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10 Jun 2020 - 1:59 a. m.

La denuncia del procurador sobre el horror que viven niños y jóvenes en la pandemia

Reclutamiento de menores, desplazamientos masivos y hasta homicidios. Estos fueron los delitos que evidenció la Procuraduría en una denuncia que ya presentó ante la Fiscalía para que investigue, de manera urgente, la situación que solo ha empeorado durante la crisis por el COVID-19. Los hechos recopilados por el Ministerio Público resultan alarmantes.
La Procuraduría le pidió celeridad y urgencia a la Fiscalía para que investigue los hechos mencionados en la denuncia.
La Procuraduría le pidió celeridad y urgencia a la Fiscalía para que investigue los hechos mencionados en la denuncia.
Foto: AFP - AFP

Una señora afirmó que tuvo que salir del departamento de Nariño cuando miembros de un grupo armado ilegal llegaron al río e intentaron llevarse a su nieto. En Tibú (Norte de Santander), la Defensoría alertó la convocatoria de fiestas a través de WhatsApp organizadas por grupos armados con el propósito de “enganchar” a jóvenes y adolescentes a esas estructuras. Una lideresa, también de Nariño, afirmó que, para un adolescente, “unirse a un grupo armado es una forma de dar de comer a su familia”. Estas tres situaciones son ejemplos de lo que evidenció el procurador Fernando Carrillo en una denuncia firmada de su puño y letra y que ya envió a la Fiscalía.

Allí, el funcionario detalló que, en medio de la pandemia por el coronavirus, el reclutamiento de menos se ha recrudecido de manera alarmante y que, por eso, el ente investigador, en cabeza de Francisco Barbosa, debe tomar medidas urgentes en el asunto. En la denuncia de 86 páginas, Carrillo detalló uno a uno los hechos que han ocurrido en el primer semestre de este año y basó el documento en alertas tempranas de la Defensoría, en reportes de la Cruz Roja Internacional, de defensores y líderes, y de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, pero también de informes del Ejército y Policía, y de organizaciones civiles como a Fundación Paz y Reconciliación. Y aclaró, según reportes de la Fuerza Pública, quiénes son los grupos detrás de estos hechos que pide investigar.

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Por ejemplo, uno de los grupos armados que más recluta menores de edad en Antioquia, Córdoba y Chocó es el Clan del Golfo, al que se le han arrebatado 21 menores; le siguen las disidencias de las Farc, con 5 menores; el Eln, con 2, y Los Caparros, con un caso detectado. Según el Ejército, en Antioquia “se han recuperado 23 menores de edad; en Córdoba, 5, y en el Chocó, un menor de edad”. De acuerdo con la Procuraduría, en lo que va de 2020, y aún en medio de la pandemia, las comunidades del Bajo Cauca (Antioquia), han expresado que se han registrado presuntos eventos de reclutamiento o de uso de menores de edad en la Comisión de Delitos por parte de estructuras criminales organizadas.

Estos grupos fueron identificados como: Los Caparrapos, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Águilas Negras, grupos que actúan en zonas específicas de los municipios de Tarazá, El Bagre, Nechí, Cáceres, Caucasia y Zaragoza. En otras zonas del país, como en Soacha, la Fundación Paz y Reconciliación resaltó ha evidenciado la vinculación de jóvenes al grupo que se conoce como Los Paisas, que, dice la organización, habría llegado de Antioquia hasta este municipio solo con el propósito de reclutar. Según la denuncia, por lo menos 10 adolescentes habrían sido vinculados a esos grupos “a través de ofertas laborales” para luego viajar hasta Bello (Antioquia).

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“Se llevan a los jóvenes del barrio, les dan plata para que se vayan y al llevarlos allá los están utilizando de carnada, miren el resultado: mataron a uno, pero la familia no quiere hablar por el miedo. Son cosas que vemos más graves, no los matan en el barrio, pero sí los están sacando a matarlos. Son jóvenes que vienen del desplazamiento (...) Si hubiera oportunidades no los cogerían de carnada. Los llevan, los matan y los dejan por allá”, explicó una de las fuentes de la Fundación Paz y Reconciliación y que recopiló la Procuraduría y Carrillo en su denuncia. La problemática en Soacha, resalta la denuncia, es similar en otras zonas del país, sobre todo en zonas donde el microtráfico reina.

En estos lugares, las bandas como la de Los Paisas,ejercen dinámicas de miedo para ser reconocidos en los territorios. “Cogen a los jóvenes, los entierran de la cintura para abajo y empiezan a darles golpes. Por ejemplo, cuando dicen que no entregan la droga o el producido los entierran y los orinan”, explicó otra fuente a la Fundación. La Procuraduría agregó que han recibido informes de que, en Nariño, el Eln estaría ordenando que los niños mayores de 14 años deban participar en retenes que sirvan como cordón sanitario contra el COVID-19, para evitar el ingreso de personas ajenas a las veredas y poblaciones. Y que la falta de clases, ha hecho que se pierda perdido el factor de protección que brinda el entorno educativo.

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Además de la gravedad del asunto de reclutamiento, el Ministerio Público agregó en la denuncia otra situación urgente: el desplazamiento de cientos de jóvenes, niños y sus familias. A manera de ejemplo, la denuncia señala que, de acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, “los enfrentamientos entre los grupos armados al margen de la ley por la disputa territorial que se presentan desde finales de 2019 en zona rural del municipio de Roberto Payán (Nariño), y que se han intensificado en 2020, han ocasionado continuos desplazamientos masivos en este municipio, afectando a cerca de 944 personas afrocolombianas pertenecientes al Consejo Comunitario El Progreso”.

Según los reportes de las autoridades y de la información que entregó esta comunidad, en marzo pasado se desplazó casi toda la población de El Progreso. En otra zona del país, en Argelia (Cauca), el alcalde encargado del municipio, Carlos Mauricio Mosquera, reportó el desplazamiento masivo de 700 personas, entre estas numerosos niños y niñas para evitar quedar entre el fuego cruzado que se registra por el enfrentamiento del frente disidente “Carlos Patiño” de las Farc con el Eln. La Procuraduría añade en su denuncia que la situación para las comunidades indígenas es igual o peor. Entre los hechos que resaltó en el documento es el de los pueblos Embera Dobida, Katio, Chami y Guna Dule.

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Según la Defensoría, en las última semanas se ha verificado un desplazamiento masivo de miembros de estas comunidades y que el enfrentamiento de grupos armados por el control de las rutas de narcotráfico resultó en la muerte de cuatro personas de estos pueblos: un líder social en la vereda Betania, el esposo de una dirigente en la vereda Honduras, y dos jóvenes que fueron sacados de una reunión en el sector de Agua Clara. La denuncia sigue: “El 27 de abril de 2020, en medio de la pandemia, en zona rural de Urrao, (Antioquia), 70 familias indígenas de la comunidad Santa María, fueron presuntamente desplazadas por 200 hombres armados, al parecer, de las Autodefensas Gaitanistas y el Clan del Golfo”.

Carrillo aprovechó su denuncia para ahondar en la problemática de los menores de edad y, como si no fuera poco con el horror del reclutamiento y el desplazamiento, anotó una serie de eventos violentos en los que niños quedaron heridos o perdieron la vida. Por ejemplo, denunció que el 11 de abril de 2020 explotó una granada en la zona de invasión conocida como Techo Azul, en el corregimiento de Amaime, zona rural del municipio de Palmir (Valle), que dejó a tres jóvenes lesionados. Anotó también que el 12 de marzo pasado, un niño de 13 años, Jhon Deivi Aponza Ramírez, murió tras la explosión de un artefacto en el baño de su colegio.

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La lista sigue. El 16 de abril de 2020, organizaciones de derechos humanos informaron que se se registraron combates entre miembros de la Fuerza Pública y la Columna Móvil Dagoberto Ramos en el municipio de Toribío (Cauca). Afirmaron que un menor resultó herido y posteriormente falleció. Y que, en medio de estos mismos enfrentamientos, un menor de 14 años recibió el impacto de una bala perdida en su cabeza mientras estaba en el patio de su casa. Por la gravedad de este hecho y de todos los que reseñó la Procuraduría en la denuncia, Carrillo le pidió a Barbosa toda la celeridad del caso para dar con los responsables, identificar a los victimarios y lograr investigación contundentes para erradicar este tipo de violencia de una vez por todas.

Para el procurador, el hecho de que estos delitos se estén cometiendo en medio de una emergencia generada por el COVID-19 “adquieren un mayor reproche social, dada la prevalencia constitucional de sus derechos y la protección integral que se debe brindar a la población de infancia y adolescencia”.

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