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“El general Farouk Yanine Díaz era prácticamente el papá de las autodefensas del Magdalena Medio”. Esto dijo en marzo de 2009 el exparamilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir. Con esta y otras evidencias la Fiscalía llamó por segunda vez a indagatoria al excomandante de la Segunda División del Ejército, pero en agosto de ese año Yanine falleció. Nunca fue condenado por la justicia, aunque fue señalado en varias ocasiones como promotor de la violencia desatada, a finales de los años 80, por los ejércitos privados en el Magdalena Medio. De hecho, se le investigó por las muertes de 19 comerciantes, en octubre de 1987, y por la masacre de La Rochela, perpetrada en enero de 1989.
Yanine Díaz estuvo preso entre el 11 de octubre y el 23 de diciembre de 1996, justamente por estos supuestos vínculos con grupos de autodefensa. No obstante, en 1997, fue absuelto por la justicia penal militar, aunque inicialmente su proceso lo llevó la Fiscalía. Ahora el Consejo de Estado estudia una demanda que interpuso hace 14 años contra el Estado por el tiempo que estuvo detenido. La demanda por $1.500 millones fue interpuesta el 4 de noviembre de 1999. Según los abogados de Yanine, este episodio “acabó moral y profesionalmente a uno de los mejores colombianos, quien, como general, brilló en el país y fuera de él, para bien de los soldados colombianos y de toda la sociedad”.
En la demanda se señala que “el desempeño del general fue truncado por la manipulación que realizó la Fiscalía, por los testimonios de tres delincuentes y la información que se les proporcionó a los medios de comunicación para que difundieran la noticia de que Yanine, un militar sin ninguna tacha, era responsable de asesinato, secuestro y paramilitarismo”. En primera instancia, el Tribunal de Cundinamarca le dijo ‘no’ a la demanda. Ahora, el caso se encuentra en el despacho de la magistrada Stella Conto, quien estudia si la Fiscalía debe indemnizar a los familiares del general.
“Dicen que no hay muerto malo. Pero, desafortunadamente, está comprobado que el general Yanine organizó grupos paramilitares en el Magdalena Medio. Da tristeza que haya gente que pretenda hacer pasar por héroes a personas que dedicaron sus vidas a violar los derechos humanos”, le dijo a El Espectador el abogado Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y representante de los familiares de los 19 comerciantes masacrados en 1987, un caso por el que Colombia fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Hay que indemnizar es a las víctimas del general Yanine”, dijo al respecto el congresista Iván Cepeda.
En la otra orilla, reconocidos miembros de las Fuerzas Armadas han defendido al general Yanine. En 1996 el entonces comandante del Ejército, general Hárold Bedoya, se refirió a él como un héroe nacional y lo comparó con Simón Bolívar. De hecho, en el fallo en el que la justicia penal militar absolvió a Yanine y a otros tres militares —el fallecido coronel Hernando Navas, el mayor (r) Óscar de Jesús Echandía y el sargento (r) Otoniel Hernández Arciniegas— por las muertes de los 19 comerciantes, el general Manuel José Bonnet aseguró que la Fiscalía hizo “apreciaciones torcidas” contra Yanine porque no hubo “pruebas sino odios”.
El fallo fue rechazado por la Fiscalía y por la ONG Human Rights Watch. Sin embargo, fue confirmado en marzo de 1999 por el Tribunal Penal Militar. Al respecto, la Corte Interamericana dijo en la condena contra Colombia por la masacre de los 19 comerciantes, que el hecho de que la justicia militar investigara a estos cuatro oficiales por estos delitos “implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y conllevó a que no fueran investigados por tribunales competentes los miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos”.
Tales señalamientos fueron reafirmados en la condena contra Colombia por la masacre de La Rochela, en la que 12 funcionarios judiciales que investigaban las desapariciones y muertes de los 19 comerciantes fueron asesinados por paramilitares. En este fallo, la Corte le ordenó a Colombia investigar a los uniformados posiblemente vinculados con estos hechos y, por ello, el general Yanine fue llamado a indagatoria en 2009. No obstante, al final jamás se le pudo probar nada. “El caso del general Yanine muestra que la justicia militar es un factor de impunidad”, dijo vehemente Gustavo Gallón.
Sea como sea, uno de los señalados como promotor de la violencia en el Magdalena Medio nunca fue condenado y, por eso, es bastante probable que la demanda contra el Estado le pueda salir favorable, según varias fuentes consultadas. Este mes, al expediente por la demanda de Yanine fueron agregadas las demandas presentadas por el fallecido coronel Navas y por el sargento (r) Otoniel Hernández. Una cuarta demanda, interpuesta por el mayor (r) Echandía es analizada por el magistrado Ramiro Pazos. Ahora es el Consejo de Estado el que debe definir si estos militares fueron perjudicados por el ente investigador.
En cuanto a Yanine, la magistrada Conto analiza si la Fiscalía debe indemnizar a los familiares del general, quienes, de acuerdo con la demanda, “no sólo tuvieron que sufrir su ausencia, sino, además, la afrenta social relacionada con tener un miembro de la familia sindicado de graves conductas penales que redundaron en la propia desvinculación laboral y en el dolor moral de verse marginados de los círculos que antes frecuentaban”.
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