un estigma histórico contra las personas LGBT.  / Archivo particular
Diego Rico tiene 22 años y busca que, con su tutela, la Corte contribuya a tumbar un estigma histórico contra las personas LGBT. / Archivo particular

“Las personas LGBT seguimos siendo discriminadas y esto es una muestra”, dice Diego Rico Rivillas desde Cali. Tiene 22 años, estudia Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá y desde el año pasado se embarcó en una batalla jurídica por tumbar las barreras que impiden que los hombres homosexuales y las personas trans donen sangre. Una tutela que presentó, junto a su novio, fue seleccionada para revisión en la Corte Constitucional y, aunque hace diez años ese mismo alto tribunal falló un caso similar, Rico asegura que “en la sociedad, en las instituciones y en el Derecho se siguen perpetuando estereotipos y prejuicios históricos” que ahora quiere corregir.

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La historia comenzó con una llamada que recibió su novio hace un año. “Un banco de sangre en Cali [el del Hospital Fundación Valle del Lili] necesitaba donantes, como usualmente sucede”, recuerda. El 21 de enero de 2021 fueron al lugar y, tras tomarles sus datos y hacerles las preguntas de rigor, la auxiliar de enfermería que los atendió les dijo que no podían donar sangre. “Nos dijeron que no por ser una pareja homosexual. Dijimos que somos estables, monogámicos, que usamos condón, pero nos dijeron que con el simple hecho de ser una pareja homosexual que sostenía relaciones, automáticamente estábamos excluidos del proceso de donación”, contó Diego Rico.

El estudiante agregó: “Nos sentimos humillados, denigrados, sucios”. Les impactó descubrir que era el mismo Estado el que estaba legitimando lo que a sus ojos era homofobia pura y dura. “Primero nos informamos. Enviamos una cantidad de derechos de petición para entender y tener certezas sobre qué era lo que sucedía. Nos parecía insólito”, añade. Con indignación y “digna rabia”, Diego Rico dice que fue entendiendo: “No fue el comportamiento de un banco de sangre aislado, homofóbico, que desconocía la normatividad y los derechos. Por el contrario, nos dimos cuenta de que era una práctica habitual y sistemática de todos los bancos de sangre del país”.

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En las respuestas, le explicaron que había una resolución del Ministerio de Salud (3212 de 2018) y una guía del Instituto Nacional de Salud (INS) llamada lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia que, en efecto, excluían como donantes a hombres que tuvieran sexo con hombres porque están en mayor riesgo de contraer VIH. “Ahí nos dimos cuenta de que sí era discriminatorio. Nos contestaron que la razón de la exclusión era que había un índice del 1 % de prevalencia de VIH en poblaciones LGBT, pero cuando les preguntamos cuántos hombres gais había en Colombia, no tienen idea”, explica.

En otras palabras, la prohibición para que hombres homosexuales donen sangre podría estar más basada en prejuicios que en información verídica sobre su posibilidad de estar contagiados con VIH. A Diego Rico esa respuesta solo le aumentó la rabia. Por eso, se puso manos a la obra, acompañado de un grupo de amigas en el que hay estudiantes de Derecho, Sociología, Ciencia Política, Literatura y Medicina, y una profesora de Salud Pública para tumbar esas normas. “No queremos que esto les pase a otras personas”. Así que interpuso una tutela. Venció en ambas instancias y ahora quiere que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el caso.

El fantasma del VIH

Rico cuenta en su tutela que la asociación del VIH con el sexo homosexual nació en California en 1981, cuando comenzaron a presentarse casos de neumonía y sarcoma. La demanda dice que “esta medida se introdujo para prevenir la transmisión del VIH, en un período de gran incertidumbre científica y un importante pánico moral sobre esta enfermedad”, por los mismos días en que este virus era llamado “cáncer gay” o “peste rosa”. En la actualidad existen tratamientos para vivir una vida saludable con el virus y prevenir su contagio, pero el “estigma”, como lo llama el demandante, persiste en contra de las personas LGBT.

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“Lo que se espera es que las personas puedan donar sangre, más allá de quiénes son, sino concentrándose en criterios de riesgo reales. Pero esta forma de discriminación, en últimas, es un rezago del estigma contra el VIH”, señala Juan Felipe Rivera, coordinador de litigio de Colombia Diversa, oenegé que envió un escrito a la Corte Constitucional pidiendo que seleccionara la tutela de Rico y su novio. Y citó ejemplos de cómo, a escala mundial, es una tendencia tumbar este tipo de prohibiciones porque resultan ineficaces y, en cambio, reproducen estereotipos. Entre ellos están Brasil, Argentina, Chile, España y Portugal, entre otros.

Ya en 2012 la Corte Constitucional falló una tutela similar a la de Diego Rico. En ese momento, el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Salud revisar una resolución de 1996 cuando ya había alguna claridad, pero también muchas dudas sobre la epidemia del VIH. En ese documento, la cartera de salud excluyó como donante de sangre a quien hubiera sostenido “relaciones homosexuales masculinas en los últimos quince años”. La sentencia concluyó que era discriminatorio y ordenó que, en el futuro, los criterios de exclusión de donantes no estuvieran basados en la orientación sexual. Pero a Diego Rico y su novio les sucedió justo lo contrario hace un año.

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“La Corte asumió que con decir que estaba prohibido excluir a personas por su orientación sexual bastaría”, explica Juan Felipe Rivera. A renglón seguido cuenta que, tras ese fallo de hace una década, el INS publicó en 2018 el nuevo lineamiento en el que ya no se refirió a hombres homosexuales, sino que utilizó el concepto de “hombres que tienen sexo con hombres”. Según el abogado, “para muchos es un tecnicismo o un eufemismo, pues su efecto práctico es el mismo. Entonces pasaba una particularidad: la sentencia de 2012 parecía que ya garantizaba la no discriminación, pero cuando la gente iba a donar no la dejaban”.

El invicto

Al revisar la tutela de Diego Rico en primera instancia, el Juzgado Octavo de Familia de Cali dijo que el trato que recibieron él y su pareja en el banco de sangre “constituye un trato discriminatorio” y ordenó que les hicieran nuevamente la encuesta para donación. Sin embargo, el juez dijo que no era competente para ordenarle al Ministerio de Salud y al INS revisar sus lineamientos. “Nosotros no estuvimos de acuerdo con esa decisión porque lo que queríamos, desde el comienzo, era realizar un ajuste en el sistema. Como sabíamos que esto no nos ocurría solo a nosotros, no queríamos que nos dejaran donar y que esto pudiera sucederles luego a otras personas”, explica Rico.

Por eso, apelaron la decisión. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Cali les dio la razón de nuevo. Además, los magistrados les ordenaron al Ministerio y al INS hacer “una revisión profunda a su normativa referente a la selección de donantes de sangre, evitando de esta manera que hechos vulneratorios como los discutidos dentro de la presente acción de tutela se vuelvan a repetir”. Las autoridades cumplieron con la sentencia y en septiembre de 2021 actualizaron nuevamente el lineamiento: ya no excluye a mujeres trans ni a hombres que tienen sexo con hombres, pero los sigue considerando posibles portadores de VIH.

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Sin embargo, para Rivera, aún es insuficiente. “El lenguaje que incorporó el INS es aún patologizante de las orientaciones sexuales y por eso es imposible celebrar una victoria. Además, es claro que no se trata solamente de un cambio legal, es necesario buscar la igualdad material, que solo se logra con formación del personal médico”, explica el abogado. Algo similar le escribió la oenegé Caribe Afirmativo a la Corte: “Se vislumbra la necesidad de un enfoque diferencial y de género basado en derechos por parte de entidades y trabajadores de la salud, a fin de garantizar que no haya discriminación o estigma a las personas LGBT”.

Eso es precisamente lo que Rico espera que ocurra con su tutela, ahora que fue seleccionada por la Corte Constitucional. “Uno usualmente escucha un discurso de que las personas con diversidades sexuales en Colombia, al menos jurídicamente, tienen garantizados sus derechos, aunque en la práctica la discriminación continúe. Pero en este caso no es así. Es una situación en la que aún la normatividad legitima ese actuar homofóbico”, dice. Además de una eventual orden de formar al personal médico, Rico espera que la Corte defina que no se pueden tomar decisiones de salud pública que excluyan a poblaciones históricamente discriminadas.

El tutelante expresa que es lamentable que siendo tan joven deba exigir que protejan sus derechos a través de ese recurso, pero agradece haber tenido las herramientas para hacerlo. “Por fortuna, casi que por privilegio, tenemos la formación para tomar acciones jurídicas”, añade. Así, comenzando la segunda década de su vida y aún sin graduarse de abogado, Rico se embarcó en una batalla jurídica que podría sentar un precedente contra la discriminación de personas LGBT, como reconocieron varias organizaciones que le pidieron a la Corte pronunciarse de nuevo, a pesar de que la sentencia de 2012 sigue vigente.

Para el Programa por la Inclusión y la Acción Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, “a pesar de que la Corte ya se pronunció en un caso similar, las directrices del Ministerio de Salud y del INS siguen siendo fuente de confusión y discriminación, lo que lleva a que se rechacen donantes y a que los jueces no sepan cómo decidir los casos que les llegan. Un nuevo pronunciamiento puede dar claridad”. En la misma línea, el abogado Rivera dice que “es un caso muy importante, porque se abre la oportunidad para que Colombia se sume a un estándar mundial de ir superando el estigma de que hombres que tienen sexo con hombres o mujeres trans son sinónimo de VIH”.

Como la tutela apenas fue seleccionada en diciembre pasado, aún la magistrada ponente, Gloria Ortiz, no ha tomado alguna decisión ni ha pedido pruebas. Rico tiene fe en que la justicia se pondrá de su lado y se corregirá, de una buena vez, una discriminación que ha pasado de agache por años.En sus palabras: “Ha habido distintas luchas: que pudiéramos ser afiliados en salud por nuestras parejas, que pudiéramos casarnos, adoptar, que no fuéramos echados de los colegios por ser homosexuales o de las fuerzas militares. En este momento, las circunstancias se dieron para que a nosotros nos impidieran donar sangre y enfrentáramos ese acto de discriminación con solidaridad”.

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